El pasado viernes un juez de control de garantías dictó orden de captura contra dos funcionarias de la Contraloría General investigadas por su presunta participación en los seguimientos ilegales que se adelantaron en contra de un grupo predeterminado de personas durante la administración de Sandra Morelli Rico en el año 2011.
Esta determinación se tomó al revisar un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General en contra de la decisión de un juez de control de garantías que no aceptó la petición del ente investigador para cobijar con medida de aseguramiento intramural a las dos funcionarias del ente de control fiscal.
Según la Fiscalía General, las dos funcionarias son investigadas por los delitos de prevaricato por acción, abuso de función pública, ocultamiento de elementos probatorios, falsedad material de documento y falsedad ideológica de documento público. El pasado sábado agentes del CTI hicieron efectivas las detenciones.
Las servidoras habrían utilizado un proceso de responsabilidad fiscal adelantado en el año 2011 para indagar de manera arbitraria respecto de diversas personas naturales y jurídicas no sujetas de la acción de la Contraloría General de la República, lo que constituiría un ejercicio caprichoso de las atribuciones investigativas conferidas al máximo ente de control fiscal del país.
En la recolección de elementos materiales probatorios se determinó que las dos funcionarias “habrían ocultado y/o falsificado elementos materiales probatorios de interés para la investigación de la Fiscalía General de la Nación” en las indagaciones por las irregularidades en la contratación de la nueva sede de la Contraloría General en el occidente de la capital de la República.
La investigación de la Fiscalía señaló que las dos funcionarias sin autorización o justificación alguna participaron en las ordenes emitidas para los seguimientos e interceptaciones ilegales a los columnistas del diario ElEspectador Ramiro Bejarano y Cecilia Orozco Tascón, entre otros periodistas.
La exjefe de la oficina de control disciplinario interno de la Contraloría General de la República, Edith Rocío González Martínez y a la exjefe de la Unidad de Aseguramiento Tecnológico e Informático del ente de control fiscal, Mónica Esperanza Cano Bedoya se encuentran actualmente privadas de su libertad en centro carcelario a la espera del inicio del juicio.
Por Redacción Judicial
