¿Quién controlará el .co? Lo que está en juego con la licitación del dominio web

Los dominios en la web pueden ser muy rentables para un Estado. Los países cobran por registrar páginas web en su ciberespacio, y estos se venden en el mercado con las mismas reglas de oferta y demanda. Unos son más populares que otros. Por ejemplo, el dominio .tv, que le corresponde a Tuvalu, le aporta a ese archipiélago uno de cada US$12 que entran a su economía. En el 2000, en pleno auge de la televisión y el surgimiento de internet, Tuvalu recibió más de US$50 millones gracias a su dominio.

El dominio colombiano también es popular, porque se parece al genérico .com y es más corto. Al Estado le ingresaron $507.000 millones desde octubre de 2020 hasta julio de 2024, según cifras del Mintic. Originalmente, el dominio .co estuvo encargado a la Universidad de los Andes por diez años, hasta que en 2009 se abrió una licitación para elegir un operador por otros diez años, en la que resultó ganadora la sociedad Co Internet S. A. S., que tenía capital 99 % colombiano y 1 % extranjero, propiedad de la empresa Neustar.

En 2014 hubo un cambio clave, pues el Mintic firmó un otrosí con el que se permitió que Neustar comprara el 99 % de las acciones de Co Internet y se quedara con todo el negocio, pasando por alto que uno de los criterios de selección fue precisamente que el operador fuera colombiano. En 2019, cuando estaba por finalizar el período contratado, el Mintic abrió una nueva licitación para contratar a un nuevo operador por cinco años, la cual terminó adjudicada, en 2020, nuevamenta a Neustar (Co Internet). Su período termina el próximo 25 de octubre.

Apenas un día después de que quedara en firme la adjudicación, Neustar anunció que había sido adquirida por GoDaddy, el mayor comercializador de dominios de internet del mundo. A los demás oferentes les llamó la atención que ese hecho no fuera mencionado durante la selección, pues negociaciones como esa no suceden de un día para otro.

La adquisición generó que el principal comercializador minorista del dominio .co (GoDaddy) tuviera el control directo sobre el operador (Neustar). Es decir, GoDaddy no solo es comercializador del dominio, sino que también tiene control directo sobre el operador del mismo, lo que para muchos afecta la neutralidad e imparcialidad que debería existir frente a los diferentes registradores. Además, la operación no fue informada a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Las empresas simplemente argumentaron la operación bajo el supuesto de que el mercado afectado era inferior al 20 %, al sumar en sus cuentas todos los dominios del mundo. Sin embargo, se habría superado con creces el límite del 20 %, específicamente para el dominio .co, lo que debió haberse considerado para este caso, según explicaron varias fuentes que pidieron no ser mencionadas.

Los reparos a la nueva licitación

Los prepliegos de la licitación recibieron más de 270 observaciones y el Mintic publicó sus respuestas antes de abrir la licitación. Uno de los comentarios que más se repite es la necesidad de ampliar los plazos para presentar ofertas.

Varios de los oferentes interesados manifestaron su preocupación por el hecho de que los prepliegos no incluyen ninguna limitación a la integración vertical, como la que en este momento existe entre GoDaddy y Neustar, pero el Mintic rechazó la observación. En palabras del Ministerio, “de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, es posible que exista dicha integración. Los pliegos establecen condiciones claras para garantizar que se respeten los principios de transparencia, neutralidad y competencia”.

Según la interpretación de Mauricio Velandia Abogados, quienes enviaron observaciones, este tipo de estructuras de integración vertical generan asimetrías de información entre los agentes que pueden beneficiar al actor dominante, aumentan el riesgo de trato discriminatorio para ciertos agentes, reducen la competencia y ocasionan que se aumenten los precios para los consumidores. Señalan que los precios mayoristas del dominio .co han aumentado, en los últimos cinco años, un 45 % en pesos y un 30 % en dólares. “Eso ha afectado el negocio de los distribuidores a nivel de minorista, pues los márgenes de ganancia posibles se han comprimido”, explicó Velandia. Sobre el aumento de precios, el Mintic respondió que “el .co es un dominio con una fuerte presencia internacional y con un porcentaje altamente mayoritario de su comercialización en el exterior. Por tanto, su política de precios responde a las dinámicas de mercado global”.

Además, Velandia Abogados hizo una advertencia al Ministerio frente a los recursos que percibe el Estado por este negocio: “Una estructura que permite la integración vertical genera la posibilidad de establecer precios de transferencia entre el agente mayorista (administrador del dominio, en este caso Neustar) y su minorista integrado (registrador, en este caso GoDaddy) donde se maximice el margen del minorista y se reduzca el margen del mayorista. Cabe recordar que el Estado solo participa en el ingreso en este segundo componente, por lo que este podría verse comprometido o disminuido”. Las ganancias operacionales de Co Internet S. A. S., controlada por Neustar, superaron los US$52 millones en 2024.

