A juicio ex paras por masacre conjunta con Ejército

Con medida de aseguramiento fueron cobijados los excombatientes, que pertenecían al Bloque Héroes de Tolovó, por el múltiple crimen, que tuvo la confesa participación de militares pertenecientes a la Décima Séptima Brigada del Ejército, particularmente, del capitán Guillermo Armando Gordillo, quien se acogió a sentencia anticipada.

Según la declaración del uniformado y la de otros testigos de excepción, los militares se hicieron copartícipes del crimen, pues acompañaron toda la operación, que fue el producto de un consenso entre la fuerza castrense y el grupo armado ilegal, que incluyó el reparto de tareas.

Así lo admitió el capitán Gordillo durante la indagatoria a la que fue sometido, que hace parte del proceso que enfrentan otros diez oficiales y suboficiales cuyos casos se encuentran en la etapa de "la causa con resolución de acusación", según lo argumenta el mismo ente acusador e investigador.

Los hechos materia de juicio se desarrollaron el 21 de febrero de 2005, cuando se produjo la acción conjunta en la que fueron asesinados Luis Eduardo Guerra Guerra, su compañera Beyanira Areiza y su hijo menor Deyner Andrés Guerra Tuberquia, en la vereda Multaos Medio - Alto, del corregimiento de San José de Apartadó, en Antioquia.

Paralelo a esta masacre se originaba una incursión similar en la vereda La Resbalosa de la población cordobesa de Tierralta, donde fueron ultimados Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, su esposa Sandra Milena Muñoz Pozo, sus hijos Natalia, de cinco años, y Santiago de sólo dos, junto con el guerrillero Alejandro Pérez Castaño, alias "Cristo de Palo".

Los ocho cadáveres fueron sepultados en una fosa común del municipio de San José de Apartadó, lo cual era una práctica común de los grupos al margen de la Ley que operaban en la región, desde la misma época en que la ex alcaldesa Gloria Cuartas denunció la complicidad de la Brigada 17, entonces dirigida por el general Rito Alejo del Río, en contra de quien cursa un proceso por homicidio en persona protegida.

El 24 de febrero del mismo año se hizo pública la denuncia, que derivó en una inspección que adelantaron varios cuerpos especializados de la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Procuraduría General de la Nación, diligencia que se llevó a cabo en la finca La Corraleja. Allí fueron ubicadas las fosas donde se hallaban los cadáveres de las personas asesinadas en la masacre.

Luego de las indagaciones que adelantaron las autoridades en la región, se pudo establecer que la acción había sido perpetrada por grupos paramilitares que hacían presencia en la zona y que también dependían de Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna", en asocio con uniformados de la Compañía Bolívar del Batallón Vélez, adscritos a la Brigada 17.

Tras establecer la responsabilidad de militares e integrantes de la Autodefensas en esta acción criminal, la Fiscalía formuló cargos en contra del capitán Gordillo y acusó a diez integrantes más de su unidad como coautores de los asesinatos, que se sumaron a viejas denuncias sobre la supuesta alianza entre la Brigada 17, con sede en Carepa, Antioquia, y los hombres comandados por "Don Berna" y Freddy Rendón Herrera, alias "El Alemán".

Líderes comunales como la ex alcaldesa Gloria Cuartas y el líder de la Comunidad de Paz de San José Apartadó, padre Javier Giraldo, hablan de cientos de asesinatos, que hacen parte de una herramienta sistemática para el exterminio de campesinos y otros representantes de la comunidad.

Las denuncias, incluso, dieron lugar a una investigación en contra del sacerdote por su supuesta colaboración con frentes guerrilleros presentes en la región, luego de que el desmovilizado de las Farc conocido con el alias de "Samir" hiciera referencia a esta alianza, que fue desmentida por la Fiscalía, cuando decidió archivar la investigación.

En el curso de las pesquisas, las autoridades encontraron méritos para imputar cargos en contra de los desmovilizados Yamid de Jesús González Galárraga, alias "Álvaro" o "Álvarez"; Manuel Antonio Urango Mejía, alias "Pato", y Dernais Pérez Hernández, alias "Caucano".

Los excombatientes del Bloque Héroes de Tolová, que ya se encuentran privados de su libertad, deberán responder ante la justicia por el cargo de homicidio en persona protegida, en concurso con el delito de actos de barbarie y concierto para delinquir.

