Por haber hecho, supuestamente, acuerdos con el Clan del Golfo, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al intendente Óscar Eduardo Hernández y al patrullero Pablo Alberto Montero Sanjuan, de la Policía Nacional de Urabá. Según el ente de control, los uniformados habrían recibido dineros a cambio de no hacer su trabajo en contra del grupo.
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El Ministerio Público señala que Hernández, apoyado de su cargo y funciones en la institución, “inició un acuerdo con miembros del Clan del Golfo, subestructura Carlos Vásquez, para entregar periódicamente información sobre la presencia de la fuerza pública en la zona y operativos contra estos”.
De igual manera, el supuesto acuerdo contemplaba que los criminales no fueran perseguidos ni se ejerciera control sobre sus integrantes en la zona del Urabá. “Estos comportamientos, que presuntamente se realizaron de manera permanente hasta el día de su captura el 22 de mayo de 2020, fueron cometidos a cambio de una remuneración económica”, señala la Procuraduría.
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En el caso del patrullero, el ente de control expuso que, al parecer, a través de su superior, se sumó al presunto acuerdo “para no perseguirlos ni ejercer actos que obstaculizaran su actuar delictivo”. Los hechos se habrían presentado “cuando Montero se desempeñaba como secretario de la subestación de la Policía del corregimiento de Pavarandó, municipio de Mutatá en Antioquia, durante el período del 10 de marzo de 2018 hasta el 01 de junio de 2019″.
El patrullero Montero, según la Procuraduría, “solicitaba dinero, además de recibir una contraprestación mensual que presuntamente repartía con el intendente Óscar Eduardo Hernández”.
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