La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria a Juan Felipe Acosta Parra, exsecretario general de la Unidad para las Víctimas, y Katherin Lorena Mesa Mayorga, subdirectora general y supervisora de un contrato con presuntas irregularidades.
La razón de la investigación es la posible existencia de sobrecostos en un contrato para realizar jornadas de capacitación a emprendedores que hacen parte del Registro Único de Víctimas (RUV).
“El Ministerio Público investiga posibles sobrecostos en los productos y servicios convenidos e irregularidades en la etapa precontractual y durante la ejecución de este contrato celebrado para desarrollar ‘actividades de formación solidaria dirigido a emprendedores incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV) para fomentar la cultura emprendedora que permita la constitución de organizaciones solidarias’”, señaló el Ministerio Público.
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Nancy Lucila Manotas Ortiz, representante legal de la Corporación Colombiana de Agricultura Urbana y Conservación del Ambiente (Corambiental), también fue incluida en la investigación por ser la parte con la que se celebró el contrato.
La Procuraduría busca corroborar si Corambiental se habría saltado sus obligaciones para celebrar el contrato con la Unidad para las Víctimas; entre ellas, tener una cuenta bancaria para la ejecución del contrato que evitara afectaciones en los rendimientos financieros.
El Ministerio Público también le solicitó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales que haga un dictamen pericial para determinar si en el proceso contractual hubo sobrecostos y verificar las fechas en las que los recursos del contrato empezaron a producir rendimientos.
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Esta investigación se da al tiempo que indagan un millonario contrato del Fondo Programas para la Paz, firmado el 8 de noviembre de 2023, que tenía un presupuesto inicial de $10.000 millones
A este anuncio del Ministerio Público de investigar a funcionarios de la Unidad para las Víctimas por contratos irregulares, se suma las indagaciones a un millonario contrato del Fondo Programas para la Paz para realización de eventos. El contrato se habría ejecutado fuera de los plazos establecidos.
Más entidades investigadas
Esta semana la Procuraduría también inició una indagación previa a funcionarios de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la compra y entrega de botes a pescadores de bajos recursos del país.
La decisión de indagar a la Aunap se dio luego de que W Radio revelara una investigación sobre la presunta entrega a dedo un contrato por más de $14.948 millones para comprar 283 botes y kits de pesca, a través de un convenio celebrado entre la entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y la Alianza Colombiana de Instituciones Públicas de Educación Superior (Red Summa).
Lo que espera determinar la Procuraduría en ese caso es si se habría infringido la ley 80, que define el Estatuto General de Contratación, por presuntamente haber evadido el proceso de licitación en la contratación y por la falta de experiencia de la Red Summa en las labores relacionadas con el objetivo del contrato.
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