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27 May 2021 - 9:13 p. m.

Aborto: no habrá audiencia pública en la Corte Constitucional

En el alto tribunal reposan cuatro demandas que piden que se elimine el delito de aborto del Código Penal. Las mujeres dicen que tal artículo vulnera sus derechos fundamentales.
Aborto: no habrá audiencia pública en la Corte Constitucional
Aborto: no habrá audiencia pública en la Corte Constitucional
Foto: Agencia AFP

Analizar el aborto en Colombia se convirtió en uno de los dolores de cabeza más reciente de la Corte Constitucional. Un voluminoso expediente que reúne cuatro demandas para que se despenalice esta práctica en el país vuelve a sonar. Esta vez, porque el alto tribunal tomó la determinación de no realizar una audiencia pública para abordar el tema. En noviembre pasado, la Secretaria de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Diana Rodríguez Franco hizo la solicitud, esta se sumó a las más de 50 que reposan en los despachos de los magistrados Alberto Rojas Ríos y Antonio José Lizarazo, ambos ponentes del caso.

La Corte negó dicha pretensión debido a que considera que en el expediente se han recibido cuantiosas intervenciones y tienen conceptos suficientes para el análisis de una futura decisión. El análisis del aborto parece ser un debate de nunca acabar en el alto tribunal. La puja sobre este tema se zanjó años atrás, exactamente en 2006, y dejó jurisprudencia en el país. Se establecieron las tres causales para realizar el procedimiento: cuando el embarazo sea producto de una violación; cuando sea un riesgo físico y psicológico para la madre y cuando el feto tenga alguna malformación.

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No obstante, el debate no paró ahí. Lo abrió nuevamente la abogada Natalia Bernal, quien ha considerado que la vida empieza desde la concepción, de ahí que radicara una demanda en la que le pedía al alto tribunal que analizara los alcances de la decisión emitida. A su juicio, la determinación tomada dejó grandes vulneraciones a las mujeres y a los fetos. En esa ocasión, la Corte no le dio la razón, desde ese entonces, la abogada no ha escatimado en interponer recursos para que su acción legal sea tenida en cuenta. Incluso generó que en el Congreso de la República se les abriera investigación a los magistrados que estuvieron vinculados en el análisis de su demanda.

El panorama, en este momento, aunque no vincula directamente a Bernal Cano, guarda relación con el procedimiento. Son cuatro demandas que solicitan tumbar el artículo 122 del Código Penal que consiste en que la mujer que se practique o permita un aborto podría enfrentarse de uno a cuatro años de prisión. En la primera demanda, interpuesta por Andrés Sánchez, se ponen de presente nuevos apartes constitucionales que no fueron considerados en sentencias anteriores. Así mismo, afirma que con la penalización del aborto se está cosificando a la mujer, toda vez que es “una condición humillante y denigrante” para ella la de no poder decidir sobre sí misma, la de no autodeterminarse y la de llevar una vida contraria a la que desea por el mandato del legislador.

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En una segunda acción promovida por Geroden Hoffan, se expone que se vulnera el derecho a la intimidad personal entrometiéndose en decisiones privadas de la persona. “Se sustenta en que existen diversas formas de vivir la sexualidad y que las mismas se respeten por lo que nadie debe presionar, condicionar o imponerse a la forma en la que decidió vivir la sexualidad, ni siquiera el Estado que por el contrario debe garantizar condiciones para el respeto y pleno ejercicio de autodeterminación”.

En la tercera acción, que reposa en el despacho de Lizarazo y que fue promovida por Causa Justa, consideran que si bien el alto tribunal dejó de presente las tres causales en las que una mujer puede abortar, también lo podría hacer en el resto de situaciones. Exponen que el uso del derecho penal para regular el aborto solo trae estigmatizaciones y barreras para que las mujeres accedan a la interrupción del embarazo.

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Contraria a las tres acciones legales mencionadas, la abogada Bernal, en su tercera batalla contra el alto tribunal, interpuso demanda contra el mismo artículo, porque considera que en el proceso no existe cosa juzgada porque la Corte en ninguna de sus providencias ha analizado los riesgos del aborto en la salud de madres gestantes e hijos por nacer, ni la problemática del reconocimiento de derechos de los niños agredidos por procedimientos abortivos.

Las cuatro acciones legales reposan en los despachos de los magistrados Lizarazo y Rojas, quienes también recibieron el más reciente concepto de la Procuraduría, en cabeza de Margarita Cabello, en el que piden que este debate quede en manos del Congreso de la República. En el concepto de 13 páginas, el Ministerio Público le pide al alto tribunal que se declare inhibida para tomar decisión de fondo en este caso, que fue objeto de debate durante 2006, y en el cual se establecieron las tres causales en las que una mujer puede abortar.

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En el documento, la jefe del Ministerio Público expuso que, además de las causales, la Corte fijó unas reglas dirigidas a las promotoras de salud, con el fin de que estas orienten a las mujeres en dicha práctica, sin contar que en más de una ocasión el alto tribunal ha exhortado al Congreso de la República para que regule el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. De ahí que, a juicio de Cabello, la despenalización parcial del aborto que realizó años atrás la Corte derivó una “conceptualización prerrogativa fundamental” de las mujeres para solicitar la interrupción voluntaria de su embarazo, por lo que implica que las autoridades competentes tengan la obligación de adoptar medidas para que no existan barreras en ese sentido.

Con lo anterior, Cabello consideró que “en respeto del principio constitucional democrático, eje de Estado colombiano, le corresponde únicamente al Congreso de la República, como cuerpo representativo de los intereses de la sociedad, regular el aborto y el alcance de la prerrogativa a la interrupción voluntaria del embarazo, dentro del marco superior”, resaltó y añadió que las autoridades vinculadas en el desarrollo de esta práctica deben acatar las decisiones judiciales y garantizar los derechos de las mujeres que quieran acceder a la interrupción de su embarazo. “En este orden de ideas, la Procuraduría reitera su solicitud a la Corte Constitucional que profiera fallo inhibitorio frente a la demanda de la referencia, en tanto que le corresponde al Congreso de la República en el marco de su autonomía regular el aborto”, dice el documento.

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