17 Jun 2020 - 11:06 p. m.

Abren procesos de responsabilidad fiscal a gobernador del Tolima y alcalde de Cartagena

El gobernador José Ricardo Orozco y el alcalde William Dau están entre los mandatarios llamados a responder por supuestos sobrecostos en la contratación para atender la emergencia del COVID-19.
El alcalde de Cartagena, William Dau.
El alcalde de Cartagena, William Dau.

El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, dio a conocer este miércoles nuevas decisiones por presuntas irregularidades en la contratación para atender la emergencia del COVID-19. El ente de control le abrió procesos de responsabilidad fiscal al gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco, por $2.121 millones; al de Guainía, Juan Carlos Iral, por $112 millones; al alcalde de Cartagena, William Dau, por $193 millones, entre otros funcionarios. También se abrieron indagaciones a las gobernaciones de Antioquia, Cesar, Valle del Cauca, Magdalena, Vaupés Santander y Norte de Santander.

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Los tres procesos contra el gobernador del Tolima

La investigación de la Contraloría encontró presuntos sobrecostos en tres contrato de la gobernación del Tolima: uno para la compra de 55.000 mercados a finales de marzo y otro más con el que se adquirieron 50.000 mercados adicionales a comienzos de abril; así como un tercero para un plan de comunicaciones. Según el ente fiscal, en el primer contrato, firmado por $5.500 millones con el objeto de “mitigar los efectos del aislamiento obligatorio por la pandemia en la población más vulnerable del departamento”, se pagaron los alimentos a precios superiores a los de referencia.

Luego de aplicar todos los costos asociados a un contrato, como estampillas, pólizas y demás; la Contraloría halló que, según los precios de referencia del DANE, esos kits alimenticios le habrían costado al gobernador José Ricardo Orozco unos $4.000 millones. Es decir, $1.000 millones menos de lo que terminó pagando. En el caso del segundo contrato, también para la compra de mercados es similar: El presunto daño patrimonial se daría a partir de la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del DANE de $3.988.500.000 y el precio de compra del contrato de $4.816.033.223″, dijo la Contraloría en un comunicado.

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Por estos hechos, la Contraloría investiga al gobernador Orozco, a su secretaria de salud, Adriana Alexandra Márquez; y a la firma Sierra Pineda SAS, que en el caso del primer contrato figura como contratista. Para el segundo contrato, firmado el 1 de abril por $5.000 millones, deberán responder también el mandatario regional y su jefe de cartera de salud, así como el encargado de infancia y juventud del departamento, Gustavo Adolfo Castaño. El contratista cambia, pues este segundo contrato fue entregado a Enred Group, una empresa de César Augusto Trilleras.

El tercer proceso de responsabilidad fiscal tiene que ver con la contratación de un plan de comunicación para la emergencia. Pues bien, la Contraloría encontró que el gobernador Orozco le pagó 143 millones a la empresa Leon Grafica SAS pero se “encontró que la labor desplegada por el contratista puede ser calificada como una mera intermediación consistente en allegar a los medios de comunicación la pauta elaborada y entregada por el Departamento para que fuera transmitida, a pesar de que dicha actividad podría haber sido desarrollada directamente por la administración, que contaba con el personal idóneo para ello”, según dijo el ente de control.

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¿Sobrecostos en Cartagena?

En el caso de Cartagena, la Contraloría encontró posibles sobrecostos en la contratación de elementos de protección en el Distrito. Por ende, le abrió un proceso de responsabilidad fiscal al alcalde William Dau. En concreto, el ente de control reprocha que en el proceso en el que se contrató a Ventas Distribución y Marketing por $1.215 millones, “la Contraloría determinó que hay una diferencia entre los precios a los que el Distrito contrató el suministro de los insumos sanitarios y de protección y el precio promedio de los mismos en el mercado”.

Además, el ente de control advirtió de posibles sobrecostos en la contratación de mercados en Guainía, por lo que les abrió un proceso al gobernador Juan Carlos Iral y su secretaria de Gobierno, Claudia Jimena Arango por $112 millones. Algo similar encontró en las alcaldías de Chiriguaná (Cesar) y Girardot (Cundinamarca), donde se encontraron supuestos sobrecostos por $24 millones y $54 millones, respectivamente, también en la contratación de mercados o “apoyo nutricional”, como lo han llamado los entes territoriales.

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Por último, el contralor Córdoba anunció la apertura de indagaciones preliminares a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD); a la Gobernación de Antioquia por posibles sobrecostos de más de $800 millones en la compra de mercados; a la de Norte de Santander, también por precios elevados a los del mercado en la compra de kits alimenticios y el suministro de alimentación escolar; a la del Valle del Cauca, por un supuesto sobrecosto de más de $800 millones en la contratación de insumos para la atención de pacientes con COVID-19; así como acciones similares en las gobernaciones del Cesar, Santander, Magdalena, Vaupés y Cundinamarca.

También están en el ojo de la Contraloría por posibles irregularidades en la contratación de la emergencia las ciudades de Cúcuta y Santa Marta, tanto como los municipios de Yondó y Sabaneta (Antioquia); Cota (Cundinamarca); y El Copey, Aguachicha y El Paso (Cesar).

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