Por orden de la Justicia, desde diciembre de 2024 hasta mayo de 2025, la Policía Nacional publicó en su cuenta de X un reciente fallo en el que fue condenada — junto a la Fiscalía — por su inoperancia, en pocas palabras. El caso en cuestión es el asesinato de Juan Mena Ortiz, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Álamos, en Quibdó (Chocó), entre 2016 y 2018. En marzo de este último año, un joven sicario le disparó mientras caminaba por las calles de la comuna 1, al norte de la ciudad.
Sin embargo, la decisión judicial pasó desapercibida por un asunto clave: el enlace compartido por la entidad policial en su red social no funciona. No obstante, este diario conoció el documento de 20 páginas, emitido en noviembre de 2024 por dos magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó.
La cronología de las denuncias
Desde que Juan Mena Ortiz asumió como líder barrial, el grupo criminal autodenominado Los Norteños empezó a amenazarlo de muerte. Esta banda delincuencial, que estaría al servicio del grupo armado organizado Clan del Golfo, es señalada por las autoridades como responsable de varios delitos: microtráfico, extorsión, desplazamiento forzado, robos y decenas de asesinatos.
La primera vez que las autoridades supieron de las amenazas contra el líder social fue el 23 de noviembre de 2016. Ese día, su hijo Harrison acudió a la Fiscalía para denunciar delitos de hurto, amenazas, desplazamiento forzado y extorsión por parte de Los Norteños. Siete días después, el propio Juan Mena también denunció los hechos ante la Sijín de la Policía en Chocó, donde fue atendido por un patrullero. Sin embargo, la denuncia fue radicada bajo el delito de calumnia.
“Craso error”. Así calificó el Tribunal del Chocó el papel del uniformado, pues el relato de Mena era claro: estaba siendo amenazado de muerte por un grupo criminal. Luego, dice el fallo judicial, el 1 de diciembre de 2016, la denuncia de Mena Ortiz fue asignada a una fiscal de delitos querellables (de menor gravedad), donde quedó archivada sin ningún avance.
Ante el silencio de la Fiscalía y la persistencia de las amenazas, el 30 de octubre de 2017 Mena Ortiz denunció nuevamente, esta vez ante el Gaula de la Policía, por extorsión, amenazas y desplazamiento forzado. En ese documento fue más allá y señaló directamente a los criminales: alias Arimalo, Yonyboy, Masca y Máquina. Esa sería la última constancia del líder social ante las autoridades sobre su calvario.
Ciento cuarenta días después de su última denuncia, el 18 de marzo de 2018, fue asesinado por Jhon Fredy Córdoba Chaverra, alias Mosquerita, un joven sicario de Los Norteños. Un año más tarde, cuando ya era tarde para proteger la vida de Mena Ortiz, la Fiscalía lo capturó. En abril de 2019, el sicario de 23 años de edad, aceptó su responsabilidad en el hecho y fue condenado a 19 años de prisión. Allí parecía que todo iba a acabar en cuanto asuntos judiciales. Pero no fue así.
La demanda contra el Estado colombiano
La familia de Mena Ortiz, entre ellos sus hijos —quienes también han sido amenazados por la banda criminal— demandaron a la Fiscalía y a la Policía. Su argumento: que no hicieron nada para salvarle la vida a su padre. Aunque tanto la Fiscalía como la Policía tuvieron conocimiento de primera mano de la grave situación, ambas entidades alegaron que no podían hacerse responsables por las acciones de terceros, es decir, del crimen organizado.
Un argumento que para la familia de Mena Ortiz fue un “insulto”. Lo que no esperaban los demandantes era que, en medio del debate jurídico, Fiscalía y Policía se acusaran mutuamente de no haber protegido al líder comunitario. La primera afirmó que la institución policial no le brindó protección. La Policía, por su parte, indicó que el ente investigador fue el culpable por no atender las denuncias del líder social.
En la demanda también declaró la fiscal que recibió la denuncia, pues la propia Fiscalía intentó atribuirle parte de la culpa por la muerte del líder Mena Ortiz. La funcionaria judicial, Ángela María López Gutiérrez, no se quedó callada y contraatacó. Le dijo a la justicia que no era responsable directa del crimen y que no pudo atender el caso por una problemática que varios fiscales han advertido en distintos escenarios: la sobrecarga laboral. Indicó que tenía más de 1.300 procesos a su cargo, lo cual hacía “inviable asumir nuevas responsabilidades”.
“El hecho de que la Fiscalía culpe a terceros por estas fallas resulta desleal, ya que no se justifica que una funcionaria con más de 1.300 casos a su cargo deba asumir responsabilidades adicionales en otros despachos. Por consiguiente, la Fiscalía debió aceptar su culpabilidad en lugar de ocasionar un desgaste jurídico que, a su vez, perjudica las arcas de la Nación”, señaló la fiscal López Gutiérrez.
Qué concluyó el Tribunal Administrativo del Chocó
Los dos magistrados de ese despacho judicial confirmaron la decisión de un juzgado de primera instancia: tanto la Fiscalía como la Policía fueron responsables, al tener conocimiento de las amenazas y no adoptar medidas efectivas para proteger la vida del denunciante.
“El Tribunal considera que ambas entidades incumplieron la obligación de protección que les correspondía, la cual no solo se refiere a la responsabilidad general (...) también implica un deber especial que, al no ser cumplido, permitió la acción de los delincuentes que perpetraron los hechos. Por lo tanto, no existe una causa justificable que exonere de responsabilidad a las entidades demandadas, ya que debieron haber implementado un esquema de seguridad para el denunciante, quien se encontraba en riesgo. Esta omisión refleja una conducta negligente y desinteresada por parte de las mencionadas”, señalaron los magistrados de Chocó.
Líderes sociales asesinados en Colombia
De acuerdo con el Instituto para el Estudio de Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde 2018 hasta lo que va de 2025 han sido asesinados 1.505 líderes sociales en 31 de los 32 departamentos de Colombia. Año por año, las cifras son las siguientes:
2018: 249.
2019: 218.
2020: 252.
2021: 165.
2022: 187.
2023: 188.
2024: 173.
De enero hasta junio de 2025: 76.
Por orden judicial, entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, la Policía ha estado publicando este fallo una vez al mes en su cuenta oficial de X. Sin embargo, el enlace que comparten no funciona. La Policía le dijo a El Espectador que, lo más pronto posible, republicarán en su red social un enlace funcional que permita acceder al fallo en el que fue condenada.
Desde el homicidio de Mena, en Colombia siguen asesinando líderes sociales. Según Indepaz, desde 2018 —el año en que mataron al líder chocoano— hasta hoy, han sido asesinados 1.505 líderes sociales en 31 de los 32 departamentos del país. La situación es tan grave que, en diciembre de 2023, la Corte Constitucional ordenó a varias entidades del Estado colombiano tomar medidas de fondo para proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes están bajo la mira del Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, entre otros grupos criminales.
El alto tribunal consideró que las acciones de las autoridades eran insuficientes para abordar estas violaciones “persistentes, graves y generalizadas” de derechos humanos, y describió la situación, en pocas palabras, como algo que se le había salido de las manos al Estado colombiano. Por ejemplo, a inicios de junio de 2025, mientras se construía este reportaje, fueron asesinados en Cauca, Nariño y Valle del Cauca tres líderes sociales.
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Por David Escobar Moreno
