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En las últimas horas, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó a la fiscal Consuelo Alexandra Montañéz Dueñas por los delitos de fraude procesal y prevaricato por acción. De acuerdo con la acusación de la propia Fiscalía, la funcionaria judicial cometió graves delitos mientras fungía como fiscal del caso contra los secuestradores del político ecuatoriano Fernando Balda, ocurrido en la noche del 13 de agosto de 2012 en el norte de Bogotá.
En ese momento, cuatro personas lo interceptaron, lo metieron a una camioneta y le indicaron que iba a ser llevado a un sitio en donde una persona que quería hablar con él. La funcionaria judicial benefició judicialmente a los cuatro secuestradores, entre ellos, está un cabo retirado del Ejército colombiano, pudieron esconderse durante dos años, hasta que las autoridades lograron capturarlos en marzo de 2014 en Puerto Tejada, Cauca.
Según el expediente, dos de los secuestradores, aceptaron cargos y fueron representados por la abogada Judy Ospina Guzmán, quien logró negociar un preacuerdo con la fiscal Montañez, en unos términos que ahora son el centro de debate judicial: los secuestradores iban a pagar seis años de cárcel, si reconocían su responsabilidad en el crimen y la Fiscalía, a cambio, les “reconocería” que liberaron a Balda de manera voluntaria.
“Sin embargo, los secuestradores le manifestaron a su abogada que no estaban de acuerdo con la pena pactada, convenio sobre el cual no se le informó a Fernando Balda, aun cuando este último envió varias comunicaciones a la fiscal con sus datos de contacto. En consecuencia, durante una reunión celebrada el 24 de septiembre de 2014 entre la fiscal Montañez y la abogada Ospina, la funcionaria pública le indicó que podrían llegar a un nuevo acuerdo en el que sus clientes podrían recibir una pena de 48 meses de prisión. Pero para conseguirlo era necesario que otro abogado asumiera la representación judicial de Balda”, señaló la Fiscalía durante la audiencia de acusación contra Montañez.
Ante esta situación, dice la investigación judicial, el abogado Francisco Artunduaga Bedoya, asumió como defensor de los secuestradores y la abogada Ospina pasó a ser la representante de Fernando Balda, sin que este la haya autorizado para ello. Así las cosas, el 25 de septiembre de 2014, ante un juzgado penal de Bogotá, la fiscal Montañez anunció el nuevo preacuerdo pactado, pero el juez del caso negó al considerar que las rebajas planteadas por la Fiscalía no se ajustaban a la ley. Cinco meses después (febrero de 2015), la fiscal y los dos abogados volvieron a intentar ante otro juez, quien terminó avalando el preacuerdo y posteriormente condenó a los secuestradores.
Rafael Correa y el caso Fernando Balda
El 12 de febrero de 2025 el Tribunal Superior de Bogotá dará a conocer cuántos años de prisión tendrá que pagar la funcionaria judicial. Sin embargo, como se trata de una condena de primera instancia, se espera que la defensa de la fiscal Montañéz apelará la condena. Este expediente tiene connotación nacional, ya que hoy tiene prófugo al expresidente ecuatoriano Rafael Correa y condenados a tres antiguos miembros de la inteligencia ecuatoriana: el exsecretario de Inteligencia del correismo Pablo Romero Quesada, y los agentes del servicio secreto de ese país Raúl Chicaiza y Diana Falcón.
El político ecuatoriano Fernando Balda fue secuestrado en la noche del 13 de agosto de 2012 en el norte de Bogotá. En ese momento cuatro personas lo interceptaron, lo metieron a una camioneta y le indicaron que iba a ser llevado a un sitio en donde una persona que quería hablar con él. Sin embargo, un taxista presenció el rapto del entonces senador opositor de Correa y alertó a las autoridades. A los pocos minutos, un retén de la Policía en la Autopista Norte les pidió que se detuvieran, pero la fuerza pública fue sorprendida cuando vieron que los delincuentes lanzaron a Balda con el carro en movimiento y se dieron a la fuga.
En febrero de 2022, un tribunal de ese país confirmó la condena contra el exsecretario de Inteligencia del correismo Pablo Romero Quesada a nueve años de prisión por planificar el secuestro de Balda y que, incluso, entregó dineros públicos para cometer ese grave delito Romero está preso en una cárcel de Quito desde febrero de 2020, cuando fue extraditado desde España. Por el caso Balda también fueron sentenciados los exagentes Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón, quienes aceptaron cargos y estuvieron cerca de dos años presos.
En cuanto a Correa, quien ha negado tajantemente su participación en el secuestro de Balda, en 2018 fue llamado a juicio por la justicia ecuatoriana, pero este delito no se puede juzgar sin que el procesado esté presente. Desde 2017, Correa reside en Bélgica, donde el gobierno lo acogió como refugiado político y ha negado el pedido de extradición de la justicia ecuatoriana, quien lo condenó en 2020 a ocho años de cárcel por un caso de corrupción. Así las cosas el exmandatario está prófugo y el proceso en su contra por el secuestro de Balda se quedó estancado en esta etapa.
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Por David Escobar Moreno
