Otro lío por caso Marketmedios

La celebración de la VI Cumbre de las Américas en Cartagena, el 9 de abril de 2012, fue un éxito político y diplomático. En una semana, los presidentes y delegados de los 35 países que asistieron aprobaron 59 mandatos fundamentados en 23 temas de trascendencia para el continente. No obstante, cinco años después de realizado el evento, ese éxito contrasta con el manejo administrativo que le dio a la cita orbital una unión temporal conformada, entre otros, por la polémica firma Marketmedios. Ahora, producto de esos manejos, a dos altos funcionarios de la Cancillería les acaban de abrir una investigación disciplinaria.

Ellos son María Margarita Salas Mejía, secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien para la celebración de la Cumbre de las Américas se convirtió en la persona clave, y Alexánder Potdevin Gutiérrez, funcionario coordinador de privilegios e inmunidades de la Dirección de Protocolo del citado ministerio y supervisor del contrato 200 de 2011, mediante el cual se destinaron y manejaron $55.500 millones.

Revisar ese contrato con el espejo retrovisor, quizás empañado por el paso del tiempo, porque el evento fue hace un lustro, no resulta fácil. Sin embargo, a raíz de la polémica que se ha generado en el país en los últimos meses por la millonaria contratación oficial de la que es beneficiaria la empresa Marketmedios, de propiedad de Roberto Prieto y familia, uno de los hombres más cercanos al presidente Juan Manuel Santos, el caso queda de nuevo en el ojo del huracán. De hecho, la semana pasada el asunto revivió porque la misma Presidencia de la Repúblico tuvo que suspender un convenio con Subatours, en razón a que había subcontratado a Marketmedios para hacer operación logística.

El negocio de la Cumbre empezó a madurar el 4 de octubre de 2011, cuando Marketmedios y otras cuatro firmas decidieron, mediante documento privado, constituir la unión temporal Cumbre de las Américas Cartagena 2012. Esta figura jurídica les permitió presentarse a la licitación que convocó el Ministerio de Relaciones Exteriores de manera más solvente. De hecho, resultaron los ganadores “para prestar el servicio integral con el propósito de desarrollar todas las actividades logísticas y operativas para el desarrollo del evento”, según resalta el objeto del contrato.

De esta manera, desde el 9 de abril hasta el 15 de abril, los ilustres visitantes y el entorno local disfrutaron y calificaron el evento con gran puntaje. Un asunto que quedó cerrado para la historia y que al fin no mereció reparo alguno. Pero la letra menuda reapareció. Y como parte de ella revivió al detalle, producto del recelo colectivo que se generó por la prosperidad de Marketmedios y sus millonarios contratos con el Estado, especialmente.

Lo primero es que, con base en la información que divulgaron varios medios de comunicación, surgió un extenso listado de contratos, al menos 20 con entidades oficiales y por cifras millonarias. Dentro de ese paquete apareció el contrato 200/11, firmado entre Marketmedios y sus socios en unión temporal con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ello, los pasados 7 y 8 de junio hubo una visita especial a ese ministerio para revisar el asunto al detalle.

Comenzaron entonces a evidenciarse algunas perlas, lejos de los que veían el asunto como un modelo de evento. Por ejemplo, el contrato era inicialmente por $43.500 millones, pero a los pocos días le adicionaron $12.000 millones y la Cumbre pasó a costar $55.500 millones. Luego cambiaron la forma de pago del convenio. Sin embargo, un nuevo corte de cuentas al contrato entre las partes demostró que la unión temporal presentaba cifras muy por encima de lo previsto. De hecho, producto de este seguimiento, el 12 de marzo de 2013 las partes acordaron una devolución de dinero al Ministerio por $3.468 millones. Una suma que derivó en que el costo de la Cumbre fuera realmente de $52.342 millones, que se pagaron en nueve giros desde diciembre de 2011 hasta julio de 2012.

En un documento conocido por El Espectador, se señala frente al tema: “En los anteriores pagos efectuados se advirtió que se presentaron diferencias entre el valor facturado por el contratista y aprobado por el supervisor de contrato y el valor que efectivamente correspondía pagar respecto de 19 actividades ejecutadas relacionadas”. En concreto, se detectaron sobreprecios en alquiler de mobiliario, arrendamiento o mobiliario coctel de prensa. Y quizás otra compra que inquietó fue la de 300 computadores portátiles y 93 de escritorio, sin licencia ni accesorios. De hecho, el informe señala que la oferta del proveedor fue inferior en un 238 % respecto a al valor facturado para el fondo.

