29 Nov 2015 - 2:00 a. m.

Saludcoop: lo que fue y lo que está por venir

Supersalud la intervino; Contraloría y Procuraduría sancionaron a sus directivos; el Gobierno la liquidó. Sólo faltan investigaciones formales de la Fiscalía.

DIANA DURÁN NÚÑEZ, JUAN SEBASTIÁN JIMÉNEZ

Saludcoop es el ejemplo perfecto de cuando las irregularidades de proporciones gigantescas obligan al Estado a actuar en pleno. Esta semana el Gobierno anunció que la EPS será liquidada y que sus 4,6 millones de usuarios pasarán a ser atendidos por Cafesalud, la cual forma parte del mismo grupo empresarial de la EPS Saludcoop. El Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), en calidad de préstamo, le entregará unos $200.000 millones a Cafesalud para que asuma este compromiso, que implica que el próximo 1° de diciembre 6,4 millones de personas en total dependerán de ella.

Ese aumento de la red de usuarios de Cafesalud en un 255% no fue un asunto de la noche a la mañana. Como lo explicó El Espectador en su edición del pasado 25 de noviembre, en un artículo titulado “Así será la liquidación de Saludcoop”, la transferencia de usuarios fue una operación milimétricamente planeada. O al menos así fue en el papel: a partir del mes que empieza, la realidad pondrá a prueba esta decisión. De cualquier manera, a todas luces, esta era una liquidación más que anunciada.

Hacia junio de 2014, la posibilidad de liquidar la EPS Saludcoop ya se hacía más que evidente. El tema terminó en un encontronazo entre el entonces superintendente de Salud, Gustavo Morales, y la contralora general, Sandra Morelli. Saludcoop arrojaba sólo pérdidas y, por eso, el supersalud advirtió: “Si en un año no se sanea, tendrán que liquidarla”. “Se da cuenta de lo obvio y de lo que todo el mundo ya sabía. Que Saludcoop pierde recursos a chorros”, respondió la contralora Morelli, quien pedía la liquidación inmediata de la empresa.

Esa discusión de hace 17 meses hoy vuelve a tomar total relevancia. Además de la liquidación que el Gobierno acaba de ordenar, está pendiente que el Consejo de Estado decida si mantiene o no la sanción que la Contraloría le impuso en primera y segunda instancias: devolver $1,4 billones que correspondían a recursos del sistema de salud y fueron desviados. Según el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, esa multa ya la está cancelando Saludcoop de manera indirecta, pagándoles a proveedores y prestadores.

Saludcoop fue intervenida en mayo de 2011: el entonces reputado presidente de Saludcoop, Carlos Palacino, fue retirado de su posición mientras alegaba que Saludcoop sólo tenía problemas de caja, en buena parte, porque el Fosyga tardaba demasiado en pagarles a las EPS el dinero por los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS). El Estado sostiene exactamente lo contrario: Palacino, junto con otros directivos de la EPS, diseñaron un sistema para solicitar recobros ante el Fosyga por servicios que jamás prestaron.

Según los anuncios de esta semana, la suerte de Saludcoop está echada. Un final previsible para una EPS que fue sancionada por la Superintendencia de Salud, la Procuraduría y la Contraloría. Un descalabro que, con dineros del sistema de salud, alimentó un estilo de vida desaforado que incluía carros de alta gama, vuelos chárter y clubes de lujo en el Meta. Del imperio de Saludcoop sólo quedan cenizas.

Saludcoop en la Procuraduría

El 21 de marzo de 2012, casi un año después de que se destapara este escándalo, la Procuraduría le formuló pliego de cargos al expresidente y representante legal de la mayor EPS del país, Carlos Palacino, como presunto “autor de falta gravísima” por las irregularidades en Saludcoop. Puntualmente, por “utilizar los recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud para fines distintos a los permitidos en la Constitución y la ley, en beneficio de Saludcoop, entidad que presidía y de la cual era su representante legal”.

Fueron, según la Procuraduría, $168 mil millones los recursos del sistemas de salud en actividades no relacionadas con la prestación del servicio. El 17 de octubre de ese año, el Ministerio Público sancionó a Palacino y a miembros de la junta directiva de Saludcoop como Alberto Castro Cantillo, José Enrique Corrales Enciso, Jaime Chávez Suárez, Claudia López Ochoa, René Cavanzo Alzugárate, Gabriel Franco Espinosa y Ana María Piñeros Ricardo. Palacino fue sancionado con 18 años de inhabilidad tanto para ejercer cargos públicos, como para contratar con el Estado.

