Acoso judicial a la prensa, amenaza creciente

Gustavo Gómez (izquierda), director de 6 A.M. Hoy por Hoy de Caracol Radio; Yohir Akerman (centro), columnista de Cambio y El Espectador; Federico Gómez Lara (derecha), director de Cambio.

Foto: Óscar Pérez

Gustavo Gómez, director de 6 A.M. Hoy por Hoy, Caracol Radio: “Mensajes agresivos y ofensivos contra mí”

Usted ha sido conminado a rectificar bajo la presión de denuncias penales y demandas civiles. ¿Debido a cuál de sus opiniones o informaciones?

La Fiscalía, en uno de sus boletines informativos, hizo pública la situación de seguridad de la fiscal Angélica Monsalve, a quien ni siquiera conozco de manera personal. Se trata de la funcionaria que, según revelaciones de Daniel Coronell, fue objeto de presiones indebidas y amenazas por investigar a personajes poderosos. Al día siguiente, en el tradicional espacio editorial de 6 A.M. Hoy por Hoy, opiné sobre este caso. Pedí que el país protegiera a la funcionaria, que su tarea fuera respaldada por la sociedad, que las autoridades la blindaran y que quienes se hubiesen visto afectados por sus decisiones supieran que el país los observaba. Unas semanas después, el empresario Alberto Ríos Velilla (cuya familia está siendo investigada) me contactó, me envió el enlace del editorial y me hizo comentarios que no entendí del todo. Del mismo modo, les hizo saber a mis jefes sobre su molestia con ese editorial.

Pero ese no es el conducto regular para pedir una rectificación o manifestar un desacuerdo ante un medio o periodista. ¿Cómo respondió?

Por intermedio de Caracol Radio, le pedí que se abstuviera de entablar nuevos contactos con mi teléfono y que, si lo deseaba, adelantara su queja o petición de rectificación a través de la oficina jurídica de la empresa, como corresponde, y como tiene derecho cualquier persona. Cerca de un mes después llegó la petición de manera formal, con poder otorgado por el empresario Ríos Velilla al exfiscal Eduardo Montealegre. Solicitaba que dijera, al aire, numerosas apreciaciones sobre la honestidad, la transparencia y la pulcritud del empresario. La solicitud de rectificación anotaba, extrañamente, que si no hacía comentarios positivos sobre el empresario me exponía a una acción penal por calumnia e injuria. Y, además, a una eventual acción civil para que resarciera, con mi patrimonio, el presunto daño que le habría causado a la reputación del empresario.

¿Cómo respondió Caracol Radio?

Nuestra oficina jurídica contestó con todo detalle recordando, sobre todo, las decisiones de la Corte Constitucional que el abogado Montealegre, al parecer, desconocía: las opiniones no son susceptibles de rectificación. También se dijo que resultaba oprobioso, en términos de libertad de expresión, que acompañara sus peticiones con el planteamiento de dos eventuales acciones: la penal y la civil. Caracol Radio puso en conocimiento de esta situación a las principales asociaciones de defensa de la libertad de expresión del país.

Dos hechos sorprenden en su caso: uno, que, tal como usted lo dice, las opiniones tienen alta protección constitucional. Y, dos, que usted no mencionó al empresario Ríos Velilla. ¿En qué se basa, entonces, la queja?

El abogado aduce que, aunque nunca hubiera mencionado a su cliente, el empresario estaba seguro de que el editorial pidiendo protección para la fiscal Monsalve estaba dirigido, expresamente, a él. Y que la pieza de opinión transitaba por los caminos de la información periodística. Una cosa es lo que la gente pueda pensar y otra lo que dice el editorial.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la organización El Veinte e, incluso, El Espectador en un reciente editorial, advierten que el periodismo colombiano se encuentra “bajo ataque” y enfrenta “acoso judicial”, pues a su caso se suman otros ¿Qué opina sobre este clima restrictivo de la libre circulación de informaciones y opiniones?

La libertad de expresión no es, como erradamente algunos consideran, un patrimonio exclusivo de periodistas y medios: es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Debilitar a los medios, desacreditarlos, convertir sus eventuales errores en signo de corrupción y sofocarlos con noticias falsas, calumnias y desacertadas acciones judiciales se traduce en una sociedad mal informada y privada de elementos necesarios para reclamar sus derechos.

Pregunta puntual: el empresario que amenaza con denunciarlo es familiar de una periodista que trabajó con usted y se retiró, de manera abrupta. ¿Ambos hechos están relacionados?

Quisiera pensar que no. Sería una conducta ajena a la ética que amarraría la recta actividad periodística a una agenda personal. Trabajé varios años con la periodista y, aunque tuvimos profundas desavenencias en el tratamiento de la información al aire, confío en que no estemos ante una situación de esa índole. De todas formas, no soy yo quien deba responder esa pregunta de capital importancia. Un detalle final: después de que la FLIP y la comisión de ética del CPB se pronunciaran respaldando mi actuación profesional en este caso, el exfiscal Montealegre me ha enviado a mi cuenta de WhatsApp y a numerosas cadenas por ese mismo medio mensajes ofensivos y agresivos; además, ha vinculado mi nombre y el de un miembro de mi familia con hechos delictivos. Ese canal también ha sido usado por él para cuestionar, con palabras grotescas, la actividad de las agremiaciones que defienden la libertad de prensa, a otros colegas y a sus familias e, incluso, a medios de comunicación.

Federico Gómez L., director de “Cambio”: “Entre la mala fe y la incompetencia”

“Cambio” recibió una notificación de la Fiscalía en que se informaba que al día siguiente (30 de junio) se iba a realizar una “diligencia de inspección” de la que se iba a “levantar acta” para “recolectar el original” de una investigación periodística publicada por ustedes. ¿Por qué se ordenó una medida tan desproporcionada para la libertad de prensa?

El artículo, una investigación conjunta de Cambio y Noticias Uno, fue publicado en la portada de nuestra tercera edición. Ahí revelamos una alianza del general Jorge Hernando Herrera Díaz, del Ejército, con la banda Los Pocillos, que domina un corredor geográfico por el que transitan 150 toneladas de cocaína al año, el 15 % del consumo mundial. “Esta es la puta guerra”, fue la frase que usó el oficial para justificar su amistad con los delincuentes. La investigación era tan sólida y bien sustentada que solo pasaron seis horas entre la publicación del texto y el retiro del alto oficial.

En cuanto ustedes denunciaron la orden de inspección judicial, procedimiento similar a un allanamiento aunque la Fiscalía lo niegue, esta publicó un comunicado. ¿Cómo justificaba la pretendida revisión a “Cambio”?

Hay que decirlo con todas las letras: el comunicado de la Fiscalía es una peligrosa mezcla entre incompetencia y mentiras. Primero trataba de desmentir a Cambio asegurando que no se había ordenado la inspección. Tal afirmación es falsa: publicamos el oficio que nos llegó y en que se nos avisaba que se iba a realizar esa diligencia. Segundo, sostenía que se trataba de un “procedimiento normal” y frecuente con relación a los medios. Esto también es falso. No es nada normal que se ordene inspeccionar a la prensa. Y, para rematar, el comunicado concluía que “la FGN es garante y respetuosa de los derechos de los periodistas y ha adelantado investigaciones en las que se ha puesto en riesgo la vida y el trabajo de los comunicadores”. No sabe uno si esto último es una confesión de parte o si, simplemente, los asesora el enemigo.

Ustedes decidieron impedir el acceso de los agentes de la Fiscalía a su sede y a sus computadores. ¿Llegaron o no los investigadores para ejecutar esa orden?

Apenas estuvo el oficio en mis manos, decidí hacerlo público, única manera de frenar las arbitrariedades. La noticia empezó a difundirse y muchos colegas manifestaron su solidaridad con Cambio. Como era de esperarse, la indignación fue notoria. Al día siguiente salí para la oficina con un documento redactado por nuestros abogados en que explicábamos por qué no permitiríamos el ingreso de los funcionarios de la Fiscalía. Supongo que el ruido mediático los hizo abstenerse, porque jamás llegaron. Reitero que el ente acusador parece moverse entre la mala fe y la incompetencia.

Otro caso de “orden de inspección” y registro con personal de la Fiscalía se dio en contra de Noticias Uno. ¿Estos casos trazan una línea de conducta oficial, restrictiva de la libertad de prensa o puede deberse a decisiones inconsultas de unos fiscales locales?

Me guío por los hechos. El oficio venía de una de las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema cuyo coordinador es Gabriel Jaimes. Al poco tiempo de la posesión de Francisco Barbosa, Ramiro Bejarano hizo público un mensaje que envió Jaimes a sus fiscales subalternos, vulnerando su independencia, en que les ordenaba que le informaran sobre cualquier procedimiento que fueran a ejecutar para ponerlo en conocimiento del fiscal general. No puede uno sino concluir que estas “jugaditas” de intimidación se consultan con los jefes. Y, por supuesto, estos casos trazan una línea de conducta. Que se sepa, las órdenes de inspección solo han llegado a medios que hemos sido críticos de la gestión del fiscal, nunca a sus medios amigos.

¿Existe el acoso judicial en contra de medios y periodistas en Colombia?

Claro que existe y se manifiesta en diferentes formas. Por un lado, hay episodios de acoso judicial manifiesto y sin disimulo por parte la Fiscalía, como en este caso. Por otro, hay grupos de poder con baterías portentosas de abogados quienes, con frecuencia, son amigos de quienes imparten justicia. Ellos descargan toda su fuerza con millonarias demandas contra los periodistas que se atrevan a cuestionarlos. Y, finalmente, se encuentra la detestable práctica de imponer la versión oficial por vía de la relación transaccional entre las cabezas de los entes de control y un sector de la prensa: yo le doy las chivas y usted protege mis intereses. No calculan el daño que le hacen a la democracia y a la libertad de prensa.

Yohir Akerman, columnista: “La ley está conmigo, pero la Fiscalía no”

En su condición de periodista de opinión y en audiencia judicial citada para el 5 de agosto, usted sería acusado por un fiscal por los delitos de injuria y calumnia. ¿Quién lo denunció y por qué?

Tengo todavía la esperanza de que la justicia actúe en el marco constitucional y no se me acuse en la audiencia citada. Con los abogados de la organización para la libertad de expresión El Veinte, que me están representando, hemos pedido el archivo. La ley está conmigo, pero la Fiscalía no. Este caso parece más político que jurídico: el expresidente Uribe Vélez interpuso una querella en mi contra con el argumento de que incurrí en los delitos de injuria y calumnia cuando publiqué una columna en El Espectador titulada “Hechos”, el 17 de mayo del 2020. Allí —como dice el título— relaté unos hechos sobre el polémico escándalo de Agro Ingreso Seguro, de acuerdo con los cuales se le otorgaron subsidios de ese programa oficial a una hacienda del exmandatario. El Decreto 732 de 2008 fue firmado por el entonces presidente Álvaro Uribe y su ministro Andrés Felipe Arias le concedió esa ayuda a la Agropecuaria El Ubérrimo SAS para construir sus sistemas de riego.

¿Cuáles soportes documentales tiene para sostener su afirmación de que el presidente de la época fue beneficiario del programa de subsidios de su propio gobierno?

Mi columna se sustenta en documentos y evidencias que no la hacen susceptible de ser perseguida judicialmente. Esos soportes se encuentran a disposición de la Fiscalía y de la opinión pública. El expresidente puede tener sus propias opiniones sobre ese escándalo, puede repetir que todos los involucrados son inocentes y que son víctimas de persecución política. Pero no puede pretender instrumentalizar la justicia para reescribir la historia y tratar de cambiar los sustentos fácticos. ¿Cuáles son los documentos? El primero es el Decreto 732 de 2008, que ya le mencioné y fue firmado por el presidente y por su ministro Arias, condenado después. Ese decreto declara la localidad de Mocarí (en zona rural cerca de Montería) como uno de los once distritos de riego de importancia estratégica en Colombia.

¿Hay otros documentos que refuercen su columna?

Sí. El segundo es un informe de la Contraloría General sobre las labores del Incoder en varios distritos de riego, entre estos, el de Mocarí. En ese informe se hace mención de los propietarios de “las mayores áreas de terrenos beneficiadas con la infraestructura de los distritos de Mocarí y La Doctrina”. Un cuadro muestra la identidad de uno de los más grandes propietarios de la zona: Álvaro Uribe Vélez. Ese mismo documento trae otro cuadro que indica que, en esa región, también tienen propiedades Jerónimo Uribe, Tomás Uribe y Lina Moreno de Uribe. Y agrega que trece fincas de los Uribe Moreno, en el área de Mocarí, son beneficiarias de las obras del distrito de Mocarí. Ahí están las pruebas.

¿Cree que hay un interés inusitado del fiscal de su caso para mover la justicia en su contra, como se ha sostenido?

Parece muy extraño que la Fiscalía funcione tan rápido para unos expedientes y tan lento para otros. Lo más raro es que esa entidad, que ha sido criticada y denunciada por mí en múltiples ocasiones y columnas, ponga mi caso en un carril superrápido. Y que, en otros procesos como los que enfrenta mi querellante, el expresidente Uribe Vélez, por ejemplo, por manipulación de testigos, actúe con lentitud y, peor aún, que lo haga como si fuera su defensora de oficio. No lo sostengo yo; lo sostienen la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y otras organizaciones internaciones de protección de periodistas: este es un caso anómalo y un mecanismo de intimidación a la libertad de prensa y opinión.

¿Es cierto que existen antecedentes de hostigamiento del expresidente hacia usted?

Muchos. El expresidente me ha denunciado penalmente en varias ocasiones. Y no solo me ha hostigado en el campo judicial, sino que también lo ha hecho, con calumnias, en escenarios públicos. En los años 2016 y 2017 me estigmatizó con injurias en la plataforma de Twitter, cuando afirmó que yo era un militante del Eln que buscaba notoriedad a costa de su honra. Me llamó “amiguito del Eln” y “guerrillero desteñido”. Quien tenía que haber denunciado esos ataques que pusieron en riesgo mi integridad debí ser yo. Ahora el expresidente ha escalado sus enfrentamientos contra mis denuncias e intenta dirimir sus diferencias haciendo mal uso del aparato judicial. Que la Fiscalía se preste para esto es una vergüenza.

Usted no vive en Colombia ¿Vendrá al juicio, pese a enfrentarse a un enemigo tan poderoso?

No vivo en Colombia por razones de mi trabajo y de seguridad que me obligan a estar en el exterior. Pero, por supuesto, siempre estaré listo a ponerle la cara al proceso judicial en todas sus etapas, aunque tengo serias dudas sobre la imparcialidad de la Fiscalía. Ahora bien, confío en la solidez de la evidencia que respalda mi columna, en la valentía de mis abogados de la organización El Veinte y en la imparcialidad de los jueces.