A preparar una justicia para la paz

Para la Rama Judicial y los organismos de control, 2013 fue un año plagado de controversias: desde los supuestos ofrecimientos hechos por el otrora magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga, a un oficial investigado por falsos positivos, hasta las enconadas discusiones en las que se trenzaron el fiscal Eduardo Montealegre, el procurador Alejandro Ordóñez y la contralora Sandra Morelli.

Fue necesario que el presidente Juan Manuel Santos llamara a la calma a los directores de estas entidades, cuyos encontrones han llegado, incluso, a los estrados judiciales. En medio de esta controversia, el Gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de una reforma a la justicia con propuestas ya conocidas.

Entre ellas, la de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, la de reformar las facultades de las altas cortes y medidas para descongestionar el sistema judicial. Estos y otros problemas ya de larga data —entre ellos el hacinamiento carcelario, que ronda el 53%— hacen parte de la lista de retos que se les vienen a la Rama Judicial y a los entes de control para este 2014.

Prepararse para la paz

De acuerdo con la Fiscalía, de llegarse a un acuerdo de paz con las Farc, al sistema judicial —ya congestionado— ingresarían unos 300 mil nuevos procesos, en este caso contra los guerrilleros que se desmovilicen y se sometan a la justicia transicional. Esto va a significar una inmensa carga para un sistema que ha mostrado escasos resultados —apenas 14 condenas en ocho años— en la sanción de los ‘paras’ que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz. Actualmente, el ente investigador adelanta 16 macroprocesos penales para esclarecer los principales hechos del conflicto. Lo que ocurra con estos expedientes va a servir de antecedente de unos posibles macroprocesos producto de las negociaciones con las Farc.

Recuperar la legitimidad

De acuerdo con una encuesta hecha por la firma Gallup en noviembre pasado, el 71% de los colombianos tienen una imagen desfavorable del sistema judicial.  El año pasado, los coletazos del caso por el carrusel de pensiones —por el que varios magistrados auxiliares y seccionales se pensionaron con millonarias jubilaciones pese a haber estado pocos meses en sus cargos— y lo sucedido con el otrora magistrado  del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga, minaron la legitimidad del sistema judicial. El reto no es otro que recuperar esa credibilidad perdida.

Limar las asperezas

Todo el año pasado fue de discusiones entre los jefes de los organismos de control. De hecho, 2013 finalizó con un agarrón entre el fiscal Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez por la sanción que éste le impuso al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El jefe del ente investigador llegó a decir que el modelo de justicia del Ministerio Público era “medieval e inquisitivo”. Al respecto, el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que las peleas entre los directores de los entes de control no le sirven a nadie.

Reducir el hacinamiento

Con los años, el hacinamiento carcelario se ha convertido en una bomba de tiempo. Actualmente  asciende al 53%. El Gobierno pretende hacerle frente a este problema con un nuevo Código Penitenciario y Carcelario —al que sólo le falta el aval del presidente Juan Manuel Santos— que propone, entre otras, medidas que una mayor cantidad de condenados puedan pagar sus penas detenidos en sus casas. Sin embargo, algunas funcionarios, como el vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, han dicho que este Código no soluciona el problema.

Descongestionar la justicia

En 2012, cuando el Banco Mundial reveló que la justicia colombiana estaba entre las más lentas del mundo,  el Gobierno tomó una serie de medidas para agilizar el sistema, entre ellas, la expedición de un nuevo Código General del Proceso. Sin embargo, el problema sigue. De acuerdo con Asonal Judicial, con el fin de descongestionar el sistema, los funcionarios judiciales se encuentran trabajando “al 200%”. Y el panorama se agrava porque, de acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, no hay plata suficiente para esta tarea pendiente.

Para la Rama Judicial y los organismos de control, 2013 fue un año plagado de controversias: desde los supuestos ofrecimientos hechos por el otrora magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga, a un oficial investigado por falsos positivos, hasta las enconadas discusiones en las que se trenzaron el fiscal Eduardo Montealegre, el procurador Alejandro Ordóñez y la contralora Sandra Morelli.

Fue necesario que el presidente Juan Manuel Santos llamara a la calma a los directores de estas entidades, cuyos encontrones han llegado, incluso, a los estrados judiciales. En medio de esta controversia, el Gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de una reforma a la justicia con propuestas ya conocidas.

Entre ellas, la de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, la de reformar las facultades de las altas cortes y medidas para descongestionar el sistema judicial. Estos y otros problemas ya de larga data —entre ellos el hacinamiento carcelario, que ronda el 53%— hacen parte de la lista de retos que se les vienen a la Rama Judicial y a los entes de control para este 2014.

Prepararse para la paz

De acuerdo con la Fiscalía, de llegarse a un acuerdo de paz con las Farc, al sistema judicial —ya congestionado— ingresarían unos 300 mil nuevos procesos, en este caso contra los guerrilleros que se desmovilicen y se sometan a la justicia transicional. Esto va a significar una inmensa carga para un sistema que ha mostrado escasos resultados —apenas 14 condenas en ocho años— en la sanción de los ‘paras’ que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz. Actualmente, el ente investigador adelanta 16 macroprocesos penales para esclarecer los principales hechos del conflicto. Lo que ocurra con estos expedientes va a servir de antecedente de unos posibles macroprocesos producto de las negociaciones con las Farc.

Recuperar la legitimidad

De acuerdo con una encuesta hecha por la firma Gallup en noviembre pasado, el 71% de los colombianos tienen una imagen desfavorable del sistema judicial.  El año pasado, los coletazos del caso por el carrusel de pensiones —por el que varios magistrados auxiliares y seccionales se pensionaron con millonarias jubilaciones pese a haber estado pocos meses en sus cargos— y lo sucedido con el otrora magistrado  del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga, minaron la legitimidad del sistema judicial. El reto no es otro que recuperar esa credibilidad perdida.

Limar las asperezas

Todo el año pasado fue de discusiones entre los jefes de los organismos de control. De hecho, 2013 finalizó con un agarrón entre el fiscal Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez por la sanción que éste le impuso al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El jefe del ente investigador llegó a decir que el modelo de justicia del Ministerio Público era “medieval e inquisitivo”. Al respecto, el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que las peleas entre los directores de los entes de control no le sirven a nadie.

Reducir el hacinamiento

Con los años, el hacinamiento carcelario se ha convertido en una bomba de tiempo. Actualmente  asciende al 53%. El Gobierno pretende hacerle frente a este problema con un nuevo Código Penitenciario y Carcelario —al que sólo le falta el aval del presidente Juan Manuel Santos— que propone, entre otras, medidas que una mayor cantidad de condenados puedan pagar sus penas detenidos en sus casas. Sin embargo, algunas funcionarios, como el vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, han dicho que este Código no soluciona el problema.

Descongestionar la justicia

En 2012, cuando el Banco Mundial reveló que la justicia colombiana estaba entre las más lentas del mundo,  el Gobierno tomó una serie de medidas para agilizar el sistema, entre ellas, la expedición de un nuevo Código General del Proceso. Sin embargo, el problema sigue. De acuerdo con Asonal Judicial, con el fin de descongestionar el sistema, los funcionarios judiciales se encuentran trabajando “al 200%”. Y el panorama se agrava porque, de acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, no hay plata suficiente para esta tarea pendiente.