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La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, irá a juicio oral tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de negar, en segunda instancia, la solicitud de preclusión presentada por su defensa dentro del proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La exfuncionaria, acusada por la Fiscalía General de la Nación como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, deberá enfrentar la etapa de juicio tras quedar en firme el proceso penal en su contra.
El Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá ya había ratificado, el pasado 4 de marzo, la continuidad del proceso al rechazar la preclusión solicitada por la defensa de Ortiz, encabezada por el abogado penalista Mauricio Camacho. En su decisión, el despacho concluyó que no existen impedimentos para que la exconsejera avance a juicio, pese a que la procesada ha negado en varias ocasiones los señalamientos en su contra.
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La defensa había solicitado el cierre del caso al considerar que la Fiscalía no habría sido clara sobre un contrato relacionado con el municipio de Repelón (Atlántico). Según el abogado Camacho, tras requerir información a la Ungrd, se estableció que dicho contrato se ejecutó en Girón (Santander), lo que, a su juicio, generaba dudas sobre la imputación.
El presunto papel de Sandra Ortiz en el entramado de corrupción
La exconsejera para las Regiones fue la primera funcionaria del gobierno del presidente Gustavo Petro en ser enviada a prisión por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Posteriormente, otros integrantes del gabinete también resultaron vinculados al escándalo, entre ellos los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes permanecen privados de la libertad.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la exfuncionaria habría actuado como intermediaria en la entrega de millonarios sobornos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name Vásquez y Andrés Calle, con el fin de facilitar el trámite de reformas del Gobierno en el Congreso.
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Según el ente acusador, el 12 de octubre de 2023, en un apartamento ubicado en el centro de Bogotá, Ortiz habría recibido de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con COP 1.500 millones en efectivo. Ese dinero, presuntamente, fue transportado en un vehículo oficial hacia el norte de la ciudad para ser entregado al entonces presidente del Congreso.
La Fiscalía también sostiene que, al día siguiente y en el mismo lugar, Pinilla habría entregado otra suma igual a la exconsejera, la cual fue trasladada nuevamente al punto indicado por el senador Name. Para el ente investigador, Sandra Ortiz “tenía pleno conocimiento de que el dinero que recibió provenía de recursos de la Ungrd”.
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