Aparecieron otros detalles del negocio que son objeto de cuestionamiento por parte de los organismos de control, como la ausencia de control sobre los bienes adquiridos, la falta de estudio de los precios de mercado para adquirir otros productos o la selección o los cambios de coordinadores sin los requisitos solicitados, como hablar varios idiomas. Las diferencias incluso llevaron a las partes a una conciliación ante la Procuraduría y, según esta entidad, esas diferencias pueden tener incidencia disciplinaria.

Por estos hechos, la Procuraduría inició recientemente una investigación formal contra María Margarita Salas y Alexánder Potdevin, funcionarios de la Cancillería. Fueron citados a versión libre. Pareciera que la mano de Marketmedios todo lo enreda.

Más pesquisas de la Procuraduría

En el proceso investigativo que adelanta el Ministerio Público desde el pasado mes de junio con el propósito de establecer la transparencia de los negocios de la firma Marketmedios con el Estado y su referente, el empresario Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, el organismo de control ha adelantado varias diligencias judiciales.

Además de las visitas y actas correspondientes, los informes de auditoría y la documentación de los procesos contractuales a través del sistema público de contratación Secop, la Procuraduría ha estado identificando y analizando los pagos reportados y cruzando la información con los reportes financieros entregados. Una actividad complementaria a la revisión de los contratos de Marketmedios.

El recorrido de los giros a la unión temporal

Según los reportes oficiales, el primer giro que se hizo a la unión temporal conformada por Marketmedios y sus cuatro socios fue el 7 de diciembre de 2011, por un valor de $2.500 millones. Luego vino un segundo giro, el mayor de todos, por $19.247 millones, el 21 de febrero de 2012. Al día siguiente se hizo uno de $2.717 millones. El 9 de mayo hubo tres pagos, por cerca de $8.000 millones.

El informe indica que el 15 de junio de 2012 se efectuaron dos desembolsos. El primero por $14.677 millones y otro por $5.200 millones.

Para finalizar el contrato, el 15 de julio de 2012 hubo otro pago por $2.831 millones. Según el documento, el total de giros para hacer la cumbre fue de $52.342 millones.

La celebración de la VI Cumbre de las Américas en Cartagena, el 9 de abril de 2012, fue un éxito político y diplomático. En una semana, los presidentes y delegados de los 35 países que asistieron aprobaron 59 mandatos fundamentados en 23 temas de trascendencia para el continente. No obstante, cinco años después de realizado el evento, ese éxito contrasta con el manejo administrativo que le dio a la cita orbital una unión temporal conformada, entre otros, por la polémica firma Marketmedios. Ahora, producto de esos manejos, a dos altos funcionarios de la Cancillería les acaban de abrir una investigación disciplinaria.

Ellos son María Margarita Salas Mejía, secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien para la celebración de la Cumbre de las Américas se convirtió en la persona clave, y Alexánder Potdevin Gutiérrez, funcionario coordinador de privilegios e inmunidades de la Dirección de Protocolo del citado ministerio y supervisor del contrato 200 de 2011, mediante el cual se destinaron y manejaron $55.500 millones.

Revisar ese contrato con el espejo retrovisor, quizás empañado por el paso del tiempo, porque el evento fue hace un lustro, no resulta fácil. Sin embargo, a raíz de la polémica que se ha generado en el país en los últimos meses por la millonaria contratación oficial de la que es beneficiaria la empresa Marketmedios, de propiedad de Roberto Prieto y familia, uno de los hombres más cercanos al presidente Juan Manuel Santos, el caso queda de nuevo en el ojo del huracán. De hecho, la semana pasada el asunto revivió porque la misma Presidencia de la Repúblico tuvo que suspender un convenio con Subatours, en razón a que había subcontratado a Marketmedios para hacer operación logística.

El negocio de la Cumbre empezó a madurar el 4 de octubre de 2011, cuando Marketmedios y otras cuatro firmas decidieron, mediante documento privado, constituir la unión temporal Cumbre de las Américas Cartagena 2012. Esta figura jurídica les permitió presentarse a la licitación que convocó el Ministerio de Relaciones Exteriores de manera más solvente. De hecho, resultaron los ganadores “para prestar el servicio integral con el propósito de desarrollar todas las actividades logísticas y operativas para el desarrollo del evento”, según resalta el objeto del contrato.

