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Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres exintegrantes de la Fuerza Pública, señalados de pertenecer a una red criminal dedicada a sustraer y comercializar armamento militar con organizaciones delincuenciales que operan en Cundinamarca, Caquetá, Meta y Tolima.
Los implicados son Jhonathan Sneyder Novoa Poveda, patrullero retirado de la Policía y los soldados profesionales en retiro del Ejército, Milton Neider Rodríguez Venté y Ricardo José Núñez Berrio. La decisión fue adoptada luego de que la Fiscalía presentara los elementos materiales probatorios que vinculan a los hoy capturados con el tráfico ilegal de fusiles, munición y accesorios de uso privativo de las Fuerzas Militares.
De acuerdo con el material probatorio recaudado, estas personas habrían usado su conocimiento sobre la operatividad interna de las unidades militares para facilitar la sustracción de armamento que luego era ofrecido a estructuras ilegales, entre ellas grupos armados organizados y redes de crimen organizado.
Las capturas fueron realizadas por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de miembros de los batallones de Contrainteligencia Militar 5 y 6 del Ejército, en diligencias desarrolladas en Valledupar (Cesar) y Villavicencio (Meta).
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Según la investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, Novoa Poveda sería el principal articulador del grupo, y tendría a su cargo la labor de contactar a uniformados activos en distintas regiones del país para persuadirlos de extraer armamento de los almacenes militares.
Por su parte, Rodríguez Venté y Núñez Berrio, quienes al momento de los hechos aún hacían parte del Ejército, habrían aprovechado su posición dentro del Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo (Cundinamarca), para sacar de manera irregular armas de fuego, munición y accesorios militares. Estas armas eran transportadas en condiciones que buscaban evadir los controles internos y luego eran vendidos de manera clandestina.
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía les imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, cargo que ninguno de los tres procesados aceptó. Sin embargo, el juez avaló la solicitud del ente acusador y ordenó su traslado a centros de reclusión mientras avanza el proceso judicial.
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