A la cárcel exgerente de Fondo de Vigilancia por contrato de motos eléctricas para la Policía

Al resolver un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General el juzgado 41 de conocimiento impuso medida de aseguramiento en contra del exdirector del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito, César Augusto Manríquez Soacha, procesado por las irregularidades en la celebración del contrato para la compra de 100 motos eléctricas para la Policía.

En decisión de segunda instancia se revocó la decisión del juzgado 74 de control de garantías que emitió medida no privativa de la libertad al actual director del departamento administrativo del servicio civil. En las próximas horas el exfuncionario será trasladado a un centro carcelario.

Según la investigación de la Fiscalía General en la celebración de este contrato en agosto de 2012 se presentaron diferentes irregularidades puesto que no se adelantó la licitación pública para la celebración de este contrato que tuvo un costo de 4.357 millones de pesos, y la empresa beneficiada no tenía la capacidad jurídica para ejecutar dicho convenio contractual por lo que se presentaron falencias administrativas.

"No se cumplieron los trámites exigidos", señaló el fiscal en la audiencia de imputación de cargos al indicar que se presenta un agravante puesto que se trata de un funcionario público. En este sentido aseguró que conocía que estaba incurriendo en irregularidades y así firmó dicho multimillonario contrato.

"Está probado que hay un detrimento de 1.100 millones de pesos", aseguró el delegado del ente investigador sobre el hecho que estos eran fondos de Estado de los cual presuntamente se apropió en beneficio propio o de un tercero "puesto que es te dinero le fue pagado a la empresa beneficiaría".

En su intervención el fiscal aseguró que el valor unitario de cada moto en el mercado era de 2.566 dólares. Al revisar el cambio de moneda, los costos de importación entre otros el costo de cada vehículo era de 22 millones de pesos. "Pero cada fue una vendida en 43 millones de pesos".

Además en el contrato se explica que cada moto tenía una caja de poder por un valor de 5 millones cada uno. Al hacer la experticia técnica se encontró que el costo de las mismas no superaba el millón de pesos. "Se presentó un detrimento patrimonial para el Estado".
"Con su comportamiento se afecta la credibilidad en las instituciones del Estado", señaló el delegado del ente al manifestar que es evidente que este caso hace referencia a delitos contra la administración pública.

Manríquez Soacha se declaró inocente de los delitos de peculado por apropiación, celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y celebración indebida de contratos.