Un presunto sicario del Clan del Golfo fue enviado a prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra por el homicidio de un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ocurrido en Montería (Córdoba).
Se trata de Luis Alberto Ramírez Urdaneta, alias “Risas”, quien fue presentado por la Fiscalía ante un juez de control de garantías por su presunta participación en el crimen perpetrado el 5 de agosto de 2024 en el barrio La Victoria, en la capital cordobesa.
De acuerdo con la investigación, el funcionario se desplazaba por vía pública cuando fue interceptado por dos hombres en motocicleta. Uno de ellos, que sería alias “Risas”, le habría disparado en repetidas ocasiones, causándole la muerte.
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La hipótesis de la Fiscalía señala que el ataque sería una retaliación por impedir el ingreso de teléfonos celulares a la cárcel La Merced, donde permanecen recluidos integrantes del Clan del Golfo. Alias “Risas” presuntamente integraría la subestructura Javier Yépez Cantero del grupo armado y tendría como función la ejecución de homicidios selectivos en Montería.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado. El hombre no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Alias “Risas” fue capturado en zona rural de esa ciudad en un operativo conjunto entre la Sijín de la Policía de Córdoba y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). En el procedimiento le incautaron un revólver calibre 38, seis cartuchos y un teléfono celular.
Uno de los ataques más recientes a funcionarios del Inpec ocurrió el pasado 13 de enero, cuando hombres armados atacaron el vehículo del director de la cárcel de Neiva (Huila), Edgar Rodríguez Muñoz. En el atentado armado murió su hijo Ismael Rodríguez, de 11 años, y días después cobró también la vida del subdirector del centro penitenciario, Renato Solano Osorio.
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El hecho se registro sobre las 7:03 de la mañana en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Rivera. El vehículo en el que se movilizaban Rodríguez Muñoz, su hijo, el subdirector de la cárcel y un conductor fue interceptado por dos hombres en motocicleta que dispararon en repetidas ocasiones. A raíz del ataque, el director Rodríguez Muñoz presentó su renuncia a la dirección del centro penitenciario.
En su momento, la Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía “adelantar investigaciones prontas y eficaces que permitan esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia”. Además, pidió al Gobierno nacional y a las entidades competentes adoptar acciones de prevención, seguridad y protección en los establecimientos de reclusión.
La entidad señaló que el Estado colombiano tiene el deber de proteger la vida, la integridad y la dignidad de los servidores públicos, y afirmó que “sin seguridad para ellos y sus familias, no es posible construir un sistema penitenciario verdaderamente humano y conforme a la Constitución”.
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