Acción Social para la Presidencia se comprometió con las familias desplazadas que permanecían al frente de la Procuraduría General de la Nación a pagar la prórroga de la ayuda humanitaria de las que no han podido hacerse acreedoras muchas de ellas.
En contra prestación, este grupo de personas, víctimas del conflicto sociopolítico que vive el país, se comprometieron a cesar las protestas que permanentemente venían adelantando al frente de la sede del Ministerio Público en Bogotá, desde hace tres semanas.
De la misma manera, hubo compromisos de parte del Ministerio Público para bridar atención y orientación a este grupo de desplazados a través de su Grupo de Atención a Víctimas de la Violencia, luego de que se les asignen los pagos ya aludidos, que serán el precedente de la "ayuda humanitaria de emergencia por parte de Acción Social".
Las instituciones también prometieron los errores que, Al parecer, se han cometido en el proceso de registro, impidiendo que personas desplazadas se hagan acreedores a los derechos dispuestos por el Estado para ese tipo de población.
El acuerdo se suscribió luego de la reunión celebrada en el organismo de control, de la que se hicieron partícipes Procuraduría Delegada Preventiva en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos el Asesor Jurídico de Acción Social, Camilo Andrés Escobar Gutiérrez y la Coordinadora de la Unidad Territorial Bogotá de esa entidad, Lady Maldonado.
Por El Espectador
