Ser el comandante del Batallón Francisco de Paula Vélez (Antioquia) y haber autorizado una operación contraguerrilla fueron las dos situaciones que terminaron enredando al teniente coronel José Gabriel Castrillón en un caso de falsos positivos. El duro golpe al frente 57 de las Farc en Unguía (Chocó), que le reportó una de sus tropas en febrero de 2004, se le convirtió en una pesadilla: los cuatro subversivos abatidos en combate eran en realidad civiles que fueron asesinados para ser presentados como bajas de la guerrilla.
En su calidad de jefe del batallón y, por tanto, como responsable frente a las actuaciones de sus subalternos, en 2009 el oficial Castrillón fue sindicado por los delitos de homicidio múltiple agravado y desaparición forzada por un fiscal de derechos humanos. Sin embargo, el pasado 20 de diciembre, la Fiscalía archivó el caso por carecer de elementos materiales para vincular al coronel con este crimen. Los cuatro jóvenes asesinados eran de Sincelejo (Sucre).
“El material probatorio hasta este momento recopilado no ofrece elementos suficientes que permitan afirmar que el comandante del Batallón supo o pudo haber sabido que sus subalternos estaban desviándose por completo de la orden de operaciones planteada, de tal forma que llegaran a perpetrar actos lesivos de la magnitud de los verificados en este caso”, afirma la Fiscalía.
Según la investigación, el coronel Castrillón fue engañado por su oficial de inteligencia Mauricio Ramírez Rodríguez para emitir la orden de la operación contraguerrilla que terminaría encubriendo el asesinato de los cuatro jóvenes. “Siendo Ramírez miembro de la plana mayor, encargado de las labores de inteligencia, con amplia experiencia y conocimiento de la zona, era de la entera confianza de Castrillón, de tal manera que no tenía razón para poner en duda los datos suministrados”, apunta la Fiscalía.
Las labores de inteligencia que el batallón venía desarrollando en la zona estaban motivadas por encontrar a los responsables del secuestro de un ganadero y la muerte de otro. Por eso Ramírez, según el ente investigador, “se dio a la búsqueda de información, contactando a miembros de autodefensas para concertar la entrega de los guerrilleros responsables de tales eventos y que en ese momento estarían traficando armas. (Ramírez) Afirma haber creído firmemente en la información que proporcionaban dichos sujetos porque ellos habían dado buenos resultados en la lucha contra la subversión”.
Básicamente, el capitán Ramírez hizo un pacto con un grupo armado ilegal para reportar resultados en el batallón y le mintió a su superior con el fin de que “fuera emitida la orden de operaciones y aprobado el desplazamiento de la tropa”. De ahí que cuando el coronel Castrillón aprueba el operativo, lo hiciera desconociendo el entramado criminal que había gestado su subalterno de inteligencia y, por lo tanto, de acuerdo con la Fiscalía no se le puede endilgar la responsabilidad en estos hechos.
Precisamente, al no encontrarse en la operación, sino en el puesto de mando del batallón que está ubicado en San Pedro de Urabá (Antioquia), “(el oficial Castrillón) solo podría tener las noticias que el mismo encargado de la patrulla involucrada, Mauricio Ramírez Rodríguez, quería transmitirle y que, como se desprende de su propio dicho, eran absolutamente contrarias a lo que en realidad acontecía en el lugar, situación que le limitaba en la toma de decisiones acorde con la realidad fáctica que desconocía”, precisa el ente investigador.
En palabras concretas, Castrillón fue engañado por los oficiales a su cargo, pues no tenía los medios para saber que le estaban mintiendo, y eso lo llevó a emitir determinaciones erradas desde el batallón. Sin embargo, en un primer momento la Fiscalía incluyó al coronel Castrillón en la investigación -fue capturado el 6 de junio de 2009 y dos semanas después se le permitió enfrentar su proceso en libertad- porque “frente a delitos violatorios de derechos humanos –como lo es la desaparición forzada– se debe acudir a la posición de garante y la responsabilidad derivada de dicha calidad de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable. Cuando quien tiene esa obligación la incumple y con ello hace surgir un evento lesivo que podía ser impedido, abandona la posición de garante”.
Es decir, como comandante del Batallón Francisco de Paula Vélez era responsable de los oficiales que participaron de la supuesta operación y tenía “el deber de tomar medidas especiales para evitar que personas que se encuentran bajo su efectivo control realicen conductas que vulneren los derechos fundamentales”, explica el ente investigador. O sea, que sobre el coronel Castrillón recaía la responsabilidad de no haber actuado para evitar que sus subalternos incurrieran en acciones delictivas. Aun así, la Fiscalía no pudo probar que el alto oficial tuviera conocimiento sobre la comisión de los delitos: “En cuanto a si el coronel (Castrillón) tenía la posibilidad para impedir o hacer cesar la conducta delictiva, si bien es cierto que ostentaba la autoridad para emitir la orden de operaciones en cuestión, es igualmente cierto que del acopio probatorio se desprende que en el terreno del hipotético combate se presentó manipulación de los hechos por parte del (capitán) Ramírez”.
Al respecto, El Espectador consultó a la abogada Tania Parra, defensora del coronel Castrillón, quien señaló que la decisión de la Fiscalía “se produce casi cuatro años después, pues la investigación debió adelantarse en un año. Se demoraron media década en calificar el mérito del sumario, por eso se da el vencimiento de términos y se precluye la investigación”. Parra, reconocida defensora de otros oficiales del Ejército, como el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales –condenado en primera instancia por el holocausto del Palacio de Justicia–, explica que se archivó el expediente precisamente porque “después de todo ese tiempo no tenían pruebas de las responsabilidad del coronel Castrillón, como yo lo había demostrado en su defensa”.
Por María Camila Rincón Ortega
