El abogado José Luis Torres Martínez le pidió COP 5 millones a su contraparte, a cambio de favorecerlo en un proceso judicial por homicidio. Así quedó registrado en audios que el procesado grabó y luego adjunto como prueba en la denuncia que presentó en su contra en 2021.
Cinco años después, la Comisión de Disciplina Judicial sancionó al abogado con seis meses de suspensión, tras concluir que intentó obtener beneficios económicos personales a cambio de favorecer judicialmente al acusado, el expolicía José Nelson Yate Rodríguez.
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La decisión, adoptada el 27 de mayo de 2026, determinó que Torres Martínez incurrió en una falta disciplinaria al aconsejar e intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos.
Según el fallo, el abogado actuó de manera contraria a los deberes de lealtad y recta administración de justicia que rigen el ejercicio de la profesión. El origen del caso se remonta a 2021.
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En ese entonces, José Nelson Yate, un policía retirado procesado por un homicidio ocurrido en el barrio Luis Carlos Galán, en Engativá, denunció que el abogado de las víctimas le hizo propuestas económicas para favorecerlo dentro del proceso penal que enfrentaba.
La Comisión analizó dos conversaciones telefónicas sostenidas el 26 de julio y el 5 de agosto de 2021. En una de ellas, Torres Martínez le planteó a Yate que podría retirar una audiencia en la que buscaba revocar su detención domiciliaria y convertirla en intramural.
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En otra llamada, le propuso que le reconociera una suma de dinero a cambio de ayudarlo jurídicamente, desistir de actuaciones procesales e incluso orientar la estrategia de su defensa sin conocimiento de su abogado. Esos audios fueron revelados en enero de 2022 por Noticias Caracol.
Para los magistrados de la Comisión, las pruebas demostraron que el abogado buscó un provecho económico personal y que la suma solicitada no estaba destinada a reparar a las víctimas ni a hacer parte de una negociación legítima dentro del proceso penal.
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El fallo concluyó que el profesional del derecho aprovechó la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el procesado para promover actuaciones faltas a la verdad y a la lealtad procesal. Durante el proceso disciplinario, Torres Martínez negó haber cometido irregularidades y sostuvo que los audios aportados por el denunciante eran ilícitos porque fueron grabados sin su consentimiento.
Además, argumentó que las conversaciones hacían parte de acercamientos para un eventual preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, los audios eran claros. Por ejemplo, en uno de ellos, el abogado expresó: de pronto Dios me está mandando a darle un mensaje.
“No hay amenaza, no hay coerción porque estamos hablando chévere, estamos hablando sin presión, pero póngase la mano en el corazón y de pronto yo le diga: “Oiga, consígame 5″.
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Esa cifra de cinco luego quedó más clara en la conversación: “No, póngale COP 5 millones, pero usted me puede decir: “Doctor, le tengo esta propuesta, le doy 3 y después le doy los 2”, y usted me va siguiendo ayudando (sic) y yo lo ayudo. Esa es una buena propuesta, pero eso es entre usted y yo".
En otro momento de la conversación, el abogado Torres el dijo al procesado: “Discúlpeme que le diga: no sea tacaño, maestro, es su vida, es su libertad, es su tranquilidad en su casa (…) Pero si usted me dice que no, tranquilo, o sea, estoy seguro de que vamos a seguir siendo amigos“. Ante lla oferta, el José Nerlson Yate fue claro: “Lamentablemente en este momento estamos nosotros en ceros en el bolsillo y por eso he tomado las decisiones que he tomado, doctor”.
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La Comisión de Disciplina Judicial descartó esos planteamientos y concluyó que las grabaciones podían ser valoradas porque fueron realizadas por uno de los interlocutores y constituían evidencia de una posible conducta disciplinaria.
Ante las evidencias, la autoridad que investiga a los abogados del país sancionó a Torres con una suspensión de seis meses en los que no podrá ejercer la abogacía y lo declaró responsable disciplinariamente por intervenir en actos fraudulentos.
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