Acciones judiciales en contra de los involucrados en el proceso de asignación del tercer canal de televisión serían el último recurso al que acudirían los demandantes del actual proceso de licitación, que interpusieron una acción popular, con el fin de que se dicten medidas cautelares que impidan que se asigne la concesión sin que haya más de un participante.
Así lo manifestó el abogado Herman Garrido, quien precisó que de finalizar este proceso bajo las actuales condiciones se estaría dando lugar a un vicio de nulidad insalvable, y de ahí la procedencia ilegal de la actuación.
"Ahí sí entraríamos a un hecho cierto y consumado de vulneración de derechos colectivos; vendrían las acciones penales, las acciones disciplinarias del caso. Yo creo que estaríamos frente a una situación de ‘Crónica de una muerte anunciada' como la novela de nuestro nobel", dijo el jurista.
Señaló que el Consejo de Estado fue claro en manifestar que a los ojos de la Ley no es procedente convocar una licitación para el uso de la televisión colombiana sin que haya pluralidad de oferentes y que es la salvaguarda a un derecho de especial protección lo que están lo que están buscando ellos con esta demanda.
Garrido señaló que confía en que el Juez Primero Administrativo de Descongestión de Bogotá atienda sus alegatos y se sirva a dictar las medidas cautelares que detengan el proceso, para que el concurso sobre el cual se asigne esta operación televisiva se dé sobre un marco de sana competencia, donde los televidentes puedan hacerse a un servicio de calidad.
Precisó que, al final, lo que buscan es que se corrijan las condiciones desfavorables acusadas por los oferentes que desistieron de su aspiración para que se dé vía libre a la participación de estos últimos en la licitación. Es la única manera de defender el derecho a la moralidad administrativa y el patrimonio público de los colombianos en este caso, sostuvo.