El actor Juan Pablo Posada fue llamado a imputación de cargos por la Fiscalía por los delitos de interés indebido de contratos y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Posada era el representante legal de la empresa Green Patcher Colombia SAS. La diligencia se llevará a cabo este martes 10 de abril a las 12 del mediodía en los juzgados de Paloquemao.
Los hechos se habrían dado tras la firma de un contrato por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial, de la administración de Gustavo Petro, con Green Patcher Colombia por $11.800 millones, para usar la técnica de vehículos que inyectan una mezcla fría de asfalto en los huecos, haciendo que quedaran listos en un tiempo de 15 minutos. En el último día de 2013 el alcalde Gustavo Petro anunció que el Distrito emplearía esta nueva tecnología para tapar 220.000 huecos en ocho meses.
La contratación fue criticada desde un principio. Uno de los primero contradictores fue el concejal Jairo Cardozo, del Movimiento MIRA, que dijo en enero de 2014 que el contrato por $11.800 millones se había puesto en manos de una “empresa de papel” y “sin ninguna experiencia en el área de obras civiles, para realizar el parcheo de las vías en mal estado de la capital mediante la aplicación de la tecnología por inyección a presión neumática”.
(En contexto: Imputan cargos a Juan Pablo Posada por escándalo de máquina tapahuecos)
El Espectador contactó a Posada en ese momento, quien explicó que efectivamente él sí hizo los trámites para abrir la empresa desde mayo de 2013, pero cuando llegaron las máquinas que se importaron desde Inglaterra, inmediatamente se hizo el cambio de accionistas y quedó constituida por Green Patcher Latinoamérica y Velocity (del Reino Unido) y él salió de la empresa.
Por este contrato la Procuraduría también formuló pliego de cargos contra la exdirectora de la UMV, María Gilma Gómez. Los motivos de la formulación de cargos a Gómez y otras dos funcionarias de la entidad por parte de la Procuraduría tienen que ver con la manera directa como se adjudicó el contrato el 26 de diciembre de 2013, bajo la modalidad de “ciencia y tecnología”. Para el Ministerio Público, se trataba de un “típico contrato de obra y requería inminentemente de un proceso de licitación pública”.
Por Redacción Judicial
