El lujoso condominio al norte de Bogotá que tendría vínculo con escándalo de UNGRD

En los últimos cuatro años, al norte de Bogotá, fue publicitada una exclusiva iniciativa inmobiliaria que captó la atención de importantes empresarios y familias que transitan por y hacia el norte de la capital del país. El proyecto en cuestión, ubicado en el municipio de Chía (Cundinamarca), lleva como nombre Naples Condominio Guaymaral, un lujoso complejo de 55 casas que sería construido en entre 2022 y 2023. Sin embargo, dicen los compradores, la obra no presenta mayores avances y denuncian posibles irregularidades por parte de las cabezas del consorcio que dirige la construcción del condominio.

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El Espectador, además de visitar el predio de la obra, conoció documentos sobre la construcción, los cuales dan cuenta del posible vínculo de uno de sus empresarios con el reciente escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres (Ungrd). Aunque la página web del proyecto dejó de funcionar hace un par de meses, en sus redes sociales aún se puede ver las imágenes promocionales y los videos de los supuestos avances en la construcción. En su cuenta de Instagram ofrecían casas de dos pisos que oscilaban entre 240 m² y 310 m², las cuales incluían jacuzzi, parrilla en el patio exterior y vista al campo de golf del Club Guaymaral.

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Las redes sociales de la obra indicaban, a principios de 2022, que se comprometían a entregar las primeras casas en el segundo semestre de ese año, no obstante, hasta la fecha no se ha entregado ni una. Entre abril de 2023 y mayo de 2024, la cuenta de Instagram de Naples subió videos de los supuestos avances en la construcción, sin embargo, desde entonces no se volvió a tener imágenes del proyecto, lo cual generó que aumentara la preocupación de los inversionistas. Los retrasos son tales —dicen los compradores de vivienda en Naples— que, en marzo de 2024, la constructora publicó una foto en las que se puede observar que la obra “está lejos de culminar”.

El Espectador visitó el lote donde se construye Naples y encontró la obra abandonada. La única construcción que está finalizada es la casa modelo, la cual salía habitualmente en las redes sociales del proyecto inmobiliario. Por ejemplo, en mayo de 2024, hicieron una publicación en su cuenta de Instagram en la que invitaban a posibles interesados a visitar la obra. Esa fue la última vez que los constructores reportaron publicamente algún movimiento en la construcción. En la zona, en donde hay otros lujosos condominios en construcción, todavía están los avisos promocionales de Naples, los cuales indican que el proyecto tiene el respaldo de Alianza Fiduciaria y el Banco Itaú.

Además de los evidentes retrasos en la obra, este diario también conoció un documento que, para los compradores de vivienda en Naples, es una “muestra clara” que el proyecto nació con pies de barro. En mayo de 2023, la Alcaldía de Chía indicó en una carta que, hasta esa fecha, el consorcio Corval no tenía los documentos en regla para iniciar la venta de viviendas y que estaba en “trámite de superar” esa etapa. Es decir, los constructores del condominio empezaron a construir y a vender casas a través de sus redes sociales sin tener los requisitos de ley. Las irregularidades no pararon allí, dicen los compradores.

Ese mismo mayo de 2023, Alianza Fiduciaria, empresa que administraba los dineros del proyecto inmobiliario, les informó a los compradores de Naples que, dos meses atrás, habían depositado los recursos al fideicomiso de la obra para que los constructores iniciaran la primera etapa del condominio. La firma Dumed Abogados, que representa a algunos compradores de estas viviendas, dice que ese desembolso de dinero violó un compromiso fundamental que está consignado en el contrato de fiducia: Alianza Fiduciaria solo podía liberar recursos a los constructores cuando estos tuvieran todos los permisos en regla.

Este diario se contactó con Catalina Mejía Posada, representante legal de Alianza Fiduciaria, quien aseguró que no estaba autorizada para hablar con medios de comunicación sobre el asunto. Sin embargo, en un documento de diciembre de 2024, Mejía le dejó clara su postura a uno de los compradores de Naples, quien pidió respuestas sobre el papel de Alianza en la obra: “No se han presentado circunstancias o dudas relacionadas con el desarrollo normal del condominio. Esta fiduciaria no puede ser considerada como vocero, garante o veedor del cumplimiento de las obligaciones de los desarrolladores de Naples, ni como responsable de las gestiones de promoción, interventoría o construcción del condominio”.

Los constructores y la UNGRD

La cuestionada obra está a cargo del Consorcio Corval, la cual está conformada por otras dos empresas: la primera firma, encabezada por Juan Leonardo Becerra Moreno, es Iron Constructores, hoy renombrada como Valco Holding. El nombre de este empresario es conocido para quienes siguen atentamente el escándalo de la UNGRD, pues él era el representante legal del consorcio que estaba a cargo de las infructuosas obras del dique Caregato en la región de La Mojana. Incluso, Valco Holding tenía el 22% del control del consorcio. En septiembre de 2024, el director de la Unidad, Carlos Carrillo, terminó unilateralmente ese contrato, de $129.000 millones, por los retrasos en la construcción.

Además, el funcionario argumentó en distintos medios de comunicación que se finalizaba ese megacontrato ante las sospechas de irregularidades en su adjudicación, realizada durante la administración de Olmedo López, quien confesó en julio de 2024 cometer delitos como director de esa entidad. Lo que se conoce hasta el momento es que Valco, y las otras empresas que estaban a cargo de Caregato, son cercanas al clan político santandereano de los Aguilar. El propio Carrillo ha dicho que esta poderosa familia santanderana es cercana al exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, hoy pieza clave en el escándalo de corrupción y quien también confesó haber cometido delitos en ese caso.

