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El presidente Abelardo de la Espriella formalizó la salida de Wilmar Mejía como director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). El decreto presidencial declara “insubsistente” el nombramiento de Mejía, quien había sido designado en el cargo mediante el Decreto 0367 del 7 de abril de 2026, tras la salida de Jorge Lemus.
La decisión se tomó después de que Mejía presentara su carta de renuncia. En una misiva dirigida a la Presidencia, el funcionario expresó su intención de dejar el cargo de manera voluntaria y señaló que la renuncia quedaría en firme en el momento en que así lo dispusiera el Ejecutivo.
“Me pongo a disposición del nuevo Gobierno para efectuar el proceso de empalme en la forma y términos que usted disponga, garantizando la continuidad de las operaciones de inteligencia financiera y el cumplimiento de los compromisos ante el Grupo Egmont y el GAFILAT”, señaló Mejía.
En reemplazo de Mejía llegará Martha Luz Reyes, cuyo nombramiento fue anunciado por el propio presidente De la Espriella ante la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el vicepresidente, José Manuel Restrepo. Reyes es abogada de profesión y cuenta con experiencia como funcionaria de la Fiscalía General de la Nación y procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
El paso de Wilmar Mejía por la UIAF estuvo marcado por una controversia relacionada con presuntos nexos con disidencias de alias “Calarcá”, antes de que asumiera su cargo en esta entidad, clave para monitorear el flujo de operaciones financieras en el país con el fin de detectar y prevenir el lavado de activos y la financiación de actividades terroristas.
La presunta relación de Mejía con alias “Calarcá”, jefe máximo de las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF, antiguas Farc), salió a la luz el 23 de noviembre de 2025, cuando la Unidad Investigativa de Noticias Caracol publicó una serie de denuncias sobre el caso.
Según esa investigación, chats, cartas, fotografías, correos electrónicos y documentos internos revelarían que el general (r) Juan Miguel Huertas, junto con Mejía, quien en ese entonces era funcionario del DNI, le habrían planteado a las disidencias la creación de una empresa de seguridad con apariencia legal. Esta figura, supuestamente, le habría permitido al grupo armado desplazarse en vehículos blindados y portar armamento con permiso oficial.
El material que sustenta estas denuncias salió a la luz a partir de la revisión de computadores, teléfonos celulares y memorias USB que las autoridades incautaron a “Calarcá” y a miembros de su estructura tras su captura, ocurrida el 23 de julio de 2024 en un operativo realizado en Anorí (Antioquia).
Mejía ha rechazado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con las disidencias. No obstante, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en su contra desde noviembre de 2025.
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