De esta manera, desde el 9 de abril hasta el 15 de abril, los ilustres visitantes y el entorno local disfrutaron y calificaron el evento con gran puntaje. Un asunto que quedó cerrado para la historia y que al fin no mereció reparo alguno. Pero la letra menuda reapareció. Y como parte de ella revivió al detalle, producto del recelo colectivo que se generó por la prosperidad de Marketmedios y sus millonarios contratos con el Estado, especialmente.

Lo primero es que, con base en la información que divulgaron varios medios de comunicación, surgió un extenso listado de contratos, al menos 20 con entidades oficiales y por cifras millonarias. Dentro de ese paquete apareció el contrato 200/11, firmado entre Marketmedios y sus socios en unión temporal con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ello, los pasados 7 y 8 de junio hubo una visita especial a ese ministerio para revisar el asunto al detalle.

Comenzaron entonces a evidenciarse algunas perlas, lejos de los que veían el asunto como un modelo de evento. Por ejemplo, el contrato era inicialmente por $43.500 millones, pero a los pocos días le adicionaron $12.000 millones y la Cumbre pasó a costar $55.500 millones. Luego cambiaron la forma de pago del convenio. Sin embargo, un nuevo corte de cuentas al contrato entre las partes demostró que la unión temporal presentaba cifras muy por encima de lo previsto. De hecho, producto de este seguimiento, el 12 de marzo de 2013 las partes acordaron una devolución de dinero al Ministerio por $3.468 millones. Una suma que derivó en que el costo de la Cumbre fuera realmente de $52.342 millones, que se pagaron en nueve giros desde diciembre de 2011 hasta julio de 2012.

En un documento conocido por El Espectador, se señala frente al tema: “En los anteriores pagos efectuados se advirtió que se presentaron diferencias entre el valor facturado por el contratista y aprobado por el supervisor de contrato y el valor que efectivamente correspondía pagar respecto de 19 actividades ejecutadas relacionadas”. En concreto, se detectaron sobreprecios en alquiler de mobiliario, arrendamiento o mobiliario coctel de prensa. Y quizás otra compra que inquietó fue la de 300 computadores portátiles y 93 de escritorio, sin licencia ni accesorios. De hecho, el informe señala que la oferta del proveedor fue inferior en un 238 % respecto a al valor facturado para el fondo.

Aparecieron otros detalles del negocio que son objeto de cuestionamiento por parte de los organismos de control, como la ausencia de control sobre los bienes adquiridos, la falta de estudio de los precios de mercado para adquirir otros productos o la selección o los cambios de coordinadores sin los requisitos solicitados, como hablar varios idiomas. Las diferencias incluso llevaron a las partes a una conciliación ante la Procuraduría y, según esta entidad, esas diferencias pueden tener incidencia disciplinaria.

Por estos hechos, la Procuraduría inició recientemente una investigación formal contra María Margarita Salas y Alexánder Potdevin, funcionarios de la Cancillería. Fueron citados a versión libre. Pareciera que la mano de Marketmedios todo lo enreda.

Más pesquisas de la Procuraduría

En el proceso investigativo que adelanta el Ministerio Público desde el pasado mes de junio con el propósito de establecer la transparencia de los negocios de la firma Marketmedios con el Estado y su referente, el empresario Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, el organismo de control ha adelantado varias diligencias judiciales.

Además de las visitas y actas correspondientes, los informes de auditoría y la documentación de los procesos contractuales a través del sistema público de contratación Secop, la Procuraduría ha estado identificando y analizando los pagos reportados y cruzando la información con los reportes financieros entregados. Una actividad complementaria a la revisión de los contratos de Marketmedios.

El recorrido de los giros a la unión temporal

Según los reportes oficiales, el primer giro que se hizo a la unión temporal conformada por Marketmedios y sus cuatro socios fue el 7 de diciembre de 2011, por un valor de $2.500 millones. Luego vino un segundo giro, el mayor de todos, por $19.247 millones, el 21 de febrero de 2012. Al día siguiente se hizo uno de $2.717 millones. El 9 de mayo hubo tres pagos, por cerca de $8.000 millones.

El informe indica que el 15 de junio de 2012 se efectuaron dos desembolsos. El primero por $14.677 millones y otro por $5.200 millones.

Para finalizar el contrato, el 15 de julio de 2012 hubo otro pago por $2.831 millones. Según el documento, el total de giros para hacer la cumbre fue de $52.342 millones.