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La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra Emilio José Archila, quien fuera uno de los altos consejeros presidenciales para la Consolidación y Estabilización (2019-2021), del gobierno de Iván Duque. La entidad evalúa sus conductas como miembro del OCAD Paz, un órgano colegiado que financia proyectos en zonas de máximo interés para el Acuerdo de Paz.
Aunque la Procuraduría no precisó el papel del exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, y exalcalde de La Paz, Cesar, Martín Guillermo Zuleta Mieles, contra quienes también abrió investigación, la entidad aseguró que el expediente se debe a una obra financiada por el OCAD Paz. Se trata de un proyecto de pavimentación de vías en Miranda, Cauca, que habría presentado irregularidades y que costó $7.152 millones.
“De acuerdo con la denuncia recibida por la Procuraduría, el OCAD Paz habría designado como ejecutor del proyecto al Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Social y la Gestión Social, sin que al parecer contara con la experiencia, capacidad administrativa y técnica para ejecutar proyectos de infraestructura vial”, explicó la Procuraduría.
Según la investigación adelantada, el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte tiene un bajísimo índice de gestión de proyectos con recurso de regalías, correspondiente al 18%. Las regalías son dineros que pagan privados que explotan recursos naturales al Estado. Con ese índice, dice la Procuraduría, era inviable su designación.
Entre las pruebas solicitadas a la administración municipal de Miranda, Cauca, están el estudio previo realizado al Fondo Mixto para la Promoción de Deporte para proponerlo como ejecutor del proyecto. Además, una certificción sobre las razones técnica y de experiencia con las que fue presentado al OCAD Paz, para que este desembolsara los recursos públicos.
“También a la dirección del Fondo Mixto se le solicitó certificar las calidades técnicas con las que contaba al momento de asumir la ejecución de la obra, allegar las hojas de vida del personal (ingenieros civiles y de vías, arquitectos, geólogos y otros profesionales) dispuesto para cumplir con los términos del contrato”, concluyó el ente disciplinario en un comunicado.
El caso OCAD Paz data de junio de 2022, en plena entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. Una investigación de Blu Radio develó que se embolataron millones del dinero ofrecido por el Gobierno para las regiones más golpeadas por la guerra. Los 170 municipios PDET, identificados tras la firma de la paz, que ocupan el 36% del territorio nacional y en el que viven más de seis millones de colombianos asfixiados por la pobreza y la violencia. Y, además, golpeados por las dinámicas propias de los cultivos ilícitos y la ausencia del Estado.
Tras indagar en más de 30 fuentes, y contando con denuncias en Fiscalía y Procuraduría, el medio radial al parecer encontró que terminaron en coimas y sobornos alrededor del 12% de los recursos que aprueba el OCAD Paz. Esta institución se encarga de dar luz verde a grandes proyectos financiados con dinero de las regalías. El OCAD Paz es el encargado de direccionar proyectos para los 170 municipios PDET e incluso nombrar a los ejecutores. Personas como Archila eran miembro de ese órgano colegiado.
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