Este reconocimiento lo hicieron ante la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP). Los 21 soldados retirados aceptaron su responsabilidad en el asesinato y desaparición forzada de 120 personas en el Catatumbo y 127 en la costa Caribe, para presentarlas como bajas en combate. La JEP ha determinado que al menos 6.400 civiles fueron ejecutados entre 2002 y 2008.