Un concejal, un exinspector de la Policía y otras ocho personas fueron enviados a la cárcel por su presunta participación en actividades delictivas relacionadas con el despojo de tierras y el desplazamiento forzado de familias campesinas en el oriente del país. Las investigaciones los vinculan a una organización conocida como ‘Renacer’, la cual estaría dedicada al despojo sistemático de propiedades rurales en los municipios de Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán, en el departamento del Meta.
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Los procesados fueron presentados ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, quien expuso las pruebas que señalan a los acusados como integrantes de este grupo delictivo. Entre los señalados están el concejal de Puerto López, Carlos Orlando Heredia Leal; y el exinspector de Policía, Carlos Gilberto Romero Parrado; quienes, según la Fiscalía, habrían facilitado trámites administrativos fraudulentos para transferir tierras despojadas a terceros, quienes luego las comercializaban o las destinaban a actividades ilícitas.
Los 10 señalados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento forzado, desplazamiento forzado, financiación del terrorismo y de grupos delincuenciales, y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y delictivas. Ninguno aceptó los cargos, sin embargo, el juez ordenó su detención preventiva en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Además del concejal Heredia Leal y el exinspector Romero Parrado, los otros procesados son Sibel Rubiano Galvis, Carlos Enrique Osorio, Álvaro Cegua García, Luis Eduardo Quiceno Tonguino, Celerino Marín Moreno, Bernardo Antonio Ramírez Montoya, Manuel Leonardo García Herrera y Pedro Alejandro Rojas Campos.
De acuerdo con las investigaciones, el grupo delictivo ‘Renacer’ se dedicaba a desplazar forzosamente a los legítimos propietarios de fincas en varias zonas rurales del Meta, especialmente en Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán. Las víctimas, en su mayoría campesinos, eran obligadas a abandonar sus tierras mediante amenazas y actos de violencia. Posteriormente, el concejal Carlos Orlando Heredia Leal y el exinspector Carlos Gilberto Romero Parrado, presuntamente, utilizaban sus cargos públicos para facilitar los trámites administrativos necesarios para que los terrenos quedaran a nombre de terceros.
Estos terceros, vinculados al grupo delictivo, vendían las tierras como legítimas a compradores desprevenidos o incluso a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En algunos casos, las propiedades usurpadas eran destinadas a actividades ilícitas como el narcotráfico o el tráfico de armas, incrementando los ingresos del grupo criminal.
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Tres casos ya confirmados
Por ahora, las autoridades han acreditado tres casos específicos que involucran igual número de fincas en Meta, aunque no se descarta que existan más víctimas afectadas por las actividades de ‘Renacer’. Estos tres casos han permitido establecer un patrón de despojo sistemático, en el que el grupo lograba despojar a las familias campesinas con el fin de lucrarse a través de la venta ilegal de las tierras o de su explotación para actividades criminales.
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