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¿A qué se enfrentan Nicolás Petro y Daysuris Vásquez tras ser capturados?

Se espera que este sábado el hijo mayor del presidente Gustavo Petro y su expareja sean imputados por dos delitos cada uno. Acá le contamos lo que sigue en el caso.

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 29/07/2023.- Fotografía de archivo del 7 de agosto de 2022 que muestra a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro (d) junto a su exesposa Day Vásquez (i) en la ceremonia de investidura del presidente Gustavo Petro, en la Plaza Bolívar de Bogotá (Colombia). Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue detenido este sábado por la Fiscalía, que lo investiga por el posible delito de lavado de dinero. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/ARCHIVO
Nicolás Petro y Day Vásquez durante la posesión de Gustavo Petro como presidente, el 7 de agosto de 2022.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El escándalo político y judicial del momento es protagonizado por el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos; y su exesposa, Daysuris Vásquez. Los dos fueron capturados en la mañana de este sábado y serán trasladados desde Barranquilla a Bogotá para la audiencia de imputación de cargos y para la solicitud de medida de aseguramiento. Acá les contamos cuáles son los caminos que le esperan al diputado y su expareja por, supuestamente, haber recibido dineros para la campaña presidencial de su padre por parte de exnarcos y empresarios cuestionables.

En contexto: Fiscalía capturó a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro

De acuerdo con el abogado penalista Francisco Bernate, luego de ser materializadas las capturas, la Fiscalía tiene 36 horas para presentar a Petro Burgos y a Vásquez ante un juez de control de garantías. Una vez sean presentados ante el Juzgado, realizarán tres audiencias diferentes: una para la legalización de captura, otra para la imputación de los cargos, que ellos podrán aceptar o no; y otra para pedir medida de aseguramiento.

“Dado que hay un delito que es el lavado de activos y, particularmente, el enriquecimiento ilícito de servidor público, va a haber un debate en el caso de que haya una aceptación de cargos, aunque no lo veo posible. En la medida que hubo un incremento patrimonial, tendrían que reintegrar dicho monto. Es decir, en la medida que ellos se enriquecieron, tendrían que reintegrar eso que constituye su enriquecimiento. En ese sentido, no veo fácil que haya una aceptación de cargos en ninguno de los dos casos. En el caso de que sí, tampoco está tan claro que tengan derecho a la rebaja del 50 %”, agregó Bernate.

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Una vez termine la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía le solicitará al juez que imponga una medida de aseguramiento, demostrando y probando no solamente la responsabilidad de ellos en los hechos, sino que si se defienden en libertad pueden representar un peligro. Ahí el juez decidirá si impone o no una medida de aseguramiento, que puede ser privativa de la libertad, como la detención domiciliaria o intramural, o no privativa, como la prohibición de salir del país o la obligación de comparecer al juzgado. Esta decisión puede ser apelada ante el juez penal del circuito, pero se cumple de inmediato. Ahí empieza la fase de indagación, en la que la Fiscalía evalúa las pruebas, a fin de determinar si acusa o no a estas personas ante el juez, y se abre el juicio. “A partir de hoy están abiertas todas las posibilidades para llegar acuerdos con la Fiscalía”, concluyó Bernate.

A Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, se le imputarán los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El Código Penal colombiano, en el artículo 323, establece que quien incurra en el primero de ellos se enfrenta a una pena de prisión de diez a treinta años y a una multa de mil a cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por su parte, el delito de enriquecimiento ilícito, según el artículo 327 del código penal, implica una pena de 96 a 180 meses y una multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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