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Un sacerdote de 57 años, cuyo nombre fue omitido por la Fiscalía, fue enviado a la cárcel mientras avanza una investigación en su contra por abuso sexual. La víctima es su sobrina, una menor de 11 años, quien denunció que los hechos habrían ocurrido cuando ella fue a visitar al sacerdote en las vacaciones de fin de año.
De acuerdo con la denuncia, la niña viajo en diciembre de 2024 hasta la casa cural de la iglesia donde trabaja el párroco en un municipio de Urabá (Antioquia). Allí, “el sacerdote habría aprovechado para realizarle tocamientos de carácter sexual a la menor en varias oportunidades”, señaló la Fiscalía.
El ente de control imputó al sacerdote por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado; cargos que no fueron aceptados. Además, por petición de Fiscalía, un juez de control de Garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
¿Cómo avanzan las investigaciones por casos de pederastia de la Iglesia Católica?
Tras años de litigio judicial, el pasado 26 de mayo la Corte Constitucional le dio la razón a dos periodistas que exigían acceso a información sobre casos de abuso sexual infantil cometidos por miembros de la Iglesia Católica en Colombia. El alto tribunal resolvió un expediente que recopilaba más de 100 tutelas interpuestas por la negativa de la curia a entregar datos relacionados con estos hechos, argumentando el llamado secreto pontificio.
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El caso había estado en estudio durante más de dos años en el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Su ponencia fue votada por la Sala Plena el 13 de mayo. Sin embargo, fue rechazada. El expediente pasó entonces a manos del magistrado Miguel Polo Rosero, quien elaboró una nueva ponencia que fue aprobada por seis votos contra dos. La decisión constituye un hito en materia de libertad de prensa y acceso a la información.
El fallo establece que cualquier ciudadano, y en particular los periodistas, pueden acceder por medio del derecho de petición a datos relacionados con casos de pederastia en instituciones religiosas, aun cuando no se precise el nombre del clérigo implicado.
El pronunciamiento se dio tras una larga batalla judicial liderada por los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, quienes desde hace años vienen documentando casos de abuso sexual dentro de la Iglesia en Colombia. A pesar de dos sentencias anteriores (T-091 de 2020 y SU-191 de 2022) que ya habían ordenado entregar la información, la curia insistía en mantenerla bajo reserva, lo que motivó las nuevas acciones legales.
Con la escasa información obtenida hasta ahora, los periodistas han logrado documentar al menos 517 casos de sacerdotes presuntamente involucrados en abusos sexuales contra menores, muchos de los cuales no habrían sido reportados a la Fiscalía General de la Nación.
En su nuevo fallo, la Corte fue enfática: la reserva eclesiástica no puede estar por encima de los derechos fundamentales de petición y acceso a la información, especialmente cuando lo que está en juego es el interés superior de los niños y el derecho de la sociedad a conocer la verdad sobre estos hechos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
