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En un importante golpe contra el crimen organizado, la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a nueve presuntos integrantes de una red delictiva señalada de suplantar identidades para realizar fraudes bancarios y hurtos mediante medios informáticos en ciudades como Santa Marta (Magdalena), Barranquilla (Atlántico) y otras localidades del norte del país.
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Según las investigaciones, esta organización criminal logró apropiarse de más de $3.088 millones, afectando principalmente a ciudadanos de la Costa Atlántica. Los procesados enfrentan imputaciones por los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y violación de datos personales. Pese a las pruebas presentadas, los acusados no aceptaron los cargos.
De acuerdo con los elementos recopilados por la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos, la estructura delictiva operaba mediante un esquema organizado con roles definidos. Primero estaban los reclutadores que se dedicaban a contactar ciudadanos y ofrecerles pagos de $100.000 pesos a cambio de datos personales, huellas dactilares y fotografías. Estos datos eran utilizados posteriormente para abrir cuentas corrientes a nombre de las víctimas, sin que ellas supieran el alcance del fraude.
Otro grupo tomaba control de los productos financieros obtenidos de manera fraudulenta y los utilizaba para aparentar la creación de negocios ficticios. Estos “establecimientos” servían como fachada para tramitar la entrega de datáfonos, supuestamente con el propósito de facilitar transacciones de sus falsos clientes.
Según la investigación, algunos empleados de entidades bancarias también hacían parte de la red. Estos trabajadores accedían ilegalmente a las bases de datos financieras y cargaban tarjetas de crédito a nombre de los clientes legítimos. Posteriormente, las tarjetas eran utilizadas por la red para realizar compras y movimientos de dinero a través de los datáfonos previamente obtenidos, lo que les permitía blanquear grandes sumas de dinero sin ser detectados inmediatamente por las víctimas.
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Durante los operativos, la Fiscalía recopiló pruebas clave que evidencian el rol de cada uno de los involucrados en esta red criminal. Aunque los acusados no aceptaron los cargos, la Fiscalía continuará avanzando en el proceso judicial para garantizar su judicialización. Asimismo, se adelantan investigaciones adicionales para determinar si existen más personas involucradas en esta estructura delictiva, incluyendo posibles vínculos con otras regiones del país.
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