Una revocatoria como por un tubo

La decisión del ministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados, de bloquear a comienzos de año la importación de unos tubos para petroleras fabricados en China, bajo el argumento de proteger la industria nacional, hoy es motivo de polémica debido a que la principal beneficiada fue otra multinacional que compite en el mercado contra los chinos, pero tiene planta en Colombia.

Sin embargo, este no es el único motivo de controversia. El principal es la forma como el ministro inicialmente se negó en agosto de 2010 a imponer restricciones a este producto chino y en enero pasado cambió radicalmente de posición, al punto de revocar su decisión inicial para terminar aumentando los aranceles sólo a los tubos fabricados en el gigante asiático.

Esta historia empezó en junio de 2009, cuando la empresa Tubos del Caribe (Tubocaribe), con sede en Cartagena, pidió al mincomercio una investigación para que analizara el supuesto daño a la industria nacional con la importación de los tubos chinos a bajo costo y aplicara medidas antidumping. Ante esta petición, la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio adelantó el proceso y tras analizar el mercado y los volúmenes de importaciones, concluyó que no había evidencia de la afectación y sugirió el cierre del proceso. El ministro Díaz-Granados, recién posesionado, acató la sugerencia y el 11 de agosto de 2010 firmó la Resolución 2272, contra la que “no procedía recurso alguno, por ser un acto administrativo expedido en interés general”.

Tubocaribe, haciendo uso de los recursos legales, de inmediato solicitó al ministro revocar directamente la resolución, para proteger su negocio y en una decisión que ahora los abogados poco entienden, el ministro Díaz-Granados revisó la investigación y el pasado 5 de enero accedió a la petición, condicionando la llegada de los tubos chinos al país por cinco años.

El reversazo del ministro motivó una demanda que hoy cursa en el Consejo de Estado. Los importadores cuestionan el procedimiento y las razones que dio el alto funcionario para cambiar su posición. Por eso, les pidieron a los magistrados que declaren nula la resolución, al considerar que hubo irregularidades de procedimiento y “abuso de poder”.

El ministro de Comercio le expresó a El Espectador que no conoce la demanda y por eso no se podía pronunciar con detalle. No obstante, aclaró que la ley lo facultaba para tomar la decisión, por encontrar nuevos elementos que le daban razones suficientes para proteger el mercado interno e imponer condiciones al producto traído de China.

De acuerdo con los abogados de los importadores, más allá de la reversa, son varias las irregularidades que supuestamente se cometieron en este proceso. Entre ellas que el ministro no tenía competencia para revocar la resolución, que violó el derecho de contradicción de los afectados, incumplió el plazo que le daba la ley para pronunciarse, avaló estudios desactualizados y no fue claro frente a los productos afectados, al incluir productos que no eran motivo del debate.

Los demandantes explicaron que el ministro Díaz-Granados no podía revocar directamente la resolución, porque las leyes de comercio internacional lo obligaban a acudir a un tribunal independiente como el Consejo de Estado. Además, que la decisión obedeció a los intereses particulares de Tubocaribe, impidiendo a los importadores defenderse de forma adecuada.

“El acto administrativo fue expedido (por el ministro) en forma irregular, sin competencia para ello, con falsa, indebida e insuficiente motivación, en una clara muestra de abuso y desviación de poder. Cuando se expide de esta manera un acto administrativo, se desconoce flagrantemente la Constitución”, dice la demanda.

Lo que llama la atención en este debate es que, a pesar de que la medida fue para proteger la industria nacional, se sabe que la empresa Tubocaribe, única beneficiada por ser monopolio en Colombia en la venta de tubos para las petroleras, es desde 2009 propiedad de la multinacional Tenaris, que tiene plantas en Canadá, EE.UU., México, Colombia, Argentina y Brasil. Ante este detalle, el ministro Díaz-Granados precisó: “Para el momento de la investigación había evidencias de que era una empresa 100% nacional”.