El director de la entidad explicó que el consorcio encargado de Caregato acordó no presentar recursos contra la UNGRD, y se someterá a un tribunal de arbitramiento para resolver posibles controversias. Con esta decisión, según Carrillo, se liberarán 103 mil millones de pesos que serán invertidos en La Mojana. “La obra de emergencia se va a contratar lo más pronto posible, pero se diseñará, más adelante, una obra duradera para que el cauce del río Cauca tome su rumbo natural”, aseguró Carlos Carrillo en septiembre de 2024.

Indagando en las redes sociales de Valco Holding, este diario encontró que, efectivamente, la región donde más hace presencia es el departamento de Santander: tienen al menos 11 proyectos inmobiliarios (torres de apartamentos y condominios de casas) en Bucaramanga y los municipios Mesa de los Santos y Rionegro. Valco también fue contratista de la gobernación de Santander durante la administración de Richard Aguilar, hoy procesado por corrupción. Por ejemplo, esta firma estuvo a cargo del tercer carril entre Bucaramanga y Floridablanca, que tuvo un costo de $90.000 millones y el corredor vial San Gil - Charalá - Límites, que fue contratado por $185.000 millones, entre otros.

La segunda empresa que hace parte de Corval, el consorcio a cargo de la construcción del condominio en Chía, es Endurance Inversiones, representada legalmente por Julio César Pinto Camacho, quien también es santandereano y ha participado en obras de gran calado en Bogotá. Documentos públicos de la Cámara de Comercio indican que este ingeniero es la cabeza de IVK, la firma que hizo la interventoría de las obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Salitre, la cual fue entregada en diciembre de 2024, luego de tres años de retrasos en su entrega.

En esta enredada red de empresas, Julio César Pinto Camacho también aparece en una firma vinculada a Naples. El proyecto inmobiliario, según certificados de tradición y registro, inició sus obras en lotes que eran propiedad de K2 Ingeniería, firma que él representó legalmente hasta 2023, cuando empezó a ser dirigida, entre otros empresarios, por Lorenzo Ardila Sánchez, quien también aparece como directivo de la compañía IVK en los retrasos de la construcción de la PTAR Salitre. Caracol Radio contó en 2022 que la Fiscalía lo investiga preliminarmente desde ese año, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo ordenara por posibles hechos de corrupción en la PTAR. Sin embargo, Ardila Sánchez dice que hasta el momento no ha sido citado a declarar ante las autoridades y que no hay ningún proceso en su contra.

¿Qué dicen las empresas constructoras?

El Espectador se contactó con las cabezas de las empresas que integran el consorcio, entre ellas, Valco Holding, representada legalmente en los últimos años por Juan Leonardo Becerra Moreno. Además de negar cualquier nexo con el clan Aguilar y Sneyder Pinilla, la empresa señaló que le devolvieron el dinero a más de 20 clientes y, aunque no señaló cuándo pretende entregar la obra (luego de casi tres años de retrasos), admitió que la obra se encuentra suspendida y que en la actualidad los promotores del condominio Naples Guaymaral se encuentran ejecutando un plan para sacar adelante el proyecto.

“Naples se ha visto afectado por la pandemia, diversos factores económicos como el aumento de costos de materiales, tasas de interés altas y la desaceleración económica que afectaron desde el año 2020 tanto a la industria de la construcción en Colombia. Ante la crisis económica de 2022 se presenta un ambiente de incertidumbre por parte de algunos clientes y demora en el cumplimiento de los planes de pago. Esto conllevó a no alcanzar punto de equilibrio y que Alianza Fiduciaria decretara el no cumplimiento de condiciones de giro y por ende se realizara la devolución de los recursos a los clientes, sin que esto constituya un incumplimiento”, señaló la firma Valco Holding.

Por su parte, el abogado de Endurance Service, Carlos Borrero, señaló: “Desde el consorcio se están haciendo esfuerzos económicos y administrativos enormes por sacar el proyecto adelante con la ayuda de los consorciados, esperamos superar la totalidad de los problemas que han acontecido de manera imprevisible y poder continuar con el avance constructivo conservando el valor de los aportes realizados por los clientes y los aportes de los inversionistas desarrolladores del proyecto (...) a la fecha la totalidad de los recursos dispuestos por los socios se están direccionando a resolver los problemas que impiden el avance de la obra”.

Para Jhon Morales, abogado de algunos de los compradores de Naples, los argumentos entregados por el consorcio son totalmentes falsos. “No podría ser atribuible la pandemia como causal de exoneración de responsabilidad porque para 2021, 2022 y 2023 el consorcio seguía vendiendo casas. Entonces, ¿cómo seguir vendiendo viviendas de un proyecto cuya viabilidad financiera no existía? Además, existe un certificado de Alianza Fiduciaria, de mayo de 2023, que acredita el cumplimiento de las condiciones de giro en lo que respecta la etapa uno del condominio (es decir las 30 primeras casas)”, señaló el director de Dumed Abogados Consultores.

Fuentes al interior del proyecto le contaron a este diario que en este momento hay negociaciones con los compradores de Naples para tratar de devolver los dineros que inviertieron. Sin embargo, estos clientes afirman que las reuniones con las cabezas de Corval se han tornado lentas, “injustas” y díficiles para llegar a acuerdos. Una compradora del proyecto, que accedió a hablar de manera anónima con este diario, indicó que, desde 2022, confió todos los ahorros de su vida en este condominio y desde entonces todo ha sido una “pesadilla”. “Recuerdo que uno de los eslogan del proyecto es ‘Respira Tranquilidad’ y justo es lo que menos he tenido desde que invertí mi dinero allí. No quieren devolver la totalidad de los dineros y no quieren asumir la responsabilidad de su mala gestión”, puntualizó la mujer, quien pidió no revelar su identidad por temor a que su negociación no prospere con los construtores de Naples.

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