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La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del departamento de Atlántico anunció la apertura de una investigación formal en contra de la jueza primera de ejecución de penas y medidas de Barranquilla. La togada fue quien le puso firma a una decisión del 11 de abril de 2025, con la que se le otorgó la libertad condicional a Emilio Tapia, el sonado contratista y cerebro detrás del caso de corrupción de Centros Poblados, en el gobierno de Iván Duque.
Tapia había llegado a un preacuerdo con la justicia en el que, a cambio de colaborar con la investigación por el escándalo de corrupción, tuvo una rebaja en su pena a seis años y cuatro meses de prisión. Hasta ese momento, el 11 de abril de 2025, el llamado “zar de la contratación” estuvo recluido en la cárcel El Bosque, de Barranquilla. Allí estuvo durante 48 meses y diez días, hasta que la jueza que hoy está siendo investigada, le concedió la libertad condicionada.
En contexto: Emilio Tapia quedó oficialmente en libertad condicional
En su momento, la Procuraduría General de la Nación apeló esa decisión, “al considerar que no se cumplieron los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la medida, con base en varias normas”. La razón, según el Ministerio Público: “las entidades públicas perjudicadas frente a delitos como los endilgados al contratista, se deben constituir en parte civil dentro del proceso”.
El 22 de abril de este año, la presidencia de la Comisión Seccional del Atlántico compulsó copias para iniciar un proceso disciplinario en contra de la jueza. Desde mayo, la togada estaba siendo investigada formalmente, hasta llegar al punto de que este 17 de septiembre, Disciplina Judicial informara sobre la decisión de iniciar una investigación formal en contra de la jueza, “por las circunstancias que rodearon la medida de libertad condicional, como por una presunta mora en la concesión del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público”.
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Esta movida judicial en contra de la jueza del caso pone de nuevo a sonar el nombre de Emilio Tapia, el “zar del contrabando”. La justicia logró comprobar en su momento que él fue el cerebro del entramado de corrupción conocido como Centros Poblados, que involucró al Ministerio de las TIC en el año 2021.
El hombre presentó garantías bancarias falsas por parte de la Unión Temporal Centros Poblados y, de ese modo, se aseguró un anticipo de $70.000 millones de recursos públicos, que luego terminaron extraviados. Aunque el objetivo de esos contratos era llevar conectividad a zonas rurales y alejadas del país, el proyecto terminó truncado por cuenta del coletazo del escándalo de corrupción.
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