A cumplirles a las víctimas

Precisamente, el otorgamiento de esta pena alternativa permitiría que el próximo año 74 desmovilizados recuperen la libertad sin cumplir sus compromisos con la justicia. Por este motivo, la reforma presentada al Congreso de la República, que fue diseñada de forma articulada entre la Fiscalía, el Gobierno, el Legislativo, la Misión para el Apoyo al Proceso de Paz (Mapp-OEA) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), condiciona la sustitución de la medida de aseguramiento a la colaboración efectiva.

Las modificaciones implementadas en la Ley de Justicia y Paz plantean, entre otras cosas, que quienes cumplan los ocho años privados de la libertad tendrán que demostrar que han participado en actividades de resocialización, contribuido en el esclarecimiento de la verdad y entregado bienes para la reparación integral de las víctimas. De lo contrario, perderán los beneficios jurídicos y serán sancionados por la justicia ordinaria. En el tema de la verdad las víctimas recobran una gran importancia, pues los tribunales quedaron con la obligación de identificarlas y escuchar sus versiones.

La reforma también se cruza con un tema de moda en la Fiscalía: la priorización de casos. En diálogo con este diario, el vicefiscal Jorge Perdomo explicó que este asunto será clave para que el otro año se obtengan unas 50 condenas que involucren a los máximos jefes de las autodefensas. El viceministro de Justicia, Miguel Samper, resaltó la importancia de esta reforma porque “Justicia y Paz se había vuelto el lugar para esclarecer prontuarios criminales. Este es el momento de materializar los derechos de la población”.

Perdomo destacó que la reforma a Justicia y Paz representa una armonización con la Ley de Víctimas y que las unidades de Víctimas y de Tierras recibirán cerca de 2.000 expedientes con el fin de agilizar esos procesos para quienes sufrieron la violencia paramilitar. Samper explicó que la necesidad de determinar que las reparaciones y restituciones quedaran en manos de esas unidades surgió al notar que Justicia y Paz no estaba “compaginada” con los procedimientos de esta naturaleza.

Esta separación (verdad y justicia en la Fiscalía; reparación y restitución en las unidades) no convenció a algunos congresistas como Armando Benedetti e Iván Cepeda. Este último señaló que era “inadmisible que las víctimas, teniendo la vía directa de la reparación en el proceso judicial de Justicia y Paz, deban ahora iniciar nuevos trámites. Sin duda, estamos ante un mecanismo de desmotivación, para que las víctimas no participen en los procesos y para que no accedan a la reparación”.

El proyecto tendrá que ser conciliado la próxima semana para unificar los textos de Senado y Cámara, pero se prevé que no tendrá mayores modificaciones. Posteriormente tendrá que sortear la revisión de la Corte Constitucional.

Precisamente, el otorgamiento de esta pena alternativa permitiría que el próximo año 74 desmovilizados recuperen la libertad sin cumplir sus compromisos con la justicia. Por este motivo, la reforma presentada al Congreso de la República, que fue diseñada de forma articulada entre la Fiscalía, el Gobierno, el Legislativo, la Misión para el Apoyo al Proceso de Paz (Mapp-OEA) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), condiciona la sustitución de la medida de aseguramiento a la colaboración efectiva.

Las modificaciones implementadas en la Ley de Justicia y Paz plantean, entre otras cosas, que quienes cumplan los ocho años privados de la libertad tendrán que demostrar que han participado en actividades de resocialización, contribuido en el esclarecimiento de la verdad y entregado bienes para la reparación integral de las víctimas. De lo contrario, perderán los beneficios jurídicos y serán sancionados por la justicia ordinaria. En el tema de la verdad las víctimas recobran una gran importancia, pues los tribunales quedaron con la obligación de identificarlas y escuchar sus versiones.

La reforma también se cruza con un tema de moda en la Fiscalía: la priorización de casos. En diálogo con este diario, el vicefiscal Jorge Perdomo explicó que este asunto será clave para que el otro año se obtengan unas 50 condenas que involucren a los máximos jefes de las autodefensas. El viceministro de Justicia, Miguel Samper, resaltó la importancia de esta reforma porque “Justicia y Paz se había vuelto el lugar para esclarecer prontuarios criminales. Este es el momento de materializar los derechos de la población”.

Perdomo destacó que la reforma a Justicia y Paz representa una armonización con la Ley de Víctimas y que las unidades de Víctimas y de Tierras recibirán cerca de 2.000 expedientes con el fin de agilizar esos procesos para quienes sufrieron la violencia paramilitar. Samper explicó que la necesidad de determinar que las reparaciones y restituciones quedaran en manos de esas unidades surgió al notar que Justicia y Paz no estaba “compaginada” con los procedimientos de esta naturaleza.

Esta separación (verdad y justicia en la Fiscalía; reparación y restitución en las unidades) no convenció a algunos congresistas como Armando Benedetti e Iván Cepeda. Este último señaló que era “inadmisible que las víctimas, teniendo la vía directa de la reparación en el proceso judicial de Justicia y Paz, deban ahora iniciar nuevos trámites. Sin duda, estamos ante un mecanismo de desmotivación, para que las víctimas no participen en los procesos y para que no accedan a la reparación”.

El proyecto tendrá que ser conciliado la próxima semana para unificar los textos de Senado y Cámara, pero se prevé que no tendrá mayores modificaciones. Posteriormente tendrá que sortear la revisión de la Corte Constitucional.