Víctimas de Elite se abren camino en Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Durante tres años, más de 6.000 personas han recorrido los pasillos del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, esperando a que la justicia penal determine las responsabilidades en la estafa de Elite International Americas S.A.S., la más grande de los últimos tiempos en el país, y que la empresa responda por los $1,2 billones que supuestamente captó de manera ilegal con el negocio de las libranzas. Pese a que hoy la sociedad está en liquidación y ha prometido que devolverá el capital invertido a las víctimas, algunas no confían y acudieron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para pedir reparación. (Elite, la estafa financiera que clama justicia)

El escándalo de Elite International Americas S.A.S. estalló el 9 de diciembre de 2016, cuando la Superintendencia de Sociedades ordenó intervenir la compañía. La Fiscalía estableció que más 6.000 personas invirtieron en pagaré-libranzas obtenidos a través de Elite, adquiridos por medio de cooperativas y otras compañías. La mitad de esos títulos valores serían fraudulentos. El ente investigador imputó a varios de sus directivos los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado, estafa agravada por la cuantía, lavado de activos y captación masiva habitual de dinero agravado por el no reintegro. (Diego Rengifo: sobrevivir a la estafa de Elite)

El 16 de mayo de 2018, más de 400 afectados instauraron una acción de grupo ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que acaba de admitirla. Los demandantes alegan que en el actual proceso de liquidación judicial se reconoció el monto del capital invertido, pero no se tuvieron en cuenta los intereses y utilidades causados. Por eso, piden obtener una reparación por daños y perjuicios que supera los $600.000 millones y solicitan que se condene a varias entidades públicas y privadas por acción u omisión en este escándalo financiero, cuatro veces más grande que Interbolsa. (Entre la vida y Elite, uno de los mayores desfalcos financieros)

Los inversionistas, que adquirieron más de 56.000 pagaré-libranzas, arremetieron contra las superintendencias de Sociedades y de Economía Solidaria porque, según ellos, eran las entidades del Estado que tenían la obligación de controlar y vigilar a Elite International Americas y a las cooperativas que habrían participado en el esquema de estafa. En la demanda, los afectados recordaron que la actividad financiera de comercialización e inversión en pagaré-libranza es lícita y está regulada, lo que agrava el caso, pues no se trata de pirámides que estuvieran por fuera de la órbita del control estatal.

Así, por ejemplo, cada compra realizada por los inversionistas afectados por Elite International Americas S.A.S. estuvo acompañada de documentos específicos, como una solicitud formal de compra de cartera, referencias, la declaración del origen de los fondos, una cláusula de autorización, el contrato de compraventa de cartera, otras cláusulas y una carta de abono a la venta. Es decir, múltiples documentos para mantener una apariencia de legalidad, lo cual dio seguridad a los ciudadanos a la hora de invertir.

“Son muchos los interrogantes sin respuestas concretas ante la falta de esa información, pero de los cuales quedan fuertes sospechas sobre la responsabilidad de los funcionarios involucrados y del Estado en general como responsable de evitar estas situaciones (…) Se halla pendiente de establecer el destino del dinero captado por las cooperativas y demás originadores, la revisión de cuentas de las entidades intervenidas para establecer en bancos qué destino le dieron, enfocándose en los giros a las campañas políticas”, afirmaron los accionantes.

Las víctimas reprochan, además, que la revisoría fiscal y la empresa auditora de Elite no se percataran de las irregularidades, por lo que demandaron a Moore Stephens, Deloitte y Coveg Auditores. Las cooperativas y otras firmas originadoras de los pagaré-libranzas también fueron demandadas por supuesto enriquecimiento sin justa causa. Entre ellas, Corposer, Coovenal, Coocredimed y Coinvercor. José Alejandro Navas Vengoechea y Marino Salgado, socios fundadores de Elite; y Jorge Enrique Navas Vengoechea, hermano de José Alejandro Navas y vicepresidente financiero, también fueron vinculados al proceso administrativo.

Sumadas a las pretensiones económicas, los demandantes piden además que se apliquen garantías de no repetición. Además, solicitan que se adopten medidas tendientes a prevenir que otros ciudadanos queden expuestos en el mercado y sean nuevamente víctimas con casos como el de la empresa Elite. Por ejemplo, proponen adelantar campañas masivas en medios de comunicación tendientes a evitar que se repitan estos desfalcos y que se plantee la creación de un fondo de garantías financieras de carácter solidario.

En la acción de grupo se advierte que muchos casos de los inversionistas no fueron reconocidos por la agente liquidadora de Elite y quedaron por fuera de las supuestas reparaciones que prometió la sociedad. Lo que hace más necesaria la intervención de la justicia administrativa. Por ahora, será el magistrado Rodrigo Mazabel Pinzón quien definirá si los demandantes tienen o no razón; también debe resolver una medida cautelar en la que las víctimas piden que los demandados se abstengan de presionar y disuadir a los reclamantes para que no cobren los pagaré-libranzas, situación que, según ellos, se está presentando con frecuencia.