A la contralora parece que nada la detiene en su intención de juzgar fiscalmente a ocho magistrados y un exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) por el llamado Carrusel de las Pensiones. Pese a que aún no se han pronunciado los conjueces, que analizan si es el ente fiscal o la Comisión de Acusación de la Cámara el que tiene la competencia para procesar a los altos funcionarios en este caso, ella anunció oficialmente el llamado a juicio fiscal.
Los magistrados, que tendrán que responder por el presunto detrimento a la nación con el nombramiento de auxiliares para que pudieran incrementar el valor de su jubilación, son Henry Villarraga (presidente de la Sala Disciplinaria del CSJ), Emma Garzón, José Ovidio Claros, María Mercedes López, Carlos Arturo Ramírez, Marta Patricia Zea, José Antonio Castilla y Álvaro Rojas Marroquín] y el exmagistrado Temístocles Ortega, quien actualmente es el gobernador de Cauca.
Frente al llamado a juicio fiscal, la magistrada María Mercedes López (una de las investigadas) dijo que a pesar de que no tienen ninguna responsabilidad por el llamado ‘carrusel de las pensiones’, acata y respeta las determinaciones del organismo de control y espera demostrar su inocencia.
Según la Contraloría, el llamado “Carrusel” le significó al país un detrimento de casi $13 mil millones. Este escándalo se conoció en enero del año pasado cuando se denunció que se estaban nombrando auxiliares que estaban ad portas de tramitar su pensión. Muchos de los que pasaron fugazmente por el CSJ en los últimos tres años, lograron aumentar su pensión de $4 millones a $12 millones, sólo por trabajar un par de meses, gracias al régimen especial de jubilación de los empleados de la Rama, que otorga como pensión el último salario que reporten los empleados que trabajan para la justicia desde antes de abril de 1994.
Pese a la controversia por la competencia para procesar a los magistrados del CSJ en casos fiscales, Morellí Rico insistió en que la Contraloría es competente para investigarlos, a pesar de que los miembros de la Comisión de Acusaciones digan que ellos son los únicos que pueden hacerlo. La funcionaria ha comentado varias veces que no hay ninguna norma que diga que los miembros de las altas cortes tienen fuero a la hora de ser investigados por posibles detrimentos patrimoniales y por ello puede investigarlos.
Además, Morelli cuestionó: “Me llama poderosamente la atención que nadie quiera que lo investigue la Contraloría, donde aplicamos el debido proceso y queremos ser garantistas ¿Qué diferencia hay que uno esté sometido a que lo investigue la Contraloría, frente a lo que haga el propio Consejo Superior o la Cámara? Si son las mismas normas, la misma conducta y las mismas pruebas, uno esperaría que en las tres el resultado fuese lo mismo. Eso daría a entender que hay un método distinto y eso es grave para el país”.
La decisión de quién investigará a los magistrados está en manos de los conjueces Jorge Humberto Valero Rodríguez, Edilberto Carrero López, Pedro Nel Escorcia Castillo, Isnardo Gómez Urquijo, Carlos Mario Isaza Serrano, Jesús Antonio Guarnizo Palacio y Santos Alirio Rodríguez Sierra. Ellos estuvieron reunidos hoy, pero no llegaron a una decisión. Se volverán a reunir el próximo lunes a las 3:00 de la tarde.
Otra denuncia
A inicios de esta semana, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes recibió una denuncia contra la mayoría de los magistrados de las altas cortes de parte de un anónimo. Esto motivó a esa corporación a abrir investigaciones contra los funcionarios judiciales lo que fue rechazado por los presidentes del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Leónidas Bustos, quienes aseguraron que contra la rama judicial hay una campaña de desprestigio.
“Lo que existe es una campaña sistemática y generalizada de desacreditación y desprestigio de las Cortes, que puede estar dirigida a querer amedrantar o intimidar a la Corte Constitucional toda vez que tiene en estudio un tema relacionado con pensiones e igualmente está en el Congreso el tema de reforma a la administración de justicia”, comentó el magistrado Bustos.
Por Redacción Judicial
