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30 May 2021 - 2:00 a. m.

Paro nacional: cuando se incendian documentos judiciales y oficiales

Por lo menos diez instalaciones de alcaldías, palacios de justicia, concejos, Medicina Legal y Unidad de Reacción Inmediata han sido quemadas de forma parcial o total al margen de las protestas pacíficas. Expertos y expertas advierten que es una afectación a los derechos humanos.

Redacción Investigación y Redacción Judicial

Así quedó la URI en Popayán tras la noche del 14 de mayo de 2021.
Así quedó la URI en Popayán tras la noche del 14 de mayo de 2021.
Foto: EFE - Erik Serna

Al margen de las protestas, que en su mayoría han transcurrido de forma pacífica desde el pasado 28 de abril, se han identificado por lo menos diez incendios en instalaciones administrativas y judiciales, entre ellas palacios de justicia, una casa de justicia, un concejo municipal, alcaldías, una sede de Medicina Legal y una Unidad de Reacción Inmediata. No hay todavía un inventario oficial de daños, solo estimaciones que, en el caso de la Fiscalía, se calculan en $20.000 millones, y en el de la Judicatura, en $1.800 millones. Además del costo económico, expertos y expertas alertan que la posible pérdida de documentos judiciales y oficiales afecta los derechos humanos, que es obligación del Estado protegerlos y recuperarlos y que, simbólicamente, estos hechos vandálicos golpean la labor de la justicia y rememoran un doloroso pasado. (Video: Incendio en el Palacio de Justicia de Tuluá, Valle del Cauca)

El Palacio de Justicia de Tuluá en llamas es la imagen más reciente de los ataques a la justicia en el último mes. El pasado 25 de mayo, encapuchados le prendieron fuego en horas de la noche y la Fuerza Pública no pudo detenerlos. El hecho, que quedó registrado en diversos videos, es alarmante, pues en esa sede se guardaban más de 7.000 procesos físicos de 22 juzgados penales, civiles, laborales y de garantías. Al interior del Consejo Superior de la Judicatura se dice también que algunos juzgados civiles están destruidos y que particularmente un juzgado penal, la oficina de servicios y la sala de audiencia laboral quedaron totalmente incinerados. Un gran porcentaje de los expedientes penales posiblemente afectados tienen que ver con delitos como homicidio, secuestro, extorsión y desplazamiento forzado. (Racismo, pobreza y hambre: la bomba social de Cali en el Paro Nacional)

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