Una 'hacker' en Alcaldía de Bogotá

El 19 de abril de 2010, Martha Elena Díaz, entonces directora distrital de asuntos disciplinarios de la administración de Samuel Moreno, ordenó una indagación preliminar contra una administradora informática señalada de “presunta negligencia y omisión en el ejercicio de sus funciones”. Dos años después, ya en la Alcaldía de Gustavo Petro, el asunto se convirtió en una pesquisa administrativa para establecer por qué dedica su tiempo a consultar correos privados de distintas dependencias, incluyendo el despacho del alcalde.

Se trata de la profesional Olga Orjuela Campos, quien ingresó a la Alcaldía de Bogotá en enero de 1990 y a lo largo de dos décadas ha desempeñado diversos cargos, hasta que en 2008 fue ubicada en la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro. En 2010, después de una sucesión de llamadas de atención sobre su bajo rendimiento laboral, su caso derivó en un proceso disciplinario que no concluye, pero que ahora apunta a establecer por qué indaga situaciones que no corresponden a su gestión.

Cuando se produjo el relevo en la Alcaldía y la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios quedó a cargo del abogado Augusto Ocampo, después de rechazar un sinnúmero de pruebas requeridas por la funcionaria como parte de su defensa, reactivó el caso y encontró sorpresas que cambiaron el rumbo de la investigación. Con un estimado de 8.000 consultas en el sistema de informática de la Alcaldía, en áreas ajenas a su dependencia, se pretende establecer qué interés tenía en hacer esas averiguaciones.

Ante los hallazgos de la Dirección de Asuntos Disciplinarios, esta dependencia se interesó aún más por el trabajo de Olga Orjuela Campos. En tal sentido, el pasado mes de agosto, se escuchó en versión libre al subdirector de informática de la Alcaldía, Fabio Sánchez, quien reportó que desde su posesión en febrero de 2012 detectó que la funcionaria y otro trabajador más no registraban hora de ingreso y de salida como lo ordena el procedimiento laboral, y que en adelante, a través de diversos argumentos, continuó haciendo lo mismo.

Después de un cruce de correos entre la funcionaria y su jefe directo, en los cuales el segundo la conminó a cumplir con el reglamento y ella le reportó razones personales de su continua ausencia, el tema terminó en que Olga Orjuela le hizo saber a su superior que se estaba configurando un caso de acoso laboral y que ella no iba a permitir que se le siguieran vulnerando sus derechos como funcionaria, ciudadana y madre cabeza de familia. En adelante, según Fabio Sánchez, a cada reclamo recibió una desobligante respuesta y persistió en no cumplir su horario laboral.

La Dirección de Asuntos Disciplinarios quiso indagar cuáles eran las tareas asignadas a la funcionaria y concretó que, además de labores de soporte en informática, en esencia su gestión está encaminada a entregar una propuesta de herramienta tecnológica para racionalizar la gestión pública en términos de toma de decisiones para inversiones en las alcaldías locales y juntas administradoras. Es decir, una misión delimitada frente a lo que estaba consultando.

El pasado 16 de septiembre, bajo declaración juramentada, el subdirector de informática, Fabio Sánchez, reportó que después de indagar las actividades de la funcionaria que justificaban su bajo desempeño, detectó que gran parte de su tiempo lo destinaba a consultar en el Sistema de Información de Archivo y Correspondencia, concretamente documentación que ingresa y sale de la entidad y va a diferentes dependencias como la Secretaría General, la Secretaria Privada y otros frentes de trabajo en la Alcaldía Mayor.

Además se constató que buena parte de la información consultada tiene que ver con correspondencia de la Secretaría General, dependencia ajena al desempeño funcional de Olga Orjuela Campos. Sánchez concluyó que con la frecuencia con que la servidora consultaba información vedada, era claro que tenía que afectarse su rendimiento laboral. Se trata de 402 folios que corresponden a relaciones de consultas, lo cual se calcula que puede llegar a 8.000 visitas. En otras palabras, un caso sin precedentes en la administración distrital.

Como quiera que los hallazgos de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios quedaron asociados con hechos distintos a aquellos por los cuales estaba siendo investigada, la dependencia desglosó la investigación y ordenó que se investigue la presunta extralimitación de funciones de Olga Orjuela Campos, derivada de la revisión no autorizada de correspondencia ajena a sus deberes funcionales, durante el período comprendido entre enero y julio de 2012, toda época en que ya oficiaba la administración de Gustavo Petro.