Con medida de aseguramiento fueron cobijados los excombatientes, que pertenecían al Bloque Héroes de Tolovó, por el múltiple crimen, que tuvo la confesa participación de militares pertenecientes a la Décima Séptima Brigada del Ejército, particularmente, del capitán Guillermo Armando Gordillo, quien se acogió a sentencia anticipada.

Según la declaración del uniformado y la de otros testigos de excepción, los militares se hicieron copartícipes del crimen, pues acompañaron toda la operación, que fue el producto de un consenso entre la fuerza castrense y el grupo armado ilegal, que incluyó el reparto de tareas.

Así lo admitió el capitán Gordillo durante la indagatoria a la que fue sometido, que hace parte del proceso que enfrentan otros diez oficiales y suboficiales cuyos casos se encuentran en la etapa de "la causa con resolución de acusación", según lo argumenta el mismo ente acusador e investigador.

Los hechos materia de juicio se desarrollaron el 21 de febrero de 2005, cuando se produjo la acción conjunta en la que fueron asesinados Luis Eduardo Guerra Guerra, su compañera Beyanira Areiza y su hijo menor Deyner Andrés Guerra Tuberquia, en la vereda Multaos Medio - Alto, del corregimiento de San José de Apartadó, en Antioquia.

Paralelo a esta masacre se originaba una incursión similar en la vereda La Resbalosa de la población cordobesa de Tierralta, donde fueron ultimados Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, su esposa Sandra Milena Muñoz Pozo, sus hijos Natalia, de cinco años, y Santiago de sólo dos, junto con el guerrillero Alejandro Pérez Castaño, alias "Cristo de Palo".

Los ocho cadáveres fueron sepultados en una fosa común del municipio de San José de Apartadó, lo cual era una práctica común de los grupos al margen de la Ley que operaban en la región, desde la misma época en que la ex alcaldesa Gloria Cuartas denunció la complicidad de la Brigada 17, entonces dirigida por el general Rito Alejo del Río, en contra de quien cursa un proceso por homicidio en persona protegida.

El 24 de febrero del mismo año se hizo pública la denuncia, que derivó en una inspección que adelantaron varios cuerpos especializados de la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Procuraduría General de la Nación, diligencia que se llevó a cabo en la finca La Corraleja. Allí fueron ubicadas las fosas donde se hallaban los cadáveres de las personas asesinadas en la masacre.

Luego de las indagaciones que adelantaron las autoridades en la región, se pudo establecer que la acción había sido perpetrada por grupos paramilitares que hacían presencia en la zona y que también dependían de Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna", en asocio con uniformados de la Compañía Bolívar del Batallón Vélez, adscritos a la Brigada 17.

Tras establecer la responsabilidad de militares e integrantes de la Autodefensas en esta acción criminal, la Fiscalía formuló cargos en contra del capitán Gordillo y acusó a diez integrantes más de su unidad como coautores de los asesinatos, que se sumaron a viejas denuncias sobre la supuesta alianza entre la Brigada 17, con sede en Carepa, Antioquia, y los hombres comandados por "Don Berna" y Freddy Rendón Herrera, alias "El Alemán".

Líderes comunales como la ex alcaldesa Gloria Cuartas y el líder de la Comunidad de Paz de San José Apartadó, padre Javier Giraldo, hablan de cientos de asesinatos, que hacen parte de una herramienta sistemática para el exterminio de campesinos y otros representantes de la comunidad.

Las denuncias, incluso, dieron lugar a una investigación en contra del sacerdote por su supuesta colaboración con frentes guerrilleros presentes en la región, luego de que el desmovilizado de las Farc conocido con el alias de "Samir" hiciera referencia a esta alianza, que fue desmentida por la Fiscalía, cuando decidió archivar la investigación.

En el curso de las pesquisas, las autoridades encontraron méritos para imputar cargos en contra de los desmovilizados Yamid de Jesús González Galárraga, alias "Álvaro" o "Álvarez"; Manuel Antonio Urango Mejía, alias "Pato", y Dernais Pérez Hernández, alias "Caucano".

Los excombatientes del Bloque Héroes de Tolová, que ya se encuentran privados de su libertad, deberán responder ante la justicia por el cargo de homicidio en persona protegida, en concurso con el delito de actos de barbarie y concierto para delinquir.