Abraham era parte de una familia de 12 hermanos. Sandra Patricia González Torres, una de sus hermanas, recuerda que su infancia estuvo lejos de ser normal. Su madre trabajaba jornadas largas para alimentarlos, y el miedo a la violencia les impedía salir de casa. “Nosotros no pudimos estudiar, no podíamos salir. Mi mamá no nos dejaba por miedo”, cuenta Sandra. Vivían cerca de un río, pero ni siquiera bajo la supervisión de su madre podían ir a bañarse. Solo una vez, Sandra y Abraham salieron juntos a buscar leña para cocinar. En el camino de regreso, se encontraron con dos hombres. Estos convencieron a Abraham de hacer un mandado. Sandra se adelantó, su hermano le dijo que descansaría un momento antes de volver. Pero él nunca regresó.
Sandra y Abraham nacieron uno después del otro, y así mismo se seguían en los juegos en casa y esa vez, en la misión de ir por la leña para el desayuno. “Éramos como si fuéramos gemelos”, dice. Luego de la desaparición de su hermano, con la dureza de la adolescencia, se sumó una carga enorme de incertidumbre. Así fue que Sandra se prometió llegar a la mayoría de edad y no descansar hasta el día que encontrara a su hermano. Cuando cumplió 19 años se dirigió a la Unidad de Víctimas, pero recibió una respuesta negativa. “Sin cuerpo no hay víctima”, recuerda que le dijeron. Entonces buscó un plan b, con miedo y todo se fue sola hasta donde los comandantes de los frentes de las FARC que se agrupaban en esa zona del Urabá antioqueño. La respuesta allí también fue negativa, porque dentro de las filas de la guerrilla los nombres son otros, son nombres de guerra.
La esperanza llegó años después, cuando un funcionario de la personería de su pueblo le informó sobre una nueva normativa para buscar a las familias de desaparecidos. Sandra hizo el papeleo necesario para acreditarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hasta que, a finales de 2024, recibió una llamada: habían encontrado restos en el cementerio de Ituango que podrían ser de Abraham. Al ver una foto, supo que era él. “Uno sabe, él era idéntico a mí”, afirma. Las pruebas de ADN confirmaron la identidad. Y la investigación judicial lo determinó: Abraham fue asesinado estando indefenso, lo torturaron con tiros en sus extremidades y ñuego fue asesinado con un tiro de gracia.
Abraham no fue la única víctima. Rodrigo Humberto Torres Múnera también fue asesinado y presentado como un guerrillero dado de baja en combate en 2004. Los dos fueron enterrados como personas no identificadas en el cementerio de Ituango. Los responsables de estos crímenes, pertenecientes al Batallón de Contraguerrillas 79 de la Brigada Móvil 11, ya habían sido imputados por hechos similares en Dabeiba y Carepa. Asimismo, el hallazgo se dio en el marco del juicio contra el mayor (r) David Guzmán Ramírez, quien se negó a aceptar responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en el Nudo del Paramillo mientras comandaba dicho batallón.
Rodrigo Humberto Torres Múnera, de 23 años, fue desaparecido forzadamente el 8 de noviembre de 2004 en el corregimiento El Aro, Ituango, Antioquia. Antiguos integrantes del Batallón Contraguerrilla No. 79, haciéndose pasar por paramilitares, lo retuvieron en su casa junto a un vecino. Ambos fueron falsamente señalados de ser milicianos de las FARC-EP. Torres Múnera fue asesinado y presentado como guerrillero muerto en combate, mientras que su vecino fue liberado. Este hecho fue confesado por el sargento segundo (r) Fidel Iván Ochoa Blanco, quien reconoció su responsabilidad y aportó verdad en las versiones realizadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad en 2020 y 2021.
El proceso de identificación y entrega de los cuerpos fue posible gracias al trabajo del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) de la Fiscalía, que tenía en custodia los restos de Abraham y Rodrigo, junto con 98 más, tras una intervención forense realizada en el cementerio de Ituango en 2022. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP llevó a cabo un estudio científico en el Laboratorio de Antropología de la Universidad Nacional, con el apoyo del Instituto de Genética y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, logrando así la identificación de las víctimas.
Hasta ahora, 16 víctimas de falsos positivos han regresado a sus hogares gracias a la justicia transicional restaurativa y las confesiones de miembros de la fuerza pública en audiencias realizadas en 2023. La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP determinó que cementerios como los de Copey, Dabeiba, San Juan de Cesar, Ituango y Carepa fueron usados para ocultar víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas, evidenciando un patrón macrocriminal vinculado a una política de conteo de cuerpos. “Lo importante es que se ha logrado probar que estos cementerios tienen falsos positivos. No solamente pasó en Dabeiba. Estamos probando qué pasó en diferentes zonas del país”, afirmó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.
Para Sandra y su familia, el hallazgo de Abraham significa poder enterrarlo con su nombre verdadero. Saber que lo mataron fue un choque, tenían expectativa de que pudiera estar vivo. Ahora podrá descansar un poco de la incertidumbre. “Cuando no aparece, uno tiene la esperanza de que está vivo. Pero ya cuando le dicen a uno que tienen el cuerpo, es como otra más diferente”, dice Sandra. Los casos de Abraham y Rodrigo son parte de un proceso más amplio en el que la JEP busca garantizar justicia y verdad. Aunque el mayor (r) Guzmán Ramírez se ha negado a aceptar responsabilidad, la JEP continúa su labor para evitar que estos hechos queden en la impunidad. Ahora, estas familias volverán a sus municipios, y ya no buscando más. Tienen un cuerpo que llevarán a un cementerio, al que le podrán poner dignamente su nombre, el mismo con el que los bautizó su madre.
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Por Valentina Arango Correa