El Espectador conoció parte de los hallazgos de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, y entre las dependencias a las cuales accedió la funcionaria figuran el Despacho del Alcalde Mayor, las secretarías Privada y General, la Veeduría Distrital, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Personería y la Contraloría del Distrito, la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Protocolo, la Subdirección de Talento Humano, la Subdirección de Informática y la propia Dirección de Asuntos Disciplinarios que ahora la investiga.

Entre los asuntos por los cuales se interesó la funcionaria figuran expedientes disciplinarios, medidas de lucha contra la corrupción, solicitudes de disponibilidad presupuestal, copias de comunicaciones dirigidas a la Contraloría o la Personería, informes de visitas administrativas para establecer irregularidades internas, denuncia de tráfico de influencias y prebendas en la Secretaría de Salud, informes sobre estados de procesos en el denominado carrusel de la contratación e informes sobre irregularidades de la pasada administración.

La lista es extensa. Derechos de petición, hojas de vida, interventorías, reconocimientos de primas técnicas, solicitudes de servicios, informes de evaluación por dependencias, estados de contratos, reportes de informes de responsabilidad fiscal, informaciones sobre empresas de vigilancia, documentos de procesos licitatorios. En fin, más de 8.000 visitas en apenas seis meses, varias de ellas sólo para abrir imágenes y otras cuantas más para ahondar en detalles de documentos específicos, con consultas casi minuto a minuto.

Con los reportes sobre la extraña actividad de la funcionaria, ayer mismo se ordenó escuchar en diligencia de versión a Olga Orjuela, ya no para saber por qué presentaba bajo rendimiento en sus actividades laborales a pesar de los continuos requerimientos de sus jefes, sino esta vez para saber por qué estaba dedicada a conocer detalles de la administración distrital sobre distintos aspectos, varios de ellos secretos, y la mayoría ajenos a sus labores como funcionaria de la Subdirección de Inspección y Vigilancia de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro. El Espectador intentó comunicarse para conocer su versión de los hechos, pero no fue posible.

El 19 de abril de 2010, Martha Elena Díaz, entonces directora distrital de asuntos disciplinarios de la administración de Samuel Moreno, ordenó una indagación preliminar contra una administradora informática señalada de “presunta negligencia y omisión en el ejercicio de sus funciones”. Dos años después, ya en la Alcaldía de Gustavo Petro, el asunto se convirtió en una pesquisa administrativa para establecer por qué dedica su tiempo a consultar correos privados de distintas dependencias, incluyendo el despacho del alcalde.

Se trata de la profesional Olga Orjuela Campos, quien ingresó a la Alcaldía de Bogotá en enero de 1990 y a lo largo de dos décadas ha desempeñado diversos cargos, hasta que en 2008 fue ubicada en la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro. En 2010, después de una sucesión de llamadas de atención sobre su bajo rendimiento laboral, su caso derivó en un proceso disciplinario que no concluye, pero que ahora apunta a establecer por qué indaga situaciones que no corresponden a su gestión.

Cuando se produjo el relevo en la Alcaldía y la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios quedó a cargo del abogado Augusto Ocampo, después de rechazar un sinnúmero de pruebas requeridas por la funcionaria como parte de su defensa, reactivó el caso y encontró sorpresas que cambiaron el rumbo de la investigación. Con un estimado de 8.000 consultas en el sistema de informática de la Alcaldía, en áreas ajenas a su dependencia, se pretende establecer qué interés tenía en hacer esas averiguaciones.

Ante los hallazgos de la Dirección de Asuntos Disciplinarios, esta dependencia se interesó aún más por el trabajo de Olga Orjuela Campos. En tal sentido, el pasado mes de agosto, se escuchó en versión libre al subdirector de informática de la Alcaldía, Fabio Sánchez, quien reportó que desde su posesión en febrero de 2012 detectó que la funcionaria y otro trabajador más no registraban hora de ingreso y de salida como lo ordena el procedimiento laboral, y que en adelante, a través de diversos argumentos, continuó haciendo lo mismo.

