En mayo de este año, la Corte Constitucional determinó que la iglesia Católica no podría ocultar información sobre casos de pederastia a los periodistas que buscaran sacar la verdad de los abusos a la luz. Esa victoria judicial no fue solo para la prensa, sino para las víctimas del clero, incluso para algunas que durante años, por vergüenza o temor, guardaron silencio sobre lo que les había pasado. Sin embargo, el espaldarazo del alto tribunal no representaba una solución definitiva o garantía de justicia, verdad y reparación para quienes sufrieron abusos por parte del clero. Ahora, al Congreso llegó un proyecto de ley que se presenta como una opción para que se haga justicia en casos donde el silencio es lo común.
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Víctimas de abuso sexual por parte de clérigos fueron las encargadas de construir la columna vertebral de la iniciativa que ya da sus primeros pasos en la Cámara de Representantes. Esta semana, precisamente, se radicó el articulado con el que la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Clerical (RESABSEC) y varios congresistas buscan que haya garantías en esos casos. La propuesta apunta a la creación de la “Comisión Nacional de Investigación para el Esclarecimiento de la Verdad y la reparación integral a las víctimas de delitos de abuso sexual en contextos clericales y religiosos”.
El articulado, que se radicó con la firma de 10 congresistas, tuvo también la vocería del director y fundador de la RESABSEC, Marcos Torres Riascos. Él conoce de primera mano los abusos de integrantes del clero, pues, asegura, que cuando tenía 12 años fue víctima de un sacerdote salesiano que llegó hasta su natal Buenaventura y se aprovechó de su estado de vulnerabilidad. Torres aseguró que aunque la iniciativa vine cocinándose desde hace tiempo, no fue sino hasta ahora que encontró apoyos suficientes de congresistas que quisieron sumarse a la propuesta que ya camina en la Comisión Primera de la cámara baja.
De acuerdo con el proyecto presentado, esta comisión estaría adscrita a la Defensoría del Pueblo y haría las veces de investigador y veedor, para que los casos de abuso sexual cometidos por integrantes del clero lleguen hasta la justicia penal y sean resueltos. Además, para que haya verdad, reparación y garantías de no repetición para las víctimas. Aunque la iniciativa fue construida basándose en los abusos documentados cometidos por miembros de la iglesia Católica, “su aplicación se extiende a todas las confesiones religiosas con presencia en el territorio nacional, incluidas las instituciones, comunidades, diócesis, arquidiócesis, congregaciones o entidades vinculadas, sin distinción de jerarquía o denominación”.
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Dentro de las funciones que tendría esta comisión está “recopilar, analizar y sistematizar las denuncias e información relacionada con delitos de abuso sexual cometidos en contextos clericales y religiosos”. Asimismo, tendrá que construir una base de datos para incluir casos “históricos y recientes, garantizando en todo momento la reserva de la información de las víctimas y los procesos judiciales en curso”. Esta comisión, de consolidarse, servirá también como punto de encuentro para que las víctimas acudan, cuenten sus casos, los documenten y pidan ayuda.
Por otra parte, tendrá funciones investigativas, dentro de las cuales, por ahora, se plantean las de entrevistar “a víctimas, testigos y presuntos implicados en cualquier delito de abuso sexual, aplicando protocolos de enfoque diferencial y trauma para evitar la revictimización”. La iniciativa plantea que la comisión tendría que emitir informes periódicos en los que haya información sobre “presuntas responsabilidades individuales e institucionales, análisis de patrones de abuso y encubrimiento, recomendaciones para la judicialización de casos ante la Fiscalía, y propuestas de medidas de reparación integral y garantías de no repetición”.
Los informes serían solo una parte de todo el acompañamiento que tendría que hacer la comisión. Además de la recopilación de información, remitiría a la Fiscalía los casos que documenten y es haría el seguimiento al avance de los procesos en la justicia ordinaria. También, podrían proponerle al gobierno de turno y al Congreso reformas “para prevenir los patrones de impunidad frente a los delitos de abuso sexual, programas de protección ante los delitos de abuso sexual y fortalecer la protección de las víctimas”. Asimismo, la comisión diseñaría, de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Salud, protocolos de prevención de abuso sexual “para que sean adoptados voluntariamente por las instituciones religiosas”.
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El articulado radicado ante la secretaría de la Cámara de Representantes también resalta que dentro de las funciones que tendría esta comisión está la de gestionar y recomendar, en los distintos casos, medidas de reparación “económica, simbólica y psicosocial para las víctimas”. Sin embargo, la Comisión Nacional de Investigación para el Esclarecimiento de la Verdad y reparación integral a las víctimas de delitos de abuso sexual en contextos clericales y religiosos no funcionaría a perpetuidad. El articulado señala que tendrá una vigencia solamente de cinco años. Solo podrá ser prorrogada una vez más por cinco años más en caso de que no se haya cumplido el objetivo e intención principal de su creación.
Además, tres meses antes de finalizar su vigencia, tendrá que entregarle a la Defensoría del Pueblo “un informe final sobre las investigaciones y el esclarecimiento de la verdad de los delitos de abuso sexual en contextos clericales y religiosos en Colombia”. Ese documento final tendrá que incluir, dentro de otras cosas, “un apartado sobre medidas de reparación integral a las víctimas y recomendaciones para la garantía de no repetición”. El articulado también expone que los dineros para la creación y funcionamiento de la Comisión saldría de Presupuesto General de la Nación, serán administrados por la Defensoría del Pueblo y “se usarán exclusivamente para el financiamiento de la Comisión y las medidas y acciones de reparación integral a las víctimas”.
Aunque la iniciativa recién aterriza, desde la RESABSEC se muestran optimistas. Aunque reconocen que el proyecto sufrirá cambios durante su paso por el Legislativo, esperan que la esencia del proyecto se conserve, y aseguran que es un articulado que podría unir a distintos sectores de la política, por tratarse de un problema en distintos sectores de la sociedad. Además, desde el Pacto Histórico y la Alianza Verde, cuyos integrantes firmaron la iniciativa, aseguran que es un proyecto de ley que podría ser insignia en la última legislatura de este Congreso.
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Por Jhordan C. Rodríguez
