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La magistrada del Tribunal Superior de Cartagena, Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, quedó formalmente a puertas de juicio luego de que la Fiscalía General de la Nación radicara escrito de acusación en su contra por presuntamente ordenar el pago irregular de más de COP 1.697 millones a un pensionado, pese a que las obligaciones pensionales ya habrían sido pagadas por el Estado.
Según la investigación liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Ramírez Villanueva habría expedido, el 10 de julio de 2013, un mandamiento de pago a favor de un pensionado por más de COP 1.697 millones, pese a que existían pruebas de que las mesadas sobre las que sustentó su decisión ya habían sido pagadas “de manera completa y oportuna” por el entonces Instituto de Seguros Sociales (ISS).
En contexto: Investigan a magistrada que habría ordenado pago ilegal de COP 1.600 millones a pensionado
Por estos hechos, la funcionaria será procesada por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravado, por los hechos ocurridos cuando se desempeñaba como jueza laboral del circuito de Barranquilla (Atlántico). Para la Fiscalía, la actuación de Ramírez Villanueva permitió que el pensionado se apropiara de recursos públicos que no le correspondían, generando un detrimento patrimonial para el Estado.
Asimismo, el ente acusador señaló que la decisión judicial habría desconocido tanto la normatividad vigente como elementos probatorios del caso. La Fiscalía sostiene que la hoy magistrada ordenó el desembolso del dinero pese a que ya se había advertido que no existían obligaciones pendientes a cargo del Estado.
De acuerdo con la acusación, la funcionaria también habría incrementado de manera injustificada una liquidación inicial de COP 571 millones, que ella misma había fijado en un auto del 24 de mayo de 2010, al incluir pagos ya realizados por el ISS y adicionar intereses moratorios e indexación que, según la Fiscalía, no correspondían.
Además, el Tribunal Superior de Barranquilla ya se había pronunciado sobre el caso y ordenado expresamente que el crédito se fijara en “cero”, al concluir que las obligaciones pensionales habían sido cubiertas en su totalidad. Sin embargo, sostiene el ente acusador, esa determinación habría sido ignorada por la magistrada Catalina del Carmen Ramírez Villanueva.
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