Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un juez de control de garantías ordenó la captura y le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario una mujer señalada de haberse hecho a al menos $450 millones por medio de estafas con supuestos remates judiciales a compradores en Bogotá. Se trata de Adriana Patricia Lizarazo Cordero quien, según el ente investigador, suplantaba a entidades públicas para negociar inmuebles y carros de alta gama, a bajo precio.
El ente investigador, a través del material probatorio que ha recopilado hasta el momento, estableció que Lizarazo Cordero habría fingido ser funcionaria de diferentes entidades públicas, como la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Le puede interesar: Combates en Jamundí dejan un soldado y tres disidentes de las Farc muertos
De ese modo se ganaba la confianza de las víctimas y lograba que le consignaran altas sumas de dinero. Sus clientes serían personas en busca de opciones de negocio rentables y atractivas para invertir sus ahorros. Con esa estrategia, entre los años 2016 y 2024 la mujer habría logrado captar ilícitamente más de $450 millones.
Como supuesto soporte de los negocios, la mujer enviaba a los inversores letras de cambio, contratos comerciales y otros documentos que permitían a las víctimas creer en la legalidad de las negociaciones. Pero, en realidad, ninguno de esos documentos tenía validez real.
Más contenido: Bombardeo al Clan del Golfo en Antioquia: Mindefensa dio detalles de la operación
Luego los animaba a transferir el dinero para la presunta compra de unos pines que les permitirían participar en los remates, pero las personas estafadas nunca recibían los bienes o la devolución del dinero que entregaban en esa especie de anticipo. Hasta el momento, la Fiscalía ha asociado ocho denuncias en contra de la mujer.
La mujer, que fue capturada en el municipio de Susa (Cundinamarca) y un fiscal de la Seccional Bogotá de la Fiscalía le imputó los delitos de estafa agravada y abuso de confianza. El juez de control de garantías ordenó enviarla a la cárcel de manera preventiva.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
