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La exgobernadora de Quindío, Amparo Arbeláez Escalante, irá a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación agravado. Al parecer, la exmandataria departamental habría dado luz verde a órdenes que permitieron que privados se quedaran con terrenos públicos, incluido un estadio de fútbol.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema acusó formalmente a la exgobernadora, señalada de tramitar una ordenanza ante la Asamblea Departamental, la cual le permitió transferir bienes y celebrar un contrato de cesión gratuita de un predio público de 19.527 metros cuadrados a la Asociación Abrazar, una empresa privada.
Dice la Fiscalía que la entrega de los terrenos públicos se materializó con las escrituras públicas 2686 del 12 de diciembre y 2853 del 29 de diciembre, ambas de 2007. Esos documentos, señala la investigación, se registraron en la Oficina de Instrumentos Públicos el 4 de enero de 2008.
Los terrenos cedidos por la gobernadora a la empresa privada se ubican en la variante Calarcá (Quindío) – Ibagué (Tolima). Allí, fue puesta en funcionamiento la sede de la Asociación Abrazar, la cual también asumió la administración del estadio de fútbol Guillermo Jaramillo Palacio, pese a que la ordenanza departamental con la que se le entregaron los bienes, no autorizó la transferencia del escenario deportivo. El estadio fue restituido al municipio de Calarcá (Quindío) en abril de 2022 por orden judicial.
Por esas acciones, la Fiscalía encontró que las supuestas acciones de la entonces gobernadora llevaron a un detrimento patrimonial superior a COP 12.100 millones. Se encontró que tampoco hubo “estudios de conveniencia para la donación del inmueble e inconsistencias en la documentación y requisitos presentados ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá”, lo cual, al parecer, llevó al error a los funcionarios que protocolizaron la tradición del predio.
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