Para completar el panorama, Tubocaribe también es filial de la empresa Tenaris Global Service, que es la principal importadora de tubos para petroleras en el país, con el 55% del mercado. De acuerdo con datos del portal web Sicex.com, dedicado al análisis de mercados internacionales, esta empresa trae sin aranceles el producto de su planta en México. Ambas empresas, pese a tener juntas directivas diferentes, comparten revisor fiscal y contador, quienes se encargan de las cuentas de la multinacional en el país.

De acuerdo con la base de datos www.ZoomOnline.info, Tenaris Global Service es una sucursal extranjera de una empresa constituida en Panamá, dedicada al comercio de productos siderúrgicos para el sector de hidrocarburos. Pasó de tener pérdidas por casi $2.000 millones en 2009, a tener ganancias cercanas a los $5.600 millones en 2010. Por su parte, Tubos del Caribe, dedicada a elaboración de productos metálicos, reportó pérdidas de $50 mil millones en 2009, a $8.500 millones en 2010.

Los importadores que compiten en Colombia contra la multinacional Tenaris son Mansarovar Energy, Rhema Ltda, Pipe Supply, Cepsa Colombia, Tubomar y Corpac, las cuales compraban en China hasta el año pasado. Entre todas tenian apenas el 35% del mercado. Es por esto que dicen que la decisión del Ministerio benefició exclusivamente a Tenaris, ya que al bloquear la compra en China dejó por fuera del mercado a sus principales competidores.

Uno de los abogados promotores de la demanda , explicó que la intención de llevar el caso ante la justicia es tumbar una “decisión grosera”, que afectó intereses generales a favor de un particular. Agregó que, de prosperar este caso en el Consejo de Estado, el alto funcionario podría ser objeto de una investigación disciplinaria.

Por su parte, el ministro Díaz-Granados manifestó: “El estudio que se hizo durante un año nos dio evidencias suficientes para revocar esa decisión. Sabemos que los importadores quieren un comercio libre, pero la producción nacional demostró que estaba afectada y buscamos protegerla”, indicó.

Por ahora el caso está en manos de los magistrados, quienes en las próximas semanas tendrían que pronunciarse frente a la aceptación de la demanda y la solicitud de suspensión de la resolución, o sencillamente rechazarla y darle la razón al ministro de Comercio Exterior.

“No conozco la demanda”: mincomercio

¿Qué opina de la demanda por el caso de Tubos del Caribe?

Sabemos de la demanda, pero no nos han notificado. Los magistrados están resolviendo peticiones de las partes.

¿Por qué el cambio de decisión?

Los actos administrativos, emitidos por servidores públicos, pueden ser sujetos de revocatoria directa por el mismo funcionario. Como es sabido, la revocatoria es un mecanismo de control que sólo procede si hay causales específicas que contempla la ley.

En la demanda dicen que el Ministerio no tenía competencia.

No conocemos la demanda. Una vez la conozcamos se evaluaran los argumentos y se contestará. Es de advertir que quien determina la legalidad es el Consejo de Estado.

También que la norma que justifica la revocatoria no estaba vigente.

Por ley, los actos administrativos gozan de la presunción de legalidad y dado que el acto administrativo cuestionado está demandado, es el Consejo de Estado el que decidirá si fue o no legal.

¿Qué pasa si deciden suspender la revocatoria que firmó?

El Ministerio acatará la decisión que tome el Consejo de Estado.

“Tubocaribe es una empresa nacional”

Se supone que la medida fue para proteger la industria nacional, pero Tubocaribe es de una multinacional.

Según las certificaciones de la ANDI, Tubocaribe es una empresa nacional conocida. Además, certificó que dicha empresa representa el 100% de la producción nacional conocida de tubos para la industria petrolera. Esta información fue confirmada en el Registro de Producción Nacional, que administra el Ministerio de Comercio, en el que consta que esta es la única empresa registrada ante este Ministerio como productora de esta tubería.

¿Cuáles serían las consecuencias de esta decisión ahora que se busca mejorar las relaciones comerciales con China?

A la fecha, el gobierno de China no ha hecho ningún pronunciamiento sobre el tema. Tampoco sabemos de impugnación de la medida ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). Por el contrario, las relaciones atraviesan un buen momento.

La decisión del ministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados, de bloquear a comienzos de año la importación de unos tubos para petroleras fabricados en China, bajo el argumento de proteger la industria nacional, hoy es motivo de polémica debido a que la principal beneficiada fue otra multinacional que compite en el mercado contra los chinos, pero tiene planta en Colombia.

Sin embargo, este no es el único motivo de controversia. El principal es la forma como el ministro inicialmente se negó en agosto de 2010 a imponer restricciones a este producto chino y en enero pasado cambió radicalmente de posición, al punto de revocar su decisión inicial para terminar aumentando los aranceles sólo a los tubos fabricados en el gigante asiático.

Esta historia empezó en junio de 2009, cuando la empresa Tubos del Caribe (Tubocaribe), con sede en Cartagena, pidió al mincomercio una investigación para que analizara el supuesto daño a la industria nacional con la importación de los tubos chinos a bajo costo y aplicara medidas antidumping. Ante esta petición, la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio adelantó el proceso y tras analizar el mercado y los volúmenes de importaciones, concluyó que no había evidencia de la afectación y sugirió el cierre del proceso. El ministro Díaz-Granados, recién posesionado, acató la sugerencia y el 11 de agosto de 2010 firmó la Resolución 2272, contra la que “no procedía recurso alguno, por ser un acto administrativo expedido en interés general”.

Tubocaribe, haciendo uso de los recursos legales, de inmediato solicitó al ministro revocar directamente la resolución, para proteger su negocio y en una decisión que ahora los abogados poco entienden, el ministro Díaz-Granados revisó la investigación y el pasado 5 de enero accedió a la petición, condicionando la llegada de los tubos chinos al país por cinco años.

El reversazo del ministro motivó una demanda que hoy cursa en el Consejo de Estado. Los importadores cuestionan el procedimiento y las razones que dio el alto funcionario para cambiar su posición. Por eso, les pidieron a los magistrados que declaren nula la resolución, al considerar que hubo irregularidades de procedimiento y “abuso de poder”.

El ministro de Comercio le expresó a El Espectador que no conoce la demanda y por eso no se podía pronunciar con detalle. No obstante, aclaró que la ley lo facultaba para tomar la decisión, por encontrar nuevos elementos que le daban razones suficientes para proteger el mercado interno e imponer condiciones al producto traído de China.

De acuerdo con los abogados de los importadores, más allá de la reversa, son varias las irregularidades que supuestamente se cometieron en este proceso. Entre ellas que el ministro no tenía competencia para revocar la resolución, que violó el derecho de contradicción de los afectados, incumplió el plazo que le daba la ley para pronunciarse, avaló estudios desactualizados y no fue claro frente a los productos afectados, al incluir productos que no eran motivo del debate.

Los demandantes explicaron que el ministro Díaz-Granados no podía revocar directamente la resolución, porque las leyes de comercio internacional lo obligaban a acudir a un tribunal independiente como el Consejo de Estado. Además, que la decisión obedeció a los intereses particulares de Tubocaribe, impidiendo a los importadores defenderse de forma adecuada.

“El acto administrativo fue expedido (por el ministro) en forma irregular, sin competencia para ello, con falsa, indebida e insuficiente motivación, en una clara muestra de abuso y desviación de poder. Cuando se expide de esta manera un acto administrativo, se desconoce flagrantemente la Constitución”, dice la demanda.

Lo que llama la atención en este debate es que, a pesar de que la medida fue para proteger la industria nacional, se sabe que la empresa Tubocaribe, única beneficiada por ser monopolio en Colombia en la venta de tubos para las petroleras, es desde 2009 propiedad de la multinacional Tenaris, que tiene plantas en Canadá, EE.UU., México, Colombia, Argentina y Brasil. Ante este detalle, el ministro Díaz-Granados precisó: “Para el momento de la investigación había evidencias de que era una empresa 100% nacional”.

Para completar el panorama, Tubocaribe también es filial de la empresa Tenaris Global Service, que es la principal importadora de tubos para petroleras en el país, con el 55% del mercado. De acuerdo con datos del portal web Sicex.com, dedicado al análisis de mercados internacionales, esta empresa trae sin aranceles el producto de su planta en México. Ambas empresas, pese a tener juntas directivas diferentes, comparten revisor fiscal y contador, quienes se encargan de las cuentas de la multinacional en el país.

De acuerdo con la base de datos www.ZoomOnline.info, Tenaris Global Service es una sucursal extranjera de una empresa constituida en Panamá, dedicada al comercio de productos siderúrgicos para el sector de hidrocarburos. Pasó de tener pérdidas por casi $2.000 millones en 2009, a tener ganancias cercanas a los $5.600 millones en 2010. Por su parte, Tubos del Caribe, dedicada a elaboración de productos metálicos, reportó pérdidas de $50 mil millones en 2009, a $8.500 millones en 2010.

Los importadores que compiten en Colombia contra la multinacional Tenaris son Mansarovar Energy, Rhema Ltda, Pipe Supply, Cepsa Colombia, Tubomar y Corpac, las cuales compraban en China hasta el año pasado. Entre todas tenian apenas el 35% del mercado. Es por esto que dicen que la decisión del Ministerio benefició exclusivamente a Tenaris, ya que al bloquear la compra en China dejó por fuera del mercado a sus principales competidores.

Uno de los abogados promotores de la demanda , explicó que la intención de llevar el caso ante la justicia es tumbar una “decisión grosera”, que afectó intereses generales a favor de un particular. Agregó que, de prosperar este caso en el Consejo de Estado, el alto funcionario podría ser objeto de una investigación disciplinaria.

Por su parte, el ministro Díaz-Granados manifestó: “El estudio que se hizo durante un año nos dio evidencias suficientes para revocar esa decisión. Sabemos que los importadores quieren un comercio libre, pero la producción nacional demostró que estaba afectada y buscamos protegerla”, indicó.

Por ahora el caso está en manos de los magistrados, quienes en las próximas semanas tendrían que pronunciarse frente a la aceptación de la demanda y la solicitud de suspensión de la resolución, o sencillamente rechazarla y darle la razón al ministro de Comercio Exterior.

“No conozco la demanda”: mincomercio

¿Qué opina de la demanda por el caso de Tubos del Caribe?

Sabemos de la demanda, pero no nos han notificado. Los magistrados están resolviendo peticiones de las partes.

¿Por qué el cambio de decisión?

Los actos administrativos, emitidos por servidores públicos, pueden ser sujetos de revocatoria directa por el mismo funcionario. Como es sabido, la revocatoria es un mecanismo de control que sólo procede si hay causales específicas que contempla la ley.

En la demanda dicen que el Ministerio no tenía competencia.

No conocemos la demanda. Una vez la conozcamos se evaluaran los argumentos y se contestará. Es de advertir que quien determina la legalidad es el Consejo de Estado.

También que la norma que justifica la revocatoria no estaba vigente.

Por ley, los actos administrativos gozan de la presunción de legalidad y dado que el acto administrativo cuestionado está demandado, es el Consejo de Estado el que decidirá si fue o no legal.

¿Qué pasa si deciden suspender la revocatoria que firmó?

El Ministerio acatará la decisión que tome el Consejo de Estado.

“Tubocaribe es una empresa nacional”

Se supone que la medida fue para proteger la industria nacional, pero Tubocaribe es de una multinacional.

Según las certificaciones de la ANDI, Tubocaribe es una empresa nacional conocida. Además, certificó que dicha empresa representa el 100% de la producción nacional conocida de tubos para la industria petrolera. Esta información fue confirmada en el Registro de Producción Nacional, que administra el Ministerio de Comercio, en el que consta que esta es la única empresa registrada ante este Ministerio como productora de esta tubería.

¿Cuáles serían las consecuencias de esta decisión ahora que se busca mejorar las relaciones comerciales con China?

A la fecha, el gobierno de China no ha hecho ningún pronunciamiento sobre el tema. Tampoco sabemos de impugnación de la medida ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). Por el contrario, las relaciones atraviesan un buen momento.