Después de un cruce de correos entre la funcionaria y su jefe directo, en los cuales el segundo la conminó a cumplir con el reglamento y ella le reportó razones personales de su continua ausencia, el tema terminó en que Olga Orjuela le hizo saber a su superior que se estaba configurando un caso de acoso laboral y que ella no iba a permitir que se le siguieran vulnerando sus derechos como funcionaria, ciudadana y madre cabeza de familia. En adelante, según Fabio Sánchez, a cada reclamo recibió una desobligante respuesta y persistió en no cumplir su horario laboral.

La Dirección de Asuntos Disciplinarios quiso indagar cuáles eran las tareas asignadas a la funcionaria y concretó que, además de labores de soporte en informática, en esencia su gestión está encaminada a entregar una propuesta de herramienta tecnológica para racionalizar la gestión pública en términos de toma de decisiones para inversiones en las alcaldías locales y juntas administradoras. Es decir, una misión delimitada frente a lo que estaba consultando.

El pasado 16 de septiembre, bajo declaración juramentada, el subdirector de informática, Fabio Sánchez, reportó que después de indagar las actividades de la funcionaria que justificaban su bajo desempeño, detectó que gran parte de su tiempo lo destinaba a consultar en el Sistema de Información de Archivo y Correspondencia, concretamente documentación que ingresa y sale de la entidad y va a diferentes dependencias como la Secretaría General, la Secretaria Privada y otros frentes de trabajo en la Alcaldía Mayor.

Además se constató que buena parte de la información consultada tiene que ver con correspondencia de la Secretaría General, dependencia ajena al desempeño funcional de Olga Orjuela Campos. Sánchez concluyó que con la frecuencia con que la servidora consultaba información vedada, era claro que tenía que afectarse su rendimiento laboral. Se trata de 402 folios que corresponden a relaciones de consultas, lo cual se calcula que puede llegar a 8.000 visitas. En otras palabras, un caso sin precedentes en la administración distrital.

Como quiera que los hallazgos de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios quedaron asociados con hechos distintos a aquellos por los cuales estaba siendo investigada, la dependencia desglosó la investigación y ordenó que se investigue la presunta extralimitación de funciones de Olga Orjuela Campos, derivada de la revisión no autorizada de correspondencia ajena a sus deberes funcionales, durante el período comprendido entre enero y julio de 2012, toda época en que ya oficiaba la administración de Gustavo Petro.

El Espectador conoció parte de los hallazgos de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, y entre las dependencias a las cuales accedió la funcionaria figuran el Despacho del Alcalde Mayor, las secretarías Privada y General, la Veeduría Distrital, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Personería y la Contraloría del Distrito, la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Protocolo, la Subdirección de Talento Humano, la Subdirección de Informática y la propia Dirección de Asuntos Disciplinarios que ahora la investiga.

Entre los asuntos por los cuales se interesó la funcionaria figuran expedientes disciplinarios, medidas de lucha contra la corrupción, solicitudes de disponibilidad presupuestal, copias de comunicaciones dirigidas a la Contraloría o la Personería, informes de visitas administrativas para establecer irregularidades internas, denuncia de tráfico de influencias y prebendas en la Secretaría de Salud, informes sobre estados de procesos en el denominado carrusel de la contratación e informes sobre irregularidades de la pasada administración.

La lista es extensa. Derechos de petición, hojas de vida, interventorías, reconocimientos de primas técnicas, solicitudes de servicios, informes de evaluación por dependencias, estados de contratos, reportes de informes de responsabilidad fiscal, informaciones sobre empresas de vigilancia, documentos de procesos licitatorios. En fin, más de 8.000 visitas en apenas seis meses, varias de ellas sólo para abrir imágenes y otras cuantas más para ahondar en detalles de documentos específicos, con consultas casi minuto a minuto.

Con los reportes sobre la extraña actividad de la funcionaria, ayer mismo se ordenó escuchar en diligencia de versión a Olga Orjuela, ya no para saber por qué presentaba bajo rendimiento en sus actividades laborales a pesar de los continuos requerimientos de sus jefes, sino esta vez para saber por qué estaba dedicada a conocer detalles de la administración distrital sobre distintos aspectos, varios de ellos secretos, y la mayoría ajenos a sus labores como funcionaria de la Subdirección de Inspección y Vigilancia de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro. El Espectador intentó comunicarse para conocer su versión de los hechos, pero no fue posible.