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La Corte Constitucional dejó entre sus pendientes para este 2022 abordar la despenalización del aborto. Aunque desde 2006, las reglas para practicar ese procedimiento ya estaban establecidas, dos demandas abrieron la puerta a que el alto tribunal verificara si existe posibilidad de sentar nuevas bases. El trámite transcurrió sin novedad alguna. Por reparto, los documentos llegaron a los despachos de los magistrados Alberto Rojas y Antonio Lizarazo, quienes expusieron sus ponencias a la Sala Plena. Cuando estaban a días de zanjar el debate, un impedimento del magistrado Alejandro Linares frenó en seco la discusión. Ahora, el panorama está así: el conjuez Hernando Yepes debe definir, junto con la Sala Plena, si aceptan que el jurista se aparte del debate de fondo.
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La discusión inició por cuenta de unas declaraciones que entregó el magistrado Linares a los medios de comunicación tras salir victorioso con la ponencia que dejó al exsenador Álvaro Uribe, investigado por presunta manipulación de testigos, en calidad de imputado. La salida en falso de Linares se dio cuando le preguntaron sobre el aborto y dio su postura sobre el tema públicamente, costándole una recusación de las organizaciones que interpusieron la demanda para despenalizar el aborto. Tras allegar el documento al alto tribunal, él mismo presentó su impedimento para ser parte del debate. La discusión sobre este punto fue a la Sala Plena y culminó en un empate que ahora debe resolver Yepes como conjuez.
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Así las cosas, su decisión determinará si el magistrado Linares puede o no participar de la discusión del crucial expediente. Esa determinación, de alguna forma, preocupa los cálculos del resto de magistrados en la Sala, pues el voto del jurista es clave para la despenalización del aborto, ya que en decisiones pasadas ha expuesto abiertamente que apoya la idea. Si Linares recibe el espaldarazo de Yepes y de la Sala Plena, podrá ingresar a la discusión con sus posturas liberales que prometen hacer bloque con sus compañeros Antonio José Lizarazo, Alberto Rojas y José Fernando Reyes. Mientras que los magistrados que votarían en contra serían: Paola Meneses, Cristina Pardo y Jorge Enrique Ibáñez.
Por ahora, el voto para desequilibrar la balanza lo tendría la magistrada Diana Fajardo, quien, aunque no ha sido clara su intención, fuentes cercanas al alto tribunal le confirmaron a este diario que se estaría inclinando a apoyar el argumento de la despenalización del aborto. Aunque no se descarta que Ortiz e Ibáñez pidan una fórmula mixta (que el aborto sea libre hasta la semana 14 y se mantengan las causales definidas desde 2006). Por estas cuentas, el voto de Linares es crucial para el futuro de este fallo posiblemente histórico. Expertos coinciden en que esta es la oportunidad más clara para que la Corte Constitucional siente nuevas bases para la práctica de dicho procedimiento en el país.
No obstante, aunque la votación de alguna forma podría estar barajada, la discusión aún está empantanada y aún más con la designación de Yepes como conjuez, a quien es conocido por sus tendencias conservadoras, que podrían influir en la decisión. Por el momento, el propósito del alto tribunal es abordar el debate una vez culmine la vacancia judicial, la cual terminó el pasado 10 de enero. No obstante, con los ires y venires en la Sala Plena, se podría postergar un poco la determinación. En caso de ser así, y de quedar la discusión para el segundo mes del año, entraría en escena un nuevo protagonista.
Se trata de la magistrada Natalia Ángel Cabo, quien remplazará al saliente magistrado Alberto Rojas, uno de los ponentes en la discusión. Aunque su postura ya está sentada, lo que sí puede hacer la nueva integrante es equilibrar aún más la balanza sobre la votación para eliminar o no el aborto en Colombia. Ambas ponencias, la de Rojas y Lizarazo, pretenden eliminar el delito. Aunque el aborto en el país ya es un hecho bajo las tres casuales (malformación del feto, abuso sexual a la mujer y riesgo en la vida de la madre), con las dos demandas pretenden dejar sin piso ese delito.
El proyecto de fallo, del actual presidente de la Corte, Antonio Lizarazo, propone eliminar el aborto como delito por ser una práctica que va en contra de los derechos de las mujeres, niñas y personas gestantes. La misma posición la plasmó el magistrado Rojas, quien aseguró en su ponencia que el Congreso tiene una deuda de más de cuarenta años para regular el aborto en el país. A juicio de los juristas, las barreras para acceder a dicho procedimiento han fomentado la muerte de mujeres que llegan a practicarse el aborto de manera clandestina y sin la ayuda médica que requiere el procedimiento.
Desde 2019, esta es la posibilidad más clara que la Corte ha tenido para regular nuevamente el aborto en Colombia. El debate más reciente que puso de presente las posturas de los magistrados se registró por cuenta de una demanda que interpuso la abogada Natalia Bernal, quien, contraria a las pretensiones actuales, solicitaba que el procedimiento fuese penalizado totalmente. En ese entonces, aunque la ponencia del magistrado Linares proponía dejar el procedimiento mixto, la Sala concluyó que la demanda estaba mal presentada y la Corte se declaró inhibida.