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La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a dos exdirectores de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) por el presunto incumplimiento en la prevención y el manejo de la emergencia causada por el rompimiento del jarillón Caregato, en la zona de La Mojana (Bolívar). Entre los investigados por la Procuraduría están Eduardo José González, último director del gobierno Duque, y Javier Pava Sánchez, primer director de la era Petro, así como el subdirector de Manejo de Desastres, Ariel Enrique Zambrano (2020-2022).
De acuerdo con el órgano de control, las irregularidades en la repuesta ante esta emergencia, ocurrida el 27 de agosto de 2021, ocasionaron graves inundaciones en la región. “La UNGRD conoció desde abril de 2017 que el Jarillón presentaba un alto riesgo de colapso, y solo cuatro años después, en marzo de 2021, solicitó la asignación de recursos para intervenir ese sector”, señaló el Ministerio Público. Los investigados habrían vulnerado los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad, entre otros; por lo tanto, la Procuraduría formuló tres cargos disciplinarios contra Eduardo González; dos contra Ariel Zambrano, y uno contra Javier Pava. En los tres casos, sus aparentes conductas fueron calificadas como faltas graves, cometidas a título de falta grave.
“Ya estamos haciendo pliego de cargos contra esos funcionarios, porque ya es necesario tomar decisiones firmes. No solo puede ser hablar de corrupción, eso está bien, pero hay que ejecutar también”, fueron las palabras de Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación. Asimismo, sobre el manejo de esta emergencia, la Procuraduría recalcó que nunca fueron contratadas las obras complementarias de dragado —operación de remoción de rocas y sedimento— en la zona, las cuales eran fundamentales para garantizar la integridad y estabilidad de los trabajos de emergencia que se adelantaban para cerrar la parte del Jarillón colapsada, y de esa forma controlar la erosión e inundación en La Mojana (Bolívar).
Esta situación, según el Ministerio Público, “demuestra falta de previsión y planeación, pues la entidad debía no solo contar con los recursos suficientes para atender la prevención del riesgo y el manejo de los desastres en general, sino también para atender lo ocurrido en el sector de Caregato, que continúa hoy en día, dado que se le habían asignado recursos suficientes para el desarrollo de sus funciones”.
Las irregularidades en el manejo de la emergencia
Las pruebas reunidas por la Procuraduría señalaron que no fueron contratadas las obras complementarias de dragado en el sector de La Mojana, las cuales eran necesarias para garantizar la integridad y estabilidad de los trabajos de emergencia que se adelantaban para cerrar la parte del Jarillón colapsada, y de esa manera controlar la erosión e inundación en la zona.
También, los contratos firmados para atender la emergencia fueron suscritos sin verificar la dimensión de las obras que requeridas para cerrar el Jarillón, así como tampoco se analizaron las obras complementarias necesarias, y no se habrían considerado de manera suficiente las condiciones meteorológicas de la época, haciendo que las medidas“resultaran insuficientes, ineficaces e ineficientes para lograr su objeto”.
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