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La Procuraduría formuló pliego de cargos a los patrulleros de la Policía Nacional, Óscar Alexander Márquez Rojas y Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla, por hechos relacionados con el homicidio de tres personas durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 en Soacha, Cundinamarca.
La muerte de Anthony Gabriel Estrada Espinoza, Lorwan Stiwen Mendoza Aya y Cristian Andrés Hurtado se registró durante las manifestaciones que surgieron contra la Policía a causa del asesinato del abogado Javier Ordoñez, en el occidente de la capital, a manos de dos uniformados.
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El ente disciplinario cuestionó la conducta del patrullero Márquez Rojas quien, en su condición de integrante de patrulla de vigilancia de la estación de Policía León XIII de la Policía Metropolitana de Soacha, “posiblemente, de manera deliberada y como consecuencia del exceso en el uso de su arma, causó la muerte de Anthony Gabriel Estrada Espinoza y daños a una residencia del sector”.
La Procuraduría también formuló cargos al patrullero Ricaurte Pinilla, gestor de participación ciudadana de la estación de Policía León XIII de la Policía Metropolitana de Soacha para la época de los hechos, quien, “al parecer, de manera imprudente manipuló su pistola de dotación cuando se produjo un enfrentamiento entre los uniformados y los manifestantes”.
En contexto: Madres de víctimas de violencia policial en Soacha siguen pidiendo justicia
En Bogotá fueron 11 fallecimientos más que dejó la noche de ese miércoles. Han pasado casi tres años y el grupo de familiares de los jóvenes exige imputar no solo a los patrulleros sino a los altos mandos de la Policía que dieron la orden de agredir a la población, además de garantías para la verdad, justicia, reparación y no repetición.
Pues, de acuerdo con los informes de necropsia realizados por los peritos del Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses, la causa de la muerte de las tres personas mencionadas fue por proyectil de arma de fuego y su muerte se produjo de manera violenta.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública calificó provisionalmente la conducta de los investigados como gravísima a título de dolo para Márquez Rojas y con culpa gravísima en el caso de Ricaurte Pinilla.
Desde abril de este año, madres, familiares y amigos de las víctimas del 9S solicitan que se establezca una mesa de diálogo especial para las víctimas de violencia policial durante las protestas, piden apoyo del gobierno de la Alcaldía de Soacha y el Gobierno nacional para hacerlo posible. El objetivo que tienen estas mujeres es darle un espacio a sus casos, que genere visibilidad y acelere el aparato de justicia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
