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Más de dos decenas de desmovilizados paramilitares podrían ser excluidos de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, en caso de que los jueces designados para la plataforma accedan a la petición de expulsión que elevarán varios fiscales durante la semana próxima.
Al parecer, se han mostrado renuentes a cumplir con su compromiso de contribuir al esclarecimiento de la verdad en torno el largo historial criminal del paramilitarismo durante décadas.
La Ley 975, reconocida como una normativa de transición en la que se incluyen penas alternativas para los desmovilizados que confiesen sus crímenes, ofrece sentencias de un máximo de hasta ocho años de prisión por delitos que acarrearían hasta 60 años de cárcel.
Sin embargo, los beneficios están supeditados a la contribución que puedan brindar los ex militantes de grupos armados al margen de la Ley que, condicionamiento que en este caso particular no se ha hecho efectivo.
En caso de que los jueces de la Unidad de Justicia y Paz adscritos a los tribunales de los principales distritos judiciales del país accedan a la petición, la mayoría de estos ex paras podrían cumplir penas de hasta 60 años de cárcel, como responsables de delitos de lesa humanidad que la Jurisdicción Ordinaria castiga con mayor severidad.
Por El Espectador
