El día de la toma de posesión del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el 2002, la extinta guerrilla de las FARC lanzó 14 ‘rockets’, en diferentes puntos de la capital colombiana. 22 años después, el Estado colombiano decide reconocer a 31 personas como víctimas del atentado. La JEP las acreditó como parte del proceso judicial que se conoce como caso 10.
La JEP resolvió acreditar a los que podrían ser sobrevivientes y familiares de los afectados por los ataques perpetrados con granadas de 120 milímetros, al parecer, por el Frente Urbano Antonio Nariño.
Los ataques, según registros, empezaron desde las nueve de la mañana contra la Escuela de Cadetes José María Córdova, luego, lanzaron más artefactos explosivos cuando el expresidente Uribe oficializaba su llegada al poder; uno de ellos cayó en el parqueadero de la Casa de Nariño, otros en el Congreso, así como en el barrio San Victorino y “El Cartucho”, una zona poblada por personas en condición de calle. Por ese atentado, alrededor de 27 personas murieron y 69 terminaron heridas.
Para encontrar específicamente a las víctimas de los atentados con “rockets”, la Jurisdicción ordenó inspeccionar las secretarías de Salud e Integración de la Alcaldía de Bogotá; la Alcaldía local de San Cristóbal y el Batallón de Infantería número 37 ‘Guardia presidencial’ del Ejército.
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Entre las víctimas acreditadas está Henry Moreno, un reciclador que hoy tiene 69 años. Perdió una pierna y así ha trabajado toda su vida, siempre mantuvo la esperanza que alguien le respondiera por lo que le había sucedido, asimismo, Gerson Castiblanco, quien tenía seis años cuando uno de los rockets estalló en su casa ubicada en el barrio San Fernando. Más de 50 cirugías y tres meses en estado de coma lo llevaron a solicitarle a la JEP que lo acogiera como víctima de este atentado realizado por las extintas FARC.
Otra víctima reconocida por la JEP es Diana Milena Ochoa, que narró cómo había sido el momento en que el artefacto cayó a su casa en el barrio La Estanzuela, ‘subí al tercer piso y vi a mi hija encima del marco de una puerta (...) Debajo de ella había dos niñas muertas’. La Jurisdicción asegura que ella y su familia siguen con graves secuelas físicas y psicológicas por lo que pasó, además contaron que las calles se convirtieron en su herramienta principal porque pidió dinero, luego empezó a ser vendedora ambulante de dulces para conseguir sustento económico que le permitiera realizar los tratamientos médicos que requería por secuelas que le dejó el atentado.
El Caso 10, como es denominado en la Jurisdicción Especial para la Paz, está siendo liderado por las magistradas Julieta Lemaitre y Marcela Giraldo, quienes acreditaron a las 31 víctimas por las pruebas documentales que entregaron y la información de contexto recopilada por la Oficina Asesora de Atención a Víctimas de la JEP.
Para acreditar a las víctimas, la JEP conoció que el 2 de marzo del 2005, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a varios exintegrantes de las Farc- EP por estos hechos. Recibieron penas de entre 26 y 40 años de cárcel. A ellos les fueron imputados los delitos de homicidio agravado, terrorismo agravado, rebelión, falsedad personal y tentativa de homicidio. La JEP se alista para realizar nuevos llamados a versiones a los comparecientes de la extinta guerrilla que les permitan a las víctimas esclarecer estos hechos.
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