A pesar de estas advertencias, el Ministerio consideró que son suficientes las condiciones normativas que acompañan este proceso, pues cree que brindan un blindaje contra las posibles afectaciones que pudiera generar una integración vertical.

La soberanía del .co

El otro gran reparo tiene que ver con la soberanía digital de Colombia, pues para muchos no tiene sentido que la operación del dominio esté en manos de una empresa extranjera. Varios oferentes pidieron que se estableciera como requisito técnico obligatorio que el operador cuente con capacidad de operar el dominio desde Colombia de manera autónoma, sin depender de centros de datos, sistemas de gestión o plataformas técnicas alojadas exclusivamente fuera del país.

Jesús Suárez, CEO de Soporte Server, considera que esto es un asunto de seguridad nacional, ya que “no hay razón para entregarle el control de más de 3,1 millones de dominios, así como la gestión y administración de la infraestructura, a una compañía que no es colombiana, más cuando el país cuenta con los recursos, el capital y personal para estas labores. Somos los únicos en Latinoamérica que hemos confiado esto a una empresa extranjera”, aseguró Suárez.

Ante un eventual conflicto geopolítico en el que se vea implicado Colombia, las consecuencias podrían derivar en bloqueos internacionales de tráfico, ciberataques, sanciones o restricciones sobre centros de datos y desconexiones forzadas de proveedores internacionales. En teoría, si el país no tiene un control sobre toda la operación e infraestructura alrededor del dominio .co, estaría altamente expuesto.

Sin embargo, el Ministerio respondió que no acogería la recomendación porque esto podría implicar una exclusión casi total de proveedores internacionales, “lo cual va en contravía de la normativa colombiana y constituiría una restricción injustificada a la libre competencia y concurrencia. Además, en el proyecto de pliegos hay varias disposiciones para garantizar que, independientemente de la ubicación de la información, siempre se realice la prestación del servicio y se cuente con diferentes respaldos de la información”,

Ingresos para la nación

Una tercera preocupación se centra en el límite para la participación del operador, pues se ha establecido que este no puede quedarse con más del 19 % de los ingresos que genere la comercialización del dominio .co, pues no menos del 81 % debe ser para la nación. Quienes cuestionan esta medida aseguran que genera un desincentivo a la inversión, especialmente en temas esenciales para este negocio como lo es el mercadeo. Por eso, solicitaron modificar la cifra.

El Mintic tampoco aceptó esta solicitud, pues sostiene que ese límite del 19 % es con el que trabaja el actual operador y se ha demostrado que sí es posible funcionar con ese umbral y al tiempo generar un crecimiento. “Fijar un porcentaje mayor es desmejorar las condiciones de participación de Mintic sin sustento técnico y únicamente bajo supuestos sin información. La observación de la estructura de costos de operadores de dominio a nivel internacional muestra que el nivel de retorno ofrecido con el 19 % permite obtener utilidad positiva e inversiones razonables”, puntualizó.

No obstante, el Ministerio sí aplicó una modificación mediante la cual se adoptan unos incentivos que van del 5 %, cuando los ingresos brutos en un año superen los US$2,5 millones, hasta el 10 %, cuando se sobrepasen los US$7,5 millones.

También se le pidió a la cartera eliminar de los pliegos la parte en donde se especifica que el Ministerio se reserva la facultad de cancelar el proceso en cualquiera de sus etapas. El Mintic aceptó esta observación, pues para esto legalmente se necesitan causales específicas, y no solo la arbitrariedad o discrecionalidad de la entidad.

Finalmente se hizo un llamado a velar por condiciones que fomenten la amplia participación de oferentes, pues en el pasado proceso solo dos llegaron a presentar sus sobres con la propuesta.

Aun con esta serie de reparos, las fuentes que consultamos desde El Espectador coinciden en que los pliegos permiten la participación de múltiples oferentes, pues varios de ellos están armando sus ofertas al tiempo que solicitan que se modifiquen algunas condiciones. Otras fuentes también advirtieron que la falta de disponibilidad de información detallada podría espantar a algunos.

Este no es cualquier proceso de licitación, pues de él dependen muchas instituciones y empresas que han volcado una gran parte de su funcionamiento en el ciberespacio. Si el nuevo operador hace una buena gestión, todos ganan; si no, las implicaciones económicas serían considerables.

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