La Fiscalía judicializó a cinco miembros activos de la Policía, un agente de tránsito y dos particulares, por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de mercancías y tráfico de migrantes en el corregimiento La Parada, en Villa del Rosario (Norte de Santander), uno de los puntos más críticos de la frontera colombo-venezolana.
Según la investigación adelantada por la Seccional Norte de Santander, los hechos habrían ocurrido entre enero de 2023 y junio de 2024, periodo durante el cual los implicados se habrían concertado para permitir el tránsito ilegal de productos y personas a través de pasos no habilitados, a cambio de dádivas.
Una fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, concusión, prevaricato por omisión y tráfico de migrantes, en función del nivel de participación de cada uno en la red ilegal.
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Los policías investigados son los subintendentes Pedro Javier Méndez Mendoza y Harold Alfredo Gómez Rivero, así como los patrulleros Wilson Miguel Caicedo Fernández, Alexander Rojas Torres y Pedro José Mayorga Albarracín.
Junto a ellos, también fue imputado el agente de tránsito Hever Hernán Botero Camargo y los particulares Álvaro Sarmiento Melo y Élber Mauricio Pérez Vergel. Por decisión de un juez de control de garantías, los cinco uniformados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que los otros tres imputados seguirán vinculados al proceso en libertad.
Los uniformados, en coordinación con civiles, habrían exigido dinero a ciudadanos y grupos que movilizaban mercancías por las trochas o las almacenaban de forma clandestina en bodegas improvisadas, sin control sanitario ni autorización aduanera.
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De igual manera, se les atribuye facilitar el ingreso irregular de ciudadanos extranjeros a territorio colombiano, especialmente en vehículos con placas venezolanas que no contaban con los requisitos legales para circular en el país. Los presuntos responsables exigían pagos a los migrantes en el momento de su ingreso, permitiéndoles continuar sin ser reportados ante las autoridades migratorias.
Durante el procedimiento, también fue detenido en situación de flagrancia Julio César Guerrero Ortiz, quien tenía en su poder una gran cantidad de medicamentos y tratamientos para enfermedades de alto costo como cáncer, diabetes, obesidad, anemia y afecciones cardiacas.
La Fiscalía evidenció que Guerrero no contaba con la autorización sanitaria para almacenar o comercializar dichos productos y que estos no estaban siendo conservados bajo la cadena de frío ni los protocolos técnicos exigidos por la normatividad vigente.
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Por estos hechos, Guerrero fue imputado por los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico y enajenación ilegal de medicamentos. Un juez le impuso medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza el proceso en su contra.
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