Este miércoles 25 de junio se presentó un nuevo avance en el caso del líder minero, Jaime Mongo Gallego, encontrado sin vida en la vereda La Cristalina, en Vegachí (Antioquia) el pasado 9 de marzo. La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Arlenson González Vanegas, alias Sebastián o Máximo, presunto líder urbano del Clan del Golfo, por su supuesta responsabilidad en el secuestro y asesinato del líder social.
De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el 3 de marzo Gallego fue citado a una reunión en zona rural de Vegachí. Hasta allí llegó en compañía de su escolta de la Unidad de Protección Nacional (UNP), Didier Edison Berrío Pérez, pero ambos fueron retenidos por hombres armados.
Un día después, la Asociación Mesa Minera de Segovia y Remedios denunció la desaparición de Gallego, presidente de la Mesa Minera Agroambiental del Nordeste Antioqueño. Organizaciones de derechos humanos denunciaron desde el inicio que el líder había sido secuestrado por miembros del Clan del Golfo, quienes se disputan el control de las minas ilegales en el nordeste del departamento.
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Una semana después del secuestro, el cuerpo de Mongo Gallego fue hallado en la vereda La Cristalina, con múltiples heridas de bala. Su escolta, Didier Berrío, fue dejado en libertad. El grupo le entregó las llaves del vehículo al escolta, quien condujo hasta la estación de Policía de Yolombó (Antioquia) donde pidió ayuda.
Las pruebas recolectadas indicarían que alias Máximo, líder de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, habría planeado y ordenado el crimen, y sostenido conversaciones previas para coordinar la falsa reunión que sirvió de señuelo.
Arlenson González fue capturado por unidades del CTI en coordinación con la Policía, en el barrio La Loma de San Javier, en Medellín (Antioquia), el pasado 15 de junio. La Fiscalía le imputó a alias Máximo los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado, concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado. Aunque no aceptó los cargos, el juez de garantías ordenó su detención preventiva en centro carcelario.
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¿Quién era Jaime Gallego?
Jaime Mongo Alonso Gallego, oriundo de Segovia (Antioquia), fue una figura clave del movimiento social y minero en el nordeste antioqueño. Era uno de los 19 fundadores de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, creada en 2014 con el propósito de defender los derechos de los mineros tradicionales frente a las empresas extractivas.
Uno de sus principales oponentes fue Frontino Gold Mines, una multinacional de origen británico que recibió hace más de 150 años un título a perpetuidad para explotar el oro en esa región. Tras la quiebra de Frontino en 1975, la empresa fue liquidada y quedó en manos de sus trabajadores y pensionados, pero en 2011 fue adquirida por la canadiense Gran Colombia Gold.
Durante el proceso de liquidación de la empresa, surgieron denuncias por parte de mineros y líderes locales que alertaron sobre presuntas irregularidades en la administración de las minas de Frontino. Según esas versiones, a través de la Superintendencia de Sociedades, el Estado habría facilitado la entrega de contratos de explotación a estructuras paramilitares, lo que les permitió afianzar su control territorial en la región.
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Algunos de los líderes que alzaron la voz frente a estas situaciones fueron silenciados, y otros se vieron obligados a abandonar la zona debido a las amenazas en su contra. En 2018, Gallego promovió una acción popular por los impactos ambientales generados por la compañía, proceso que ganó en primera instancia.
Tres años después, en 2021, el Consejo de Estado ratificó el fallo y ordenó una verificación técnica de los daños causados por la minera. Sin embargo, Gallego denunció que la sentencia no se estaba cumpliendo y en 2024 presentó una acción de desacato contra la empresa, ya rebautizada como Aris Mining.
A lo largo de su trayectoria, Gallego se destacó por su defensa de la formalización de los mineros ancestrales, su rechazo a la cooptación del movimiento sindical por parte de grupos armados ilegales, y sus denuncias sobre los abusos cometidos por las autoridades contra las comunidades mineras tradicionales.
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