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El abogado Jaime Paeres Jaramillo, defensor del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en Colombia, tuvo que esconderse. Hasta hace unos días estuvo con su familia pasando la cuarentena por el COVID-19 en San Cristóbal, un corregimiento de Medellín, pero de allí tuvo que salir huyendo el pasado 15 de julio, luego de enterarse de que un comando de 35 personas con armas de largo alcance llegaron a una finca que le pertenece a un funcionario de la Fiscalía y que está cerca de la propiedad donde él se estaba quedando. El administrador de la finca vecina fue quien le informó del asunto. (A Salvatore Mancuso le espera la prisión apenas llegue a Colombia)
“Una vez hizo presencia el grupo armado en la finca administrada por él, hizo dos disparos de arma de fuego tratando de intimidar a quienes llegaron pero [me dijo] que luego tuvo que rendirse ante la superioridad numérica y de armas de quienes procedieron a inmovilizar a todas las personas que allí estaban, luego los ‘torturaron', ya que fueron fuertemente golpeados todos, incluso [el administrador] me cuenta que lo tiraron al piso y se montaban encima de él, hecho de por sí repudiable y lastimoso”. De esa forma, Paeres envió una comunicación al fiscal general, Francisco Barbosa, contándole lo que supo.
Además de lo “alarmante” que resulta para el litigante el hecho de que un grupo armado tan grande ronde por la segunda ciudad más importante del país, Paeres le explica al fiscal en su denuncia, conocida por El Espectador, que la operación inequívocamente se ejecutó para afectarlo a él, pues los hombres armados le mostraron al administrador de la finca vecina fotos suyas y de su familia. “Le preguntaron que si me conocía y que si yo estaba allí”, narró Paeres en su denuncia, para luego contar que, tal como se lo sugirió el administrador, él y su familia se fueron del lugar donde se estaban quedando. (A Salvatore Mancuso le espera la prisión apenas llegue a Colombia)
Paeres le dijo al fiscal general que el comandante de Policía de San Cristóbal “se ha puesto a disposición las 24 horas del día”, pero que, por la gravedad de lo ocurrido, consideraba que se debían “tomar decisiones y ejecutar acciones de mucha más complejidad”. Ese mismo día, mientras llegaba el comando de hombres armados a la finca vecina, a la Policía llamaron a avisar que algo ocurría en El Naranjal. Los policías se desplazaron a una vereda que tiene ese nombre y no al conjunto residencial donde estaba el abogado Paeres, hecho que él consideró “providencial”: “Lo más seguro es que los hubieran asesinado (a los policías) y lo estuviéramos lamentando”.
“Lo sucedido, además de ser muy preocupante y desestabilizador, también puede ser un lamentable y funesto mensaje para Salvatore Mancuso, las víctimas, incluso las mismas autoridades judiciales que han luchado incansablemente para sacar adelante el proceso de Justicia y Paz”, señaló Jaime Paeres. El abogado pidió seguridad para el sector de San Cristóbal y, de ser posible, medidas de seguridad para él también. “Como comprenderá la situación ha generado total alerta y alarma, dada su gravedad”, le dijo Paeres al fiscal Barbosa para cerrar su denuncia.
“Así tan directamente yo no había recibido amenazas antes”, le contó Paeres a El Espectador, que lo buscó después de conocer el contenido de su denuncia. “Aunque sí hemos sido víctimas de actos delictivos por ser el abogado de Salvatore Mancuso. Por ejemplo, el año pasado fuimos víctimas de un hackeo en los computadores de la oficina y secuestraron toda nuestra información. Después de este episodio, realmente lo único que hemos hecho es ocultarnos y esperar que las autoridades actúen. Hasta el momento ha sido complejo, nos hemos resguardado para preservar nuestra vida”.(La convivir de Salvatore Mancuso: militares, ganaderos y armas refundidas)
El litigante cuenta que de la Fiscalía se comunicó con él la fiscal 46 de Justicia y Paz, Magally Álvarez. “Ella ha estado muy pendiente y le ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección que me brinden las garantías necesarias para preservar mi vida. Sé que la Fiscalía también ofició al comandante de la Policía Metropolitana (del Valle de Aburrá)”, asegura Paeres, quien se pregunta si este es un “claro mensaje” para el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y sus defensores. “Si Salvatore regresa corre, como él mismo me lo ha advertido, un grandísimo peligro. De eso no nos queda la menor duda”.
El 27 de marzo, Salvatore Mancuso terminó de pagar su condena de 15 años de prisión en Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2008, por cargos de narcotráfico. Se esperaba que su regreso a Colombia se diera de inmediato, pero la pandemia por el coronavirus frenó su traslado. Hace unas semanas, supo este diario, fue trasladado a una cárcel en Atlanta (EE.UU.), y allí se encuentra a la espera de que se tome alguna decisión con respecto a su futuro. En Colombia, igualmente, le esperan varias cuentas pendientes por la justicia.
Mancuso ya tiene dos sentencias en su contra desde Justicia y Paz. Una proferida el 20 de noviembre de 2014 por el Tribunal Superior de Bogotá, en la que figuran también Édgar Ignacio Fierro Flórez (alias Don Antonio), Jorge Iván Laverde Zapata (alias el Iguano) y Úber Banquez Martínez (alias Juancho Dique), entre otros. Era un fallo contra los bloques Catatumbo, Norte, Córdoba y Héroes de los Montes de María -en los que Mancuso también ejerció liderazgo-, que resaltó patrones de macrocriminalidad para graves crímenes como masacres, homicidios selectivos, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y violencia de género.
Este exjefe paramilitar se desmovilizó junto a 1.434 hombres del bloque Catatumbo de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) el 10 de diciembre de 2004, en la finca “Brisas de Sardinata”, en zona rural de Tibú, Norte de Santander. Mancuso, como jefe de esa estructura paramilitar, reconoció responsabilidad de los crímenes por línea de mando. Como ya se sabe, este ganadero de Córdoba fue un socio fundamental para que los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil expandieran su proyecto paramilitar en la costa Atlántica.
La segunda macrosentencia de Justicia y Paz en la que él terminó condenado la confirmó la Corte Suprema de Justicia el 25 de noviembre de 2015 e involucraba específicamente a integrantes del bloque Catatumbo. Su surgimiento, ha contado el propio Mancuso a la Fiscalía, fue “idea del comandante Carlos Castaño [...] uno de los mayores focos generadores de economía para las guerrillas estaba en Norte de Santander, además de ser estratégico por ser limítrofe al país vecino de Venezuela, por donde ingresaban armas y sacaban droga y narcotraficaban”. Así justificó Mancuso su máquina de guerra.
Mancuso continúa como postulado en Justicia y Paz. En 2017 le pidió al Tribunal Superior de Bogotá una condena anticipada en su contra por su responsabilidad en 11 mil delitos relacionados con acciones de las AUC. En 2018 pidió pista en la JEP y, en enero de este año, entregó un plan de contribución a la verdad que incluía aportar información sobre Santiago, ganadero antioqueño y hermano del expresidente Álvaro Uribe; sobre el propio Álvaro Uribe; sobre Piedad Córdoba, exsenadora liberal que fue secuestrada por las AUC; y sobre el congresista del Polo Democrático Iván Cepeda, entre otros. (Mancuso daría información sobre Álvaro Uribe, Iván Cepeda y otros a cambio de entrar a la JEP)
Su intento por aterrizar en la JEP fracasó, al menos hasta ahora. En junio de este año la Sala de Reconocimiento le informó que su propuesta era rechazada, pues Mancuso se presentó como tercero civil y el organismo le respondió que él su relación con los grupos paramilitares fue como “miembro orgánico”. La Fiscalía estima que su rol fue esencial para la comisión de más de cien masacres en todo el país. El otrora jefe paramilitar ya ha expresado más de una vez desde su celda de Estados Unidos que pide perdón a las víctimas por las atrocidades del paramilitarismo. (JEP le cierra sus puertas al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso)
Al llegar a Colombia, se espera que Mancuso rinda testimonio en algunos procesos ante la Corte Suprema de Justicia para los cuales está citado como testigo. De Justicia y Paz han salido varias compulsas de copias (solicitudes de investigación) en las que se espera él aporte elementos para las indagaciones y, asimismo, tiene un proceso abierto en su contra por lavado de activos y concierto para delinquir, en el cual figura también Enilse López, la empresaria del chance en la costa Caribe conocida como la Gata. Mancuso, señala su abogado, quiere cooperar con la justicia. ¿Lo dejarán?