Igualmente fue sancionado con una multa de $51 millones. La Procuraduría sostuvo, puntualmente, que Palacino “dio lugar al recobro de dineros a los que (Saludcoop) no tenía derecho”. Luego vino un segundo fallo, en noviembre de ese mismo año, en el que la Procuraduría sancionó con inhabilidad por 20 años a Palacino por hechos similares aunque no iguales. La Procuraduría lo halló responsable de dos faltas que también son delito: estafa e incremento injustificado de patrimonio.

El primero de los dos fallos, emitido por el entonces procurador delegado Fernando Brito, fue apelado por Palacino y sus defensores. Sin embargo, fue confirmado el 4 de marzo de 2013. En segunda instancia, la Procuraduría reiteró que por parte de Carlos Gustavo Palacino hubo un “total menosprecio para acatar las directrices del Ministerio de Salud, en cuanto al requisito previo del pago para solicitar el recobro al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), pues es evidente que le preocupaba más la liquidez de la EPS que la prestación del servicio de salud a sus afiliados”.

Para el Ministerio Público, Palacino puso “en riesgo el sistema de salud, aprovechándose de los recursos destinados a la prestación del servicio de salud para mantener la liquidez de la EPS”. Y este año, el pasado 24 de marzo, la Procuraduría le formuló pliego de cargos por otros hechos relacionados con Saludcoop. En específico, por no atender las directrices de la Superintendencia de Salud en las que alertó sobre irregularidades en el manejo de los dineros de Saludcoop, la cual presentaba un alto número de anticipos y avances sin legalizar.

Por medio de un comunicado, el Ministerio Público indicó que Palacino, al parecer, ignoró varias directrices de la Superintendencia Nacional de Salud, con lo que se evidenció, según el Ministerio Público, “un posible manejo inadecuado de los recursos públicos que ingresaron al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de dicha EPS, encargada de recaudar las cotizaciones por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga)”.

Saludcoop en la Contraloría

A tres días de emitido el fallo en el que la Procuraduría inhabilitó a Palacino y a otros directivos de Saludcoop por las irregularidades en el interior de esa EPS, la Contraloría, como por no quedarse atrás, hizo lo propio: cerró la investigación preliminar y se dispuso a abrir un proceso formal por el descalabro de la firma. Tras casi dos años exactos, el 13 de noviembre de 2013, la Contraloría emitió su fallo de responsabilidad fiscal en contra de Palacino y otros 14 directivos de la firma, al igual que contra la misma Saludcoop y otras dos empresas.

El fallo fue por $1,42 billones, que fue la cantidad de recursos desviados, según la Contraloría, entre 1998 y 2010. De acuerdo con esa entidad, la cantidad de recursos desviados fue creciendo paulatinamente. En 1998 se desviaron $33.750 millones; en 1999, $39 mil millones; en 2000, $47. 986 millones. En 2001 hubo un crecimiento exponencial: $136 mil millones desviados. Hasta llegar a un pico en 2008, cuando se desviaron $196 mil millones en gastos no relacionados con la prestación del servicio de salud.

Una de las frases del fallo de 378 páginas que mejor resume lo sucedido: “La EPS incumplió la obligación de garantizar las prestaciones de salud incluidas en el POS mediante la práctica sistemática de no pagar oportunamente los servicios de salud facturados por los proveedores ajenos a la red propia con el propósito de financiar los gastos, inversiones y costos financieros que debían ser atendidos con recursos propios”.

Saludcoop en la Fiscalía

En 2011, las investigaciones de autoridades como la Superintendencia de Salud y la Contraloría terminaron impulsando el inicio de procesos penales para intentar esclarecer responsabilidades en el descalabro de Saludcoop. Con una particularidad: el que para esa época era uno de los ternados para la Fiscalía, Eduardo Montealegre Lynett, había sido asesor legal de Saludcoop. “Desde luego que estaré impedido en el caso de Saludcoop, porque fui abogado y además tengo una amistad personal con Carlos Palacino”, dijo recién fue elegido.

Cuando Montealegre llegó a la Fiscalía, en marzo de 2012, el tema Saludcoop estaba crudo en ese organismo. Seis meses después, la Fiscalía de Montealegre creó un grupo especial de investigación para temas de la salud, el cual recibió lo que se llevaba hasta entonces de la EPS que acaba de ser liquidada por el Gobierno. Para el grupo fueron designados tres fiscales, un asistente, un asesor, 15 agentes del CTI y diez investigadores de la Dijín. A los del CTI, por ejemplo, les designaron hacer análisis contables año tras año. Las indagaciones comenzaban en el año 2000.

Hoy en la Fiscalía existen ocho procesos que involucran a Saludcoop, pero, según información reciente certificada por la propia Fiscalía, ninguno está en investigación formal. Un primer expediente se refiere a una denuncia anónima que asegura que Saludcoop fue víctima de un fraude, comprando medicamentos demasiado caros. El segundo deriva de la Contraloría: el organismo detectó “una posible injerencia indebida de varios funcionarios de la EPS Saludcoop en la redacción de un informe de control fiscal”. Los sospechosos fueron llamados a interrogatorio.

El tercero nace de una denuncia hecha por un antiguo interventor de Saludcoop, quien señaló un supuesto desvío de recursos parafiscales de la Corporación IPS Saludcoop. Se han realizado entrevistas. El cuarto surge con el hallazgo de varios cheques guardados en una caja fuerte de la EPS: se trata de los posibles recobros irregulares; se han identificado 3.030 casos; Carlos Palacino y tres funcionarios más de Saludcoop fueron llamados a interrogatorio. El quinto proceso deriva de las denuncias en medios del posible enriquecimiento ilícito de Carlos Palacino.

El sexto caso tiene que ver con la intervención a Saludcoop por haber desviado recursos parafiscales para invertir y adquirir activos que incrementaron el patrimonio de la EPS, pero con dineros del sistema de salud; hay documentación en estudio. El séptimo empieza con una denuncia contra Carlos Gustavo Palacino por la inversión realizada en Ciudadela Salud y en el Hospital Internacional de Alta Tecnología con plata de origen parafiscal. La Fiscalía ya entrevistó a socios e intermediarios de la construcción, quienes confirmaron que Saludcoop participó en el proyecto.

El último es también investigación por desvío de recursos de la salud, pero entre 2000 y 2004. Es decir: con el sistema penal anterior al oral. Carlos Palacino rindió versión libre.

Villa Valeria, el condominio de Saludcoop
 
Cuando la EPS Saludcoop fue intervenida en 2011por la Superintendencia Nacional de Salud, una de las primeras medidas que se ordenaron fue la inspección al condominio Villa Valeria, en el municipio de Restrepo (Meta). El complejo de viviendas y un hotel de lujo aparecían bajo el nombre de Carlos Palacino, presidente de la entidad, quien desde el comienzo del escándalo negó que el dinero destinado a su compra fuera de la EPS. Sin embargo, en una investigación, la  Contraloría hizo varios hallazgos que no coincidían con la versión de Palacino. Según el informe del órgano de control, a través de la compañía productora de medicamentos Epsifarma, entre 2008 y 2010, se adquirieron baldosas o porcelanato proveniente de China, por un valor de $2.326 millones con destino a Villa Valeria. Además de Carlos Palacino, lo que las investigaciones permitieron establecer en su momento es que otros propietarios del condominio estuvieron vinculados como proveedores o ejecutivo de la prestadora de servicios de salud.
 
La controversia de Saludcoop en el Congreso
 
En 2014, el escándalo de Saludcoop llegó hasta el Congreso de la República. El 2 de septiembre los senadores Jorge Enrique Robledo y Juan Manuel Corzo citaron un debate en la plenaria del Senado, que terminó en una dura confrontación entre los dos representantes del Legislativo y Alejandro Gaviria, el ministro de Salud.
 
El debate fue convocado con el fin de que el Gobierno explicara en qué iba la intervención a la EPS, pero terminó en un cruce de acusaciones y defensas sobre el sistema de salud colombiano. El senador Robledo catalogó el descalabro de Saludcoop como la mayor defraudación de recursos públicos en la historia colombiana. Y fue más allá: “El gobierno de Santos y el ministro Gaviria tienen una actitud de favorecimiento con las EPS y con Saludcoop”. Corzo, por su parte, cuestionó el papel de la Superintendencia de Salud en su misión de controlar a las EPS, mientras que el ministro Gaviria defendió la actuación del Gobierno alrededor del caso Saludcoop y del sistema de salud